Agencias
MÉXICO, D.F.- La organización Human Rights Watch (HRW) urgió a la procuradora General de la República, Arely Gómez, a emprender acciones concretas para asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente gravísimas violaciones de derechos humanos.

HRW envió una carta a la procuradora en la que señala recomendaciones que debería adoptar la PGR para dar cumplimiento a su compromiso de defender los derechos humanos, ya que "las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México".

La organización se refirió a las conclusiones de varios de sus propios informes, así como a informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de múltiples organismos de derechos humanos de la ONU y parece que "la regla es que estos abusos queden impunes".

"El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes", dijo el director gerente para las Américas de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson.

"La nueva procuradora general de la República está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores", indicó la organización.

Para que México pueda superar la crisis de derechos humanos que atraviesa actualmente es indispensable que la nueva procuradora debería trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial dedicada a desapariciones tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones, indicó.

"La investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de estos y otros abusos debería ser una de las máximas prioridades de la PGR", expresó Human Rights Watch.

La organización también manifestó que la PGR debería dar a conocer los nombres de 22 mil personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas.

Agregó que la procuradora también debería asegurar que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información sobre estas investigaciones.

"En lugar de reconocer la magnitud de los abusos que ocurren en el país, la respuesta del gobierno mexicano al informe de la ONU sobre tortura fue un ataque injustificado e innecesario a un jurista ampliamente respetado", expresó Wilkinson.

"La nueva procuradora general ha reconocido su obligación de abordar estos delitos, pero aún está por verse si está dispuesta a hacer lo necesario para garantizar que estos delitos sean investigados de forma exhaustiva y que los responsables sean finalmente llevados ante la justicia", explicó.