Braulio Carbajal/Milenio
MÉXICO, D.F.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014 presentado por el gobierno propone aumentar 16 por ciento el monto destinado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para la prevención del lavado de dinero.

De acuerdo con el documento, se establece que la unidad que depende de la Secretaría de Hacienda recibirá 221 millones 865 mil pesos para tal fin; es decir, 29 millones 925 mil pesos más respecto a los 191 millones 940 mil que se le asignaron este año.

La unidad encargada de la detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero, identificó durante el primer semestre 31 mil 443 operaciones inusuales, 24 por ciento más que las 23 mil 923 detectadas en mismo periodo de 2012.

Asimismo, entre 2007 y 2012 reportó el ingreso de más de 780 millones de pesos de origen ilícito al sistema financiero nacional.

La iniciativa detalla que los recursos serán utilizados para dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la realización de delitos con dinero de dudosa procedencia.

El pasado 17 de julio entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual obliga a los intermediarios de actividades vulnerables a comprobar la identidad de sus clientes, a solicitar información sobre su fuente de ingresos y a guardarla y protegerla durante al menos cinco años.

De igual forma, los datos deberán ser reportados constantemente a Hacienda, quien en caso de detectar alguna actividad inusual podrá realizar una investigación.

Por otro lado, el gobierno federal pretende incrementar el presupuesto asignado a la UIF, con el propósito de implementar modelos económicos que permitan analizar todas las transacciones que estén posiblemente relacionadas con delitos de blanqueo de recursos.

También, explica el documento, se requiere desarrollar sistemas tecnológicos e infraestructura para lograr una recepción correcta de la información enviada por personas que realicen actividades vulnerables.

La ley contra el lavado de dinero precisa como actividades vulnerables las relacionadas con la construcción, el desarrollo y la compraventa de bienes inmuebles; la adquisición de vehículos marinos, aéreos y terrestres, y la comercialización con obras de arte, metales, joyas o relojes.

El Presupuesto de Egresos de la Federación señala que pretende diseñar programas y proyectos en conjunto con el sector privado, con el objetivo de mejorar la calidad de la información que envía el gobierno.

Asimismo, tiene previsto crear grupos intergubernamentales que identifiquen las vulnerabilidades y amenazas a las que se encuentra expuesto el sistema financiero en el tema de lavado de dinero.

De igual forma, la iniciativa de Enrique Peña Nieto pretende mantener el posicionamiento global que tiene México dentro de los diversos foros internacionales que existen en materia de prevención y combate al blanqueo de recursos, así como del financiamiento al terrorismo.

En este sentido, busca participar en la negociación de los anteproyectos de convenios, acuerdos y tratados internacionales, así como realizar gestiones con organismo extranjeros, a fin de concretar la suscripción de los proyectos de entendimiento que se encuentran en negociación.

Además, destaca la importancia de lograr un mayor porcentaje de efectividad en la resolución de casos de personas presentadas a la autoridad, por ser sospechosas de realizar prácticas financieras indebidas.

Paralelamente, informa que se intensificarán las acciones y campañas de difusión sobre el contenido e implicaciones que contienen la ley antiblanqueo de dinero, esto por medio de internet, medios impresos y la realización de talleres educativos.

Asimismo, prevé capacitar y desarrollar de forma profesional al personal que se encarga de atender los procesos de recepción, análisis y diseminación de la información que se genera en los reportes de las entidades financieras.

Reglamento

◘ El 16 de agosto, la Secretaría de Hacienda dio a conocer el reglamento de la ley antilavado de dinero; en él se establece que tanto ésta como el Servicio de Administración Tributaria están facultados para solicitar información a las personas que realicen actividades vulnerables.

◘ Al ser solicitada la información, las autoridades darán 10 días como máximo para entregarla, de lo contrario se procede a la sanción; sin embargo, si los datos presentados son insuficientes, el SAT otorgará cinco días para su corrección.

◘ Estas disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del próximo 31 de octubre.