Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acusó que no pudo resolver el caso Iguala por una campaña de desprestigio, cerrazón e intimidación en su contra por parte del gobierno mexicano.

En entrevista con el diario estadunidense The New York Times, los investigadores aseguraron que su investigación fue obstaculizada debido a que las autoridades se negaron a entregarles documentos oficiales y a conceder entrevistas.

"Las condiciones para realizar nuestro trabajo no existen (...) Prueba de ello es que el gobierno se opuso a una prórroga en nuestro mandato, ¿no es eso cierto?", acusó Claudia Paz y Paz, una de las integrantes del GIEI.

Cuatro de los cinco expertos que dieron entrevista al diario estadounidense aseguraron que la presión contra ellos debilitó las promesas hechas por el gobierno mexicano para ayudar a resolver qué fue lo que pasó con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Los investigadores aseguraron que se irán del país aunque su trabajo esté lejos de lo que ellos consideran completo.

"Es algo que tal vez nos persiga de por vida. Pero no tendría sentido quedarse aquí, porque en cierto modo sería darle legitimidad a algo que en el fondo sabes no está bien", aseguró el chileno Francisco Cox.

Carlos Beristáin, otro de los expertos, dijo que la investigación de la Procuraduría General de la República se ha enfocado en mantener a nivel municipal a los responsables de la desaparición de los estudiantes, sin embargo, defendió que fue el GIEI el que dio a conocer que en los hechos ocurridos en septiembre de 2014 estuvieron involucrados policías estatales y federales.

Los expertos aseguraron que cuando llegaron a México, por petición del propio gobierno, recibieron una cálida bienvenida por parte de las autoridades.

En un primer momento, dijeron, había voluntad de compartir documentos y responder a las solicitudes de información, sin embargo, esto cambió en septiembre de 2015 con la publicación de un informe que contradecía la versión de la PGR, la cual aseguraba que los estudiantes habían sido asesinados y después quemados en el basurero de Cocula.

"Después de nuestro informe fue muy claro que la relación había cambiado. Ellos (PGR) aún creen que habríamos tenido que sostener su versión de los hechos", aseguró Cox.

Acusaron que después de este informe las solicitudes de información tardaron meses en ser respondidas, que sus recomendaciones sobre cómo investigar el caso fueron ignoradas y empezó una campaña de desprestigio en su contra.

"Hay sectores dentro del gobierno que no quieren que ciertas cosas sean cuestionadas y por lo tanto, hay un intento de reforzar la llamada 'verdad histórica' sin tomar en cuenta los nuevos elementos que nosotros brindamos a la investigación (...) Estos sectores nos veían como una amenaza y endurecían la percepción que tenían de nosotros, lo que refuerza la impunidad que impide que las cosas cambien en este país", aseguró Beristáin.

El GIEI presentará hoy su reporte final sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a una semana del fin de su mandato en el país, luego de que el gobierno determinó que no ampliaría el plazo de su estancia en México.