12 de Diciembre de 2017

México

Historias de injusticias del sistema penitenciario

El 40% de los reos en México no está sentenciado. Según especialistas, se ha privilegiado la parte represiva de la reforma al sistema penal acusatorio.

Sandra López Corona, madre de Víctor y Jhovany, perdió su trabajo por asistir cada 15 días a las audiencias del caso de sus hijos. (Agencia Reforma)
Sandra López Corona, madre de Víctor y Jhovany, perdió su trabajo por asistir cada 15 días a las audiencias del caso de sus hijos. (Agencia Reforma)
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Jésica Zermeño/Agencia Reforma
MÉXICO, D.F.- Raúl Batres Campos vive todos los días una historia de terror en el Centro Federal de Readaptación Social Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.

Ingresó al penal de Perote -como se le conoce comúnmente- el 15 de septiembre de 2009, tras ser detenido el 25 de junio de ese año en Pachuca, Hidalgo, donde se desempeñaba como jefe regional de la Agencia Federal de Investigación, hoy Policía Ministerial Federal.

Él fue uno de los 214 policías federales, estatales, municipales y ministeriales detenidos por la Policía Federal en 2009 en esa entidad, tras varios operativos. De acuerdo con las autoridades, cuatro testigos protegidos (Caleb, Pitufo, Rufino y El Oso) acusan a los detenidos de recibir dinero de Los Zetas.

Hoy, tres años después, apenas ocho policías han salido libres. Los otros 206 están desperdigados en penales de Veracruz, Tabasco, Morelos y el Estado de México, y su caso ha avanzado muy lento porque varios juzgados se han declarado incompetentes para verlo.

Para especialistas en derechos humanos, el caso de los policías de Hidalgo evidencia las irregularidades que marcaron el sistema de justicia en este sexenio: detenciones ilegales sin orden de aprehensión; fabricación de casos con el arraigo y con testigos protegidos; tortura para la obtención de confesiones y jueces que no hacen nada al respecto; alejamiento de internos de sus familias; dilación en los juicios... Irregularidades que se hicieron casi regla en los casos relacionados con delincuencia organizada.

Según la PGR, los testigos protegidos que acusan a Raúl Batres y sus compañeros tienen una memoria prodigiosa.

Caleb logró identificar en su declaración a más de 200 elementos relacionados con Los Zetas por nombre, clave, puesto, ropas que usaban y hasta por armas que portaban.

El Oso, un ex policía municipal de Pachuca, logró identificar también 214 policías de distintas corporaciones viendo fotografías oficiales. Sin embargo, El Oso ha declarado en 12 ocasiones, y en la mitad de ellas ha dicho que fue torturado para señalar a uniformados.

Silvia Vázquez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y quien ayuda en la defensa de ocho agentes -uno de ellos Batres Campos- califica como una calamidad el uso excesivo de testigos protegidos en este sexenio.

"Todo el caso está sostenido por testigos protegidos a los que ni siquiera han visto, a pesar de que los abogados han hecho valer los recursos jurídicos. Ya están en un proceso y podrían carearse con los testigos, y los careos han sido negados. Los testigos son invencibles. Hasta a los abogados les da miedo, porque pueden acusarte a ti, nada más necesitan señalarte, sin ninguna prueba... Son intocables", asegura la defensora de derechos humanos.

La forma en que detuvieron a Batres fue muy usada por las fuerzas federales de seguridad en este sexenio. Sus superiores le ordenaron que se encargara de resguardar un edificio, pues se les realizaría una revisión de armas a policías de varias corporaciones hidalguenses, el 24 de junio de 2009. Así lo hizo. Ese día la Policía Federal no dejó en libertad a ninguno de los policías que se presentaron. Un día después fueron por él y por otros más. Todos fueron trasladados al Centro de Investigaciones Federales de la PGR, en la colonia Doctores.

Testigos de la detención aseguran que la Policía Federal ni siquiera llevaba una lista de sospechosos. La hicieron en la Ciudad de México, cuando ingresaron al centro de arraigos. Las esposas de los detenidos cuentan que hasta los de intendencia estaban levantando actas, pues por ley la autoridad cuenta sólo con 48 horas después de una detención para solicitar un arraigo. Eran muchos policías.

Los detenidos permanecieron incomunicados durante 10 días. Después, tras un arraigo ampliado, a Batres y a otros les tocó ser enviados al penal de Perote.

Desde el traslado empezó el infierno. Policías federales y militares los golpearon. Cuando llegaron al penal los custodios les dijeron que recibirían trato especial. Y lo tuvieron: recibieron golpes constantes en la cabeza y baños de agua helada en la madrugada, sus alimentos -a veces descompuestos- eran servidos en el piso, y ellos eran obligados a comer de rodillas. Algunos fueron agredidos sexualmente.

Para el ex agente de la AFI todo ha sido peor por su historial de salud. Raúl desde niño sufre epilepsia y, según sus abogados, desde que ingresó al penal nunca ha sido medicado adecuadamente. Cada vez que le daba una crisis, la doctora del centro de readaptación le daba pinchazos con una aguja en el tórax, "para que no se esté haciendo".

Su esposa, desesperada de ver a su marido darse de golpes contra el vidrio del locutorio en las visitas, de que ya no pudiera ni siquiera mantener una conversación por su precario estado mental, solicitó un amparo para trasladarlo a otro centro de reclusión.

El amparo fue ganado y Batres fue enviado el 20 de agosto de 2010 al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, cuando tuvo una crisis epiléptica y ya no volvió en sí. En este centro están recluidos internos que requieren atención médica especial. Ahí le dieron ansiolíticos, antidepresivos y anticonvulsionantes, y se enteró que lo habían contagiado de Hepatitis C en el penal.

En el Ceferepsi lo estabilizaron, pero cuando apenas empezaba a demostrar mejoría fue regresado a Villa Aldama, el 12 de marzo de 2011. Después, el juez que aprobó el amparo dijo que no había más que hacer.

Pero los malos tratos en Perote continuaron. La defensa siguió presionando para cambiar su situación. Envió en enero pasado un informe sobre su situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con ello logró que la PGR abriera una averiguación previa por malos tratos y que le aplicaran el Protocolo de Estambul, para identificar si había recibido o no tortura. El resultado, un nuevo diagnóstico, oscuro: esquizofrenia.

"Él era una persona epiléptica, que toda su vida tomó medicamento. Hoy es esquizofrénico, no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo estableció el Protocolo de Estambul que le practicaron. Está así gracias a la tortura, a la falta de medicamento, a todo el daño que le han generado. Hay días que le dan el medicamento, otros no. Tiene prescritos 10 medicamentos. Y en las reuniones que hemos tenido las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública nos siguen mintiendo y diciendo que lo están tratando bien.

"Hoy está aislado. Lleva más de un año en el centro de observación del reclusorio. No ve a nadie, salvo cuando hay visitas. Ha tenido varios intentos de suicidio. Y las autoridades no hacen nada", dice Silvia Vázquez.

Para la abogada, el caso de Batres es un caso ejemplar de cómo el gobierno federal ha abusado del arraigo. Este instrumento jurídico fue incluido en la Constitución tras la reforma en materia penal en 2008, para casos de delincuencia organizada. Sin embargo, un artículo transitorio de la reforma permite que sea aplicado para otros casos mientras se implementa el sistema de juicios orales, la parte luminosa de la reforma penal.

Según cifras de la PGR, entre 2008 y mayo de 2012 han pasado por el Centro de Investigación Federal 7 mil 775 arraigados, el 90 por ciento hombres. Según estimaciones de la Comisión Mexicana, en donde trabaja Silvia, 9 de cada 10 arraigados fueron consignados, pero sólo el 3.2 por ciento recibió una sentencia condenatoria.

Además, representantes de derechos humanos ante el Comité contra la Tortura de la ONU reportaron en octubre pasado que la tortura es un modus operandi de las policías y las Fuerzas Armadas en México.

"La creación de penales de máxima seguridad que presentó Genaro García Luna es la cereza del pastel de esta aplicación de arraigos y de uso de testigos protegidos, no la justicia. Este sexenio fue el de no acceso a la justicia y de una total impunidad. Ni se te resuelve el proceso como víctima de tortura ni tu caso como procesado avanza. ¿Tres años para que te digan si eres culpable o inocente? Eso no es justicia".

El pasado 31 de octubre, Raúl ganó una importante batalla jurídica: obtuvo un amparo, con lo que le podrán reponer el proceso penal y conocer a sus acusadores. Pero su esposa no está feliz, porque sabe que serán otros tres años de proceso, y nada garantiza la justicia.

Sistema viciado

Guillermo Zepeda, investigador del ITESO y experto en estadística penitenciaria, sabe que historias como la del ex comandante Batres se han hecho comunes en este sexenio.

El académico le ha puesto lupa a los resultados del sistema de justicia de 2006 a la fecha y asegura que el gobierno encabezado por Felipe Calderón está ávido de presentar ante los tribunales casos sólidos de delincuencia organizada, pues a pesar de que su bandera ha sido la detención de grandes capos del crimen organizado -han sido detenidos o abatidos 25 de los 37 más peligrosos del país-, las cárceles se llenaron de los de siempre: detenidos con crímenes menores como posesión de narcóticos.

"Lo que ha sucedido es un incremento notable en el número de detenciones a nivel federal. Se anuncian algunos éxitos en el tema del aseguramiento de capos muy buscados. Y los detenidos en el fuero federal se han multiplicado: pasaron de 31 mil 442 en 2006 a 42 mil 289 en 2011, es decir, aumentaron en 42 por ciento las detenciones por delitos federales, pero lo lamentable es que otra vez vuelven a ser grandes números basados en una sobrecriminalización de delitos menores", dice Zepeda.

El también director de la asociación Jurimetría, formada por académicos especializados en seguridad y justicia, sostiene que el mejor índice para ver el nivel de las detenciones es revisar las sentencias que se han dictado en este sexenio.

De acuerdo con el informe mensual de noviembre de Jurimetría, basado en los datos de estadística judicial proporcionados por el Inegi, se observa que mientras en el 2006 el 1 por ciento de las condenas fue de más de 17 años (266 casos), para 2010 -el último año del que se tienen estas cifras- este porcentaje cayó a 0.8 por ciento, con sentencias de este tipo a 283 personas. El incremento es mínimo, a pesar del crecimiento de la población penitenciaria y la apuesta por las grandes detenciones.

En cambio, las detenciones que culminaron en sentencias por menos de un año se multiplicaron. Mientras que en 2006 fueron 4 mil 330, para 2010 fueron 11 mil 735, es decir, un incremento de 171 por ciento en cuatro años.

Zepeda asegura que la urgencia de generar casos sólidos es porque aunque han crecido considerablemente las detenciones, en más de 40 por ciento, pero las condenas crecieron sólo en 27.9 por ciento. Pasaron de 29 mil 300 en 2006 a 37 mil 481 en 2010.

Y acusar de delincuencia organizada es la vía subsidiada para alcanzar una sentencia de más de un año y mejorar el porcentaje de sentenciados, dice el investigador.

"Mueven geográficamente a los internos que acusan de delincuencia organizada como un incentivo para que no se amparen o sus amparos no tengan eficacia. Con detener a tres personas juntas ellos ya pueden armar un caso de delincuencia organizada. En estos casos se ha permitido hasta la incomunicación, con el arraigo.

"En estos casos es prisión preventiva de oficio. Tantos subsidios a la investigación hacen una vía muy deseable para el Ministerio Público... Por eso la política criminal ha sido tan perfecta este sexenio. Es política y es criminal", asegura.

El experto en estadística dice que en el ámbito federal es muy alta la tasa de condenas. "Hay dos hipótesis: o es muy efectiva la PGR o el Poder Judicial ya está, si no muy amedrentado, muy limitado para absolver".

Amparos negados

Los esfuerzos por parte de autoridades federales para encerrar a acusados de delitos federales fueron constantes, y uno de los penales federales que se llenó de reos en este sexenio fue, precisamente, el de Perote.

Ahí está recluido desde el 10 de octubre de 2010 Fernando Ernesto Villegas Álvarez, de 26 años, acusado de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Y su caso también está lleno de irregularidades.

A Ángeles Álvarez y Fernando Villegas, sus padres, les duele recordar cuántas veces han faltado a los careos los policías federales que detuvieron a su hijo en Acapulco, hace más de dos años.

La última vez que los uniformados se presentaron en los juzgados de Perote fue en febrero. Pero sólo iban tres de los cuatro policías que participaron en la detención, y dos estaban en visible estado de ebriedad. El juez suspendió el careo, y dijo que no había condiciones para realizarlo, recuerda su mamá.

El último careo realizado, en agosto pasado, fue por teleconferencia, para evitar ausencias y suspensiones.

La familia ya no guarda esperanzas de esos encuentros. Para ellos los policías sufren de Alzheimer: han faltado a cinco de los siete careos convocados por el juzgado en Veracruz, y cuando por fin acuden su respuesta es invariablemente la misma a todas las preguntas que los abogados les hacen: "No me acuerdo".

La familia Villegas Álvarez tiene un profundo coraje hacia los aprehensores de su hijo.

Recuerdan que mintieron sobre su detención, pues dijeron que lo habían detenido en una camioneta que viajaba a exceso de velocidad y que transportaba armas, cuando en realidad lo detuvieron en la casa de la esposa de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, jefe de sicarios de los Beltrán Leyva, adonde había sido llevado con engaños y obligado a trabajar en sistemas de cómputo, pues él es ingeniero en sistemas.

Que de esa casa lo trasladaron a un cuartel de la Policía Federal, donde lo obligaron a tocar una granada, para incriminarlo. Que uno de ellos se robó su Mac portátil, con la que hubiera podido comprobar en el juicio el tipo de trabajo que realizaba. Que él era una víctima (Enfoque, 6/feb/2011).

"Cuando me contó mi mamá que dos habían llegado borrachos le dije que así los hubieran careado, a ver si así se acordaban de algo, porque los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no?", dice con tono agrio Sofía Villegas, la hermana mayor de Fernando.

"El municipio de Acapulco ya dijo que la esquina donde dicen los policías que detuvieron a mi hijo no existe. Lo dijeron con un mapa y con un oficio que les pedimos", dice Ángeles.

Además, completa Fernando, la calle donde los detuvieron es empinada, por lo que la camioneta no podría haber ido a exceso de velocidad.

Todos esos argumentos se los han presentado a los jueces, ayudados desde febrero de 2011 por un abogado que les presentó un familiar y que al revisar el caso decidió ayudarlos sin cobrarles. Sin embargo, dos magistrados han rechazado un amparo para que Fernando salga en libertad: argumentaron que es culpable porque cuando se enteró de que trabajaría para narcotraficantes no escapó.

Ángeles y Fernando ven en esta respuesta gran falta de sensibilidad, pues a su parecer los jueces no saben cómo opera el crimen organizado.

Ambos están dolidos por la falta de interés del Poder Judicial en revisar las pruebas a conciencia, por su facilidad para validar los dichos de los policías federales a pesar de las incongruencias. Además, la falta de mecanismos para obligar a los policías a carearse es tal que cuando uno de los aprehensores renunció a la Policía Federal la familia fue la que tuvo que localizarlo como pudo, porque si no el proceso se hubiera alentado todavía más. Investigaron que el agente ahora trabajaba en el IMSS y le dieron esos datos al juez, para que lo llamara.

Se quejan también de que su hijo haya sido detenido en Acapulco y encarcelado en Villa Aldama, pues la distancia ha repercutido en el desarrollo del juicio, y ellos han tenido que viajar religiosamente cada 16 días a Veracruz, algo que les ha ocasionado muchos gastos.

Lo único que les queda es que el amparo, ahora interpuesto en Boca del Río, Veracruz, sea favorable y deje a Fernando en libertad. Mientras, él duerme con otros ocho internos en una celda diseñada para cinco.

Junto con Fernando, otros 25 mil 837 presos por delitos del fuero federal terminarán el sexenio sin una sentencia, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal de julio. La mitad de los presos por delitos federales (51.32 por ciento) no han sido sentenciados.

"Vamos a esperar la resolución del amparo Boca del Río. Si por alguna mala suerte el magistrado de Boca del Río insiste en que es culpable, se va a pedir que lo deslinde de las otras tres personas (con las que fue detenido en la casa de Acapulco) para él cerrar su instrucción y que le dicten sentencia.
"No podemos seguir esperando", dice la mamá de Fernando, "a ellos no les importa que no sea culpable, lo que quieren son cifras. Pareciera que no tratan con humanos".

Policías coludidos

El desastre del sistema judicial no presenta los peores problemas en los penales federales, sino en los estatales, ahí donde llegan los acusados de cometer delitos del fuero común. En esos centros se paga por todo, lo mismo por un lugar para dormir que por un uniforme. Y también los procesos son largos.

Los penales estatales fueron los peor evaluados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación penitenciaria de 2011. En muchos, por el hacinamiento, hay autogobiernos.

La dilación de respuestas en los casos del fuero común es la generalidad, y aunque los reos se encuentran cerca de su hogar muchas familias terminan perdiéndolo todo con tanto pago.

Ése es el caso de Sandra López Corona, quien después de visitar el Penal de Barrientos (Tlalnepantla) un martes de cada quincena durante casi dos años, para estar presente en las audiencias del caso de sus hijos, perdió su trabajo como costurera en un taller de camisas.

Víctor Alfonso López, de 26, y Jhovany Edén Romero López, de 24, fueron detenidos el 21 de enero de 2011 en Ecatepec, acusados de haber secuestrado a su primo, Jonathan Torres, desaparecido el 15 de diciembre de 2010 en Atizapán (Enfoque, 8/may/2011). Son dos de los más de 72 mil presos del fuero común que terminarán el sexenio sin una sentencia.

Su caso también está plagado de irregularidades. Después de haber sido detenidos por judiciales del Estado de México sin orden de aprehensión, torturados hasta confesar que habían sido los secuestradores y presentados como delincuentes ante los medios de comunicación por el entonces procurador mexiquense, Alfredo Castillo, hoy parte del equipo de Enrique Peña Nieto, los jóvenes duermen en la sección de presos sentenciados, aunque no han sido condenados, pues su madre ya no puede pagar para que estén en el grupo de los sin sentencia, donde recibirían un mejor trato y donde, por ley, pertenecen.

Ninguno de los tres jueces que ha visto el caso de los hijos de Sandra acreditó que las confesiones de Víctor y Jhovany fueron sacadas con tortura, algo que automáticamente los dejaría en libertad, pues la Constitución establece que cualquier confesión resultado de intimidación no tiene valor probatorio.

Pero eso no es lo más grave. Desde hace un año Bernardino Torres, el cuñado de Sandra y padre del plagiado, decidió pagarle a un abogado para defender a sus sobrinos, porque está convencido de que no fueron ellos los que secuestraron a Jonathan. Tiene pruebas de ello y se las ha entregado a la autoridad. Nadie le ha hecho caso.

"El día que secuestraron a Jonathan mi otro hijo me dijo que la esposa de Jonathan, había estado muy sospechosa, haciendo llamadas. Mi nuera fue la que nos dijo que la voz del secuestrador era la de mi sobrino Víctor. Yo, con todas las emociones y la desesperación, empecé a sospechar de todo el mundo, tenía mucha presión... Ella me contactó con un policía judicial, que me dijo que cuando quisiera iban por mis sobrinos a su casa. Ahí todavía no detenían a mis sobrinos.

"A partir de ahí empecé a investigar los teléfonos de ella y su familia. Del 18 al 31 de diciembre ya tenía en mi poder todas las sábanas (registros de llamadas realizadas y recibidas en un celular) de familiares y amigos que participaron en el secuestro de mi hijo, sábanas conseguidas por mí, que evidencian que hubo contacto de ellos con el celular de los secuestradores. Yo les estuve entregando las sábanas a los judiciales de la fiscalía Manzana de Roma. Al final detuvieron a mis sobrinos, a pesar de las pruebas", dice.

Bernardino, dueño de una empresa de limpieza de inmuebles, asegura que ha visitado a procuradores y subprocuradores explicándoles que, según los registros telefónicos, la hermana de su nuera tiene 81 llamadas al teléfono del secuestrador que se comunicó a su casa para pedir el rescate de su hijo en diciembre de 2010, llamadas que equivalen a siete horas 25 minutos de conversación.

Pero nadie le ha hecho caso. Cada vez está más convencido que la familia de la esposa de su hijo está coludida con los judiciales que detuvieron a sus sobrinos, por eso decidió contratar a un abogado para defenderlos.

Daniel Vázquez, el abogado defensor contratado, asegura que la pesadilla de los hijos de Sandra se terminaría con 60 mil pesos, para pagar pruebas técnicas de voz y de fisionometría que evidencien que no fueron ellos los que pidieron el rescate de Jonathan.

Sin embargo, Sandra no puede pagarlo. Cuestiona: "¿Por qué la justicia no funciona? ¿Por qué no tienen esas pruebas para sacar a mis hijos? Si me los sentencian van a ser por lo menos 40 años".

Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE Aguascalientes y especialista en seguridad, reconoce que el sistema de justicia mexicano siempre ha tenido deficiencias severas, pero en este sexenio, con la lucha contra el crimen organizado y la presión para mostrar resultados, esas deficiencias se convirtieron en norma.

"Siempre hemos sido incumplidores, y las Procuradurías mexicanas y las policías se caracterizan por ser abusivas. No todos, pero sí es la generalidad. El problema de este sexenio fue legalizar esos abusos y darle un sustento jurídico a muchas de esas violaciones.

"La tarea para el siguiente sexenio será tratar de recomponer el desastre que hay en materia de justicia, porque hay vidas de por medio".

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