Igancio Alzaga/Milenio
MÉXICO, D.F.- Son 16 héroes “anónimos” cuyos nombres están reservados por las circunstancias que rodean la lucha contra la delincuencia organizada y para proteger a sus familias de posibles represalias de criminales, como llegó a ocurrir el sexenio anterior.

Se trata de efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea que recibieron ascensos post mórtem y que fallecieron en actos “excepcionalmente meritorios”; sin embargo, la ley prohíbe revelar su identidad.

Los reconocimientos se han entregado a partir de noviembre de 2012, recta final de la administración calderonista, en la que murieron más de 350 militares por diversas causas en la aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Secretaría de la Defensa Nacional reveló que las promociones al grado inmediato superior de estos 16 militares fueron valoradas de entre 801 expedientes que se han abierto desde enero de 2012, y en los que se demostraron acciones de heroísmo.

De acuerdo con un informe del instituto armado obtenido por MILENIO a través de transparencia, se otorgaron reconocimientos a 15 militares que murieron durante operaciones contra el narcotráfico.Otro más cuando intentó salvar la vida de un compañero durante un incendio forestal en adiestramiento, en el que finalmente el fuego lo mató.

El sexenio pasado, el presidente Felipe Calderón envió al Poder Legislativo una iniciativa para otorgar ascensos post mórtem a miembros de las fuerzas armadas que hayan fallecido en hazañas heroicas.

Después de una serie de análisis, el 16 de enero de 2012 se constituyó la Mesa de Ascensos Post mórtem, “la cual tiene como finalidad la recopilación de la documentación necesaria para la integración de los expedientes que serán sometidos a análisis”, indicó la Defensa Nacional.

Familiares de soldados, cabos, sargentos, capitanes y tenientes han sido beneficiados económica y moralmente con el incremento de las pensiones tras la muerte de los militares.

El 1 de noviembre de 2012 se otorgaron los primeros ascensos a dos soldados de infantería, un cabo, dos sargentos —primero y segundo—, un teniente de artillería, un capitán de infantería y un coronel.

Estaban adscritos a zonas militares que se ubican en el Distrito Federal, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

El 16 de agosto de 2014, la Sedena concedió las promociones post mórtem a un capitán segundo, dos sargentos, un cabo y tres soldados.

La más reciente distinción fue para un teniente piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, el 16 de septiembre de 2014, asignado a la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México.

Quince murieron en misiones contra la delincuencia organizada y estos últimos estaban adscritos a zonas militares ubicadas en Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Estado de México y Oaxaca.

“Las causales que los hicieron acreedores al ascenso post mórtem se registraron por haber acreditado circunstancias extraordinarias en la acción que conllevó a su deceso”, precisó la Sedena.

Los nombres de los militares premiados por actos de heroísmo se encuentran clasificados como información reservada de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia.

En diciembre de 2009, marinos abatieron en un enfrentamiento en Cuernavaca, Morelos, a Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. Días después, sus sicarios llegaron hasta Paraíso, Tabasco, donde mataron a la madre y familiares de Melquisedec Angulo Córdova, miembro del cuerpo de élite de la Armada, fallecido en el operativo que terminó con la vida del capo.

Desde entonces, los nombres de los integrantes de las fuerzas armadas fallecidos en la lucha antinarco son mantenidos en reserva.

“Otorgar el ascenso post mórtem a los militares que pierden la vida en actos del servicio, como consecuencia de actos excepcionalmente meritorios, dio como principal resultado la obtención de beneficios para sus familias, así como elevar la moral del personal militar, además de que aseguran las prestaciones de sus descendientes en línea directa”, destacó la Sedena.

Estos ejemplos contrastan con el juicio que se sigue en los fueros de guerra y federal a militares que abatieron a 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio pasado.