24 de Septiembre de 2018

México

Harán justicia a mujeres violadas por militares... tres años después

El Estado acatará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de las indígenas me'phaa Valentina Rosendo e Inés Fernández.

Valentina Rosendo Cantú, quien fue abusada sexualmente por militares en 2002. (Archivo/SIPSE)
Valentina Rosendo Cantú, quien fue abusada sexualmente por militares en 2002. (Archivo/SIPSE)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Tres años después, el Estado mexicano acatará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y cumplirá las medidas de reparación del daño ordenadas en los casos de las indígenas me'phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

La Secretaría de Gobernación informó que el Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, aprobó la apertura de subcuentas para el otorgamiento de becas escolares e indemnizaciones para los hijos de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, luego de que el 1 de octubre de 2010 la CoIDH determinó que ambas habían sido víctimas de violencia por parte de elementos del Ejército.

Valentina Rosendo Cantú alega haber sido violada y torturada por militares en el estado de Guerrero en el 2002, informaron organizaciones civiles que la representan, de acuerdo con Milenio.

Inés Fernández Ortega también denunció que militares la torturaron y violaron un mes después de lo sucedido a Rosendo.

Las indígenas han dicho que no han tenido acceso a la justicia, además de que no han sido castigados los responsables.

Violencia institucional

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la sentencia de la CoIDH establece que ambas mujeres fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en Guerrero "en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó violencia institucional castrense".

A través de un comunicado informó que México cumple cabalmente con la reparación del daño con el otorgamiento de dichas becas e indemnizaciones, como medidas de protección a los derechos humanos dictadas por la CoIDH y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De esta forma, de acuerdo con lo divulgado por Gobernación, se refrenda el compromiso del Estado mexicano de cumplir integralmente las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de continuar impulsando una política de Estado en la materia.

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