Agencias
MÉXICO, D.F.- El Instituto Federal Electoral hará la parte que le corresponde para que el Pacto por México quede blindado de los procesos electorales, aseguró el Consejero Presidente, Leonardo Valdés Zurita.

Al anunciar una investigación interna para determinar si hay o no personal del instituto involucrado en la estrategia de compra del voto que denunció el Partido Acción Nacional (PAN), destacó la importancia de que fructifiquen los acuerdos contenidos en el Pacto.

Advirtió que ahí se prevén asuntos de interés para el IFE como máxima autoridad electoral, como una nueva Ley General de Partidos y una nueva Ley Nacional Electoral, que permitirán "una consolidación de nuestra vida democrática", según publicó Notimex.

Al término de su participación en el Seminario Internacional Balance de Derechos Políticos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, el Consejero Presidente del IFE se pronunció por endurecer el Código Penal para verdaderamente castigar e inhibir la compra y coacción del voto.

"Existen obstáculos que necesitamos vencer para alcanzar una democracia incluyente": Valdés Zurita

Hizo ver que es una tentación universal, no privativa de México, el querer utilizar los programas sociales y los recursos públicos con fines electorales, y aun cuando estas conductas ya están tipificadas como delitos, hace falta precisarlas más.

También se refirió a la denuncia específica del PAN en la que presuntamente personal del IFE estaría involucrado en una trama para promover la compra del voto y facilitar el registro de ciudadanos en determinados distritos, y refrendó su disposición de colaborar con la Procuraduría General de la República, donde se radicó la denuncia.

Pero al margen de ello, desde hace varios años y de manera rutinaria el IFE pone en marcha mecanismos de vigilancia para evitar conductas asociadas a las posibilidades de compra o coacción del voto, y a "migraciones atípicas de votantes que van de un estado a otro o de un municipio a otro".

Desde 2008 se iniciaron trabajos de supervisión en esa materia y precisamente en Veracruz, en 2010, se impidieron cambios de domicilio para que no se afectara la legalidad del proceso electoral local, recordó.

De acuerdo con el material difundido por el PAN, serían tres módulos del IFE en el municipio de Boca del Río implicados en actividades irregulares.

"Si encontramos que hay algo qué investigar o alguna conducta atípica lo vamos a hacer, y si de eso se deriva el inicio de procedimientos sancionadores también lo vamos a iniciar", advirtió.

Aseguró que ya se está haciendo trabajo de campo para verificar más de mil 100 cambios de domicilio, y aunque hasta el momento no han detectado ninguna irregularidad se continua la investigación y, de ser el caso, se iniciarán los procedimientos sancionadores que correspondan.

Antes, durante su participación en el Seminario, el Consejero Presidente destacó que el Instituto es un espacio ciudadano en donde se promueve la igualdad, la inclusión y la no discriminación como principios de convivencia y de formación de ciudadanos en la democracia.

Advirtió que para consolidar un auténtico Estado democrático de derecho se requiere erradicar la discriminación de los espacios de convivencia y respaldar el ejercicio de una ciudadanía más democrática.

Precisó que más allá de los efectos y las particularidades que genera la aplicación general de la ley, se necesita mantener la promoción de políticas públicas que reconozcan diferencias y propicien la igualdad de oportunidades para las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los indígenas y los migrantes.

"Existen obstáculos que necesitamos vencer para alcanzar una democracia incluyente y de calidad", resaltó Valdés Zurita.

Protección de derechos

En tanto, el Magistrado Presidente del TEPJF, José Alejandro Luna Ramos, aseguró que la sociedad está obligada a preservar las condiciones que permitan establecer las vías idóneas para lograr la participación de todo individuo en los diversos sectores de la vida de la nación.

"Tanto nuestra sociedad como nuestras instituciones tienen el deber, no sólo de desarrollar acciones, planes y programas de protección de los derechos políticos, sino también la obligación de traducirlos en realidad efectivamente vivida y cotidiana", dijo el magistrado.

Luna Ramos señaló que el organismo jurisdiccional que preside ya ha puesto en marcha acciones para promover la protección de los derechos político electorales de las personas con discapacidad, como es la publicación en sistema braille del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

También, la implementación de un sistema de accesibilidad en su portal de internet para uso de estos grupos vulnerables.

El magistrado Presidente afirmó que mediante sus sentencias, el TEPJF ha maximizado los derechos de la sociedad y en particular de quienes se encuentran en situación vulnerable, como los jóvenes, las mujeres y las comunidades indígenas.