Cártel de Jalisco recluta a expolicías como sicarios

Mediante una empresa de seguridad privada enrolan a los interesados en los municipios de Tlaquepaque y Puerto Vallarta.

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El fiscal General del Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, enseñó durante la conferencia de prensa los volantes en donde solicitan a los interesados. (@ealmaguerr)
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Jorge Martínez/Milenio
GUADALAJARA, Jalisco.- El Cártel Jalisco Nueva Generación creó una empresa de seguridad privada para reclutar a ciudadanos como vendedores de droga y sicarios, dijo el fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal explicó que la empresa operaba bajo el nombre "Segmex", en los municipios de Tlaquepaque y Puerto Vallarta, desde hace aproximadamente un mes.

La organización criminal liderada por Nemesio Oseguera, 'El Mancho', repartía en las calles volantes donde anunciaba la oferta de trabajo como escolta o de agente de seguridad privada, con un pago semanal de tres mil pesos, pero el sueldo podía aumentar si el interesado era expolicía.

Cuando la persona ya era reclutada, la trasladaban a un predio ubicado al interior del estado, donde era capacitada en el manejo de armas de fuego durante diez días.

El fiscal dijo que el pasado fin de semana se detuvo a 13 personas relacionadas con estos hechos, en dos operativos distintos realizados en los municipios de Lagos de Moreno y San Juan de Los Lagos. Los detenidos están bajo investigación en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Los detenidos fueron identificados como Johana Mary Hernández, ciudadana americana que vivía en el municipio de Puerto Vallarta y se encargada de reclutar a las personas; Rafael Gómez Vázquez; Héctor Lorenzo Domínguez Pérez y Lorenzo Antonio Gaytán de la Cruz.

Además de José Alfredo Gómez Molina; Orlando Nuñez Peña; Christian Alonso Hernández Amaral; Juan Miguel Robles Robles; Leonardo Jesús Domiguez; Yésica Guadalupe Rivera y Maura Joana Moreno Dávalos.

Se presume que estos sujetos trabajaban bajo las órdenes de un presupuesto delincuente apodado 'El Sapo', que operaba en el municipio de Puerto Vallarta, y que estaría relacionado con el ataque a los militares en el municipio de Guachinango.

También fue rescatada una persona que estaba privada de su libertad y para liberarla el grupo criminal exigía el pago de un millón de pesos.

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