13 de Diciembre de 2017

México

Iglesia Católica defenderá a delincuentes "menores"

En busca de atender esos casos la Conferencia del Episcopado Mexicano ha creado el Colegio Nacional de Abogados de la Pastoral Penitenciaria Goel.

Los delincuentes menores serían respaldados por 120 abogados que laboran como voluntarios para la pastoral penitenciaria. (Agencias)
Los delincuentes menores serían respaldados por 120 abogados que laboran como voluntarios para la pastoral penitenciaria. (Agencias)
Compartir en Facebook Iglesia Católica defenderá a delincuentes "menores"Compartir en Twiiter Iglesia Católica defenderá a delincuentes "menores"

Eugenia Jiménez/Milenio
MÉXICO, DF.- En los reclusorios de México existen miles de presos que han cometido delitos de bajo impacto, quienes “con una buena defensa jurídica” pueden salir en libertad.

En busca de atender esos casos la Conferencia del Episcopado Mexicano ha creado el Colegio Nacional de Abogados de la Pastoral Penitenciaria Goel.

Este colegio tiene como finalidad atender en los aspectos legales a los presos y sus familias, también propondrá iniciativas de ley para la humanización del sistema penitenciario y buscará entablar un diálogo permanente con las autoridades penitenciarias para generar mecanismos que promuevan la prevención del delito y la violencia.

Tomando la figura bíblica de Goel, que es el liberador en el libro del Levítico, se configuró la decisión de crear el colegio, después de que los sacerdotes, catequistas y laicos que asisten espiritualmente a los presos en los penales del país constantemente tenían conocimiento de casos de injusticia y en ocasiones los familiares de los detenidos se acercaban en busca de una asesoría.

Actualmente la pastoral penitenciaria tiene presencia en 87 de las 91 diócesis del país y cuenta con más de 3 mil agentes de pastoral y 120 abogados que laboran de manera voluntaria.

De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública  federal del total de los internos en los penales mexicanos, 187 mil 856 se encuentran presos por la presunta comisión en delitos del fuero común, mientras que 50 mil 413 están en la cárcel por presuntos delitos federales.

Del total de los internos que están recluidos por delitos del orden común, 38.19 por ciento se encuentra en proceso penal, mientras que 61.81 por ciento ya está sentenciado.

En el caso de los presos que cometieron delitos federales, y que ascienden a 50 mil 413, 51.11 por ciento están todavía bajo proceso en los juzgados federales y 48.89 por ciento ya fueron sentenciados.

Pedro Arellano, vicepresidente del Colegio de Abogados, en entrevista con MILENIO reconoció que esas cifras y las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos, aunado a la dramática situación que se vive en los penales del país, testimonios y demandas que ha recogido la Iglesia católica de los presos y sus familiares empujaron para que algunos abogados iniciaron una revisión de algunos expedientes de presos que se los han solicitado, porque para unos aún se puede presentar la apelación, el amparo o buscar la posibilidad de la preliberación.  Ya que se ha detectado que faltando siete meses para su preliberación son trasladados al penal de las Islas Marías.

Tan solo con el anuncio del colegio se ha empezado a multiplicar el número de interesados, así como de universidades de inspiración católica y organizaciones de derechos humanos que quieren ejercer sus servicios de manera itinerante o permanente.

Los abogados del colegio, explicó, son voluntarios y hay algunos sacerdotes y religiosos, pero en su mayoría son laicos, están sostenidos por sus propias actividades personales, realizan “un servicio de manera desinteresadas, hasta tienen que desembolsar para copias, peritajes y búsqueda de pruebas”, señaló.

Por eso se busca generar un fondo de apoyo no para pagarles, sino para darles para el pago de copias, aunque “muchos dicen que no, pero es de justicia hacerlo”.

Tan solo en el Distrito Federal, donde apoyan 17 abogados, al mes de atienden aproximadamente 80 casos, casi mil año. Y entre consultas o asesorías jurídicas, se tienen más de 100 cada semana, 5 mil al año.
De acuerdo con datos de la SSP, en el Distrito Federal existen diez centros penitenciarios con una capacidad instalada para albergar a 22 mil 324 internos; sin embargo, y solo en el tema de presuntos delincuentes del fuero común, cuenta con una población penitenciaria de 37 mil 711 personas.

Con el gobierno de Felipe Calderón, dijo, se sobrepoblaron las cárceles del país, porque se “vendió la idea de que con más gente en la cárcel habría menos delitos, ahora se comprueba que más gente en la cárcel es más contaminación y sobrepoblación carcelaria, provoca más delincuencia”, es una situación afectó a miles de familias.

La Iglesia católica ha participado en diez años para lograr 18 mil preliberaciones.

El colegio busca que las acciones gubernamentales abarquen también la protección de los familiares de los reos y que sean reconocidos como una población vulnerable, a fin de evitar que se genere más violencia, agregó el abogado Pedro Arellano. Porque la familia de los presos no solo se enfrenta al “señalamiento” social, en ocasiones intentan aprovecharse de ésta y se les pretende quitar sus pertenencias y en muchas ocasiones, lamentablemente las familias se desintegran y se les asesora en los trámites del divorcio y la patria potestad de los hijos.

La tarea de los abogados, dijo no es fácil, pese a que la Iglesia católica, durante décadas ha tenido presencia en los penales, en algunas cárceles se les obstaculiza su labor, por la corrupción que se vive en el interior, incluso, hay sacerdotes que tiene que pagar su cuota por el espacio que van a ocupar para oficiar la misa.

También se les impide el acceso, comentó que un obispo del sur del país, por la mañana asistió a la inauguración de un zoológico y por la tarde visitó el penal, al salir comentó que le había sorprendido que “los animales comieran mejor que los presos”. Con esa opinión se le impidió el acceso al centro penitenciario durante tres años.

Algunos directivos que no son católicos y pertenecen a otra religión “se ensañan e intenten cerrar el camino para la labor espiritual penitenciaria”, por ejemplo, la directora de un penal permitía la celebración de la misa, pero no que el sacerdote llevara vino para la consagración, porque está prohibido ingresar y consumir bebidas alcohólicas en los penales.

En las cárceles federales, reconoció, también se “nos ponen muchas trabas, principalmente en el norte del país, y en algunos casos solo se permite el ingreso de los agentes de pastoral dos veces al año, porque se asegura que “son personas que ya no nos necesitan, porque nunca van a salir vivos.”

Muchos critican la labor de los abogados católicos, porque aseguran que “quienes están dentro del reclusorio es la gente que cae de las coladeras”, indicó.

La Pastoral Penitenciaria realiza su labor en tres ejes: prevención, atención al encarcelado y la inserción de éste a la vida familiar y comunitaria. Teniendo tres líneas: el aspecto pastoral, el psicológico y el jurídico-criminológico.

La mesa directiva del Colegio Nacional de Abogados de la Pastoral Penitenciaria Goel quedó integrada  por el obispo Domingo Díaz, presidente; Pedro Arellano, vicepresidente; sacerdote José Luis Aguilera, secretario, y Enrique Carranza, tesorero y como vocales abogadas y abogados de seis provincias eclesiásticas.

La Iglesia católica ha participado en diez años para lograr 18 mil preliberaciones.

LO MÁS LEÍDO

LO MÁS COMENTADO

NOTAS RELACIONADAS

Comentarios

Responder a  Name   
Comentarios
Responder a  Name   
Responder a  Name   
DE:(TUS DATOS)
Nombre
E-mail
ENVIAR A:(DESTINATARIO)
Nombre
E-mail
Comentarios