21 de Octubre de 2018

México

La cloaca que destapó la desaparición de 43 normalistas

Desde la desaparición de los normalistas, la población ha demostrado el cansancio que hay por la falta de justicia en el país y la corrupción en la que se vive.

Los padres de los normalistas y otros mexicanos no se quedaron de brazos cruzados ante el descarado crimen y la impunidad, y con constantes protestas han reclamado justicia. (Archivo/EFE)
Los padres de los normalistas y otros mexicanos no se quedaron de brazos cruzados ante el descarado crimen y la impunidad, y con constantes protestas han reclamado justicia. (Archivo/EFE)
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Agencias
MÉXICO, D.F.-  Este jueves se cumplieron seis meses de una de las peores tragedias que ha vivido México: la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayoitzinapa, Guerrero. Con este motivo, el sitio web actualidad.rt hace un recuento y análisis del caso que sigue vivo y que se ha convertido en una "piedra en el zapato" para el Gobierno.

Han pasado seis meses desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los padres de los normalistas y otros mexicanos no se quedaron de brazos cruzados ante el descarado crimen y la impunidad, y con constantes protestas han reclamado justicia. Gracias a las voces del pueblo mexicano, se han ido revelando una por una escandalosas noticias sobre la situación en el país.

Tras la desaparición de los normalistas, en Iguala, Guerrero, México ha vivido seis meses de fuerte conmoción social que ha desembocado en multitudinarias marchas por el país, así como en violentos actos de protesta en los que se ha exigido la renuncia del presidente Peña Nieto. 

¿Qué es lo que hemos descubierto sobre el país en estos seis meses?

Hemos descubierto que los mexicanos creen cada vez menos en la justicia y en el Gobierno, en que los culpables serán castigados y pagarán por sus crímenes.

Es por eso que no creyeron en la versión oficial, presentada por la Procuraduría General de la República de México (PGR), que daba por muertos a los 43 estudiantes.

Los padres de los normalistas rechazaron el deseo de la PGR de cerrar el caso y prometieron seguir con su lucha hasta que haya pruebas científicas del paradero de sus hijos o hasta que les sean entregados vivos.

Es por eso que durante todos estos meses no cesan las protestas, cuyos participantes exigen la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa, el castigo para los responsables de su desaparición y la renuncia inmediata del presidente Enrique Peña Nieto.

Es por eso que las familias de los 43 estudiantes han decidido tomar la justicia por su cuenta y han empezado una gira por ciudades estadounidenses con el fin de atraer la máxima atención posible a su causa. Una gira para presionar a varios organismos internacionales, incluida las Naciones Unidas, para que ayuden en el hallazgo de sus hijos y para denunciar las violaciones a los derechos humanos en su país.

Al mismo tiempo, otros familiares y amigos de los desaparecidos realizaron una "toma simbólica" de varias embajadas en el Distrito Federal para presentar ante las delegaciones diplomáticas extranjeras su preocupación por la falta de resolución del caso.

Los activistas utilizan cualquier medio para reclamar justicia. Incluso aprovecharon el rodaje de la última película de la saga '007' en la capital de México para pedir a James Bond 'ayuda' para hallar a los 43 normalistas desaparecidos. 

Por su parte, el embajador mexicano en Rusia, Rubén Beltrán Guerrero, aseguró en exclusiva a RT que el peso de la Justicia mexicana caerá sobre a los culpables de haber perpetrado la tragedia de Ayotzinapa y reveló que actualmente existe más de un centenar de personas detenidas.

"Las autoridades de México están haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles por esclarecer [lo sucedido] y sobre todo, para que los culpables sean castigados con todo el rigor de la ley", ha declarado el jefe de la representación diplomática mexicana en Rusia.

Sin embargo, la falta de confianza sobre la competencia de las autoridades ha hecho que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre el caso.

Así, una de estas investigaciones, realizada por la revista mexicana 'Proceso', y basada en testimonios y documentos a los que tuvo acceso el periódico, sostiene que el asalto contra los normalistas fue orquestado y ejecutado no por policías municipales de Iguala y Cocula, sino por la Policía Federal, que "participó activa y directamente en el atentado", según lo cita Univisión.

Hemos descubierto que las desapariciones forzadas en México son generalizadas y que la mayoría de ellas quedan impunes, según denunció en febrero de 2015 el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

"¿Cuántas desapariciones forzadas hay?: No lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas", comentó Rainer Huhle, miembro del Comité.

En la misma línea, en marzo Amnistía Internacional declaró que las "torturas, golpes y humillaciones en México son generalizadas". 

"La Policía y los soldados han recurrido habitualmente a la tortura para castigar, extraer información, o confesiones falsas a los detenidos. Con frecuencia, se obliga a las víctimas a firmar declaraciones bajo tortura y, en muchos casos, se las condena únicamente sobre la base de tales declaraciones", lamentó la directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara-Rosas.

Según constata el Índice de Paz México 2015, que realiza el Instituto para la Economía y la Paz, la violencia costó a la economía mexicana aproximadamente 233.000 millones de dólares sólo el año pasado (un 17.3 por ciento del PIB del país). 

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No obstante, la ONG destaca la ligera mejora del estado de la paz en 2014 (un 0.7 por ciento más). En los últimos dos años, el nivel de la delincuencia organizada y la tasa de homicidios han disminuido en más de un cuarto y los crímenes violentos han caído en un 12 por ciento, pero el número de crímenes con armas han aumentado en un 11 por ciento, agrega el informe.

A pesar de que esto supone una mejora notable respecto a los últimos cuatro años, un gran número de ciudadanos no percibe que ello haya sucedido, sostiene el Instituto para la economía y la paz, citado por la agencia Reuters.

Varias personalidades famosas en diferentes áreas han denunciado la injusticia y la impunidad en México.

"Creo que el nivel de insatisfacción, de injusticia, de corrupción, de impunidad, ha llegado a niveles insoportables", dijo en una entrevista a CNN el director del cine mexicano Alejandro González Iñárritu.

"Lo que me preocupa es que hemos pasado de la descomposición social a la absoluta vorágine. Es un momento en el que se vive una ley como del viejo oeste, de llegar con la pistola a la cantina, y ver. Pase lo que pase, no hay ninguna estructura que lo detenga", lamentó, a su vez, el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

El destacado lingüista y filósofo de EU, Noam Chomsky, ha expresado su apoyo y solidaridad a las familias de los normalistas desaparecidos en México a través de una fotografía difundida en la Red, en la que expresaba: "Nos faltan 43 y más…".

El caso de los 43 estudiantes ha puesto de relieve el drama de las desapariciones en México.

Durante los meses de la búsqueda de los normalistas, en Iguala han sido halladas varias fosas comunes con decenas de cadáveres, algunos de los cuales estaban severamente desfigurados.

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Muchas personas, que antes se habían mantenido prácticamente en silencio por temor a represalias, han encontrado fuerzas para denunciar el terror impuesto por los narcotraficantes y policías corruptos. 

Así, en el estado de Guerrero, cientos de personas empezaron a reunirse en una iglesia católica para dar testimonio sobre sus familiares desaparecidos e intentar catalogar los crímenes.

"Vivo pensando todo el tiempo: cuando estoy comiendo, me pregunto si mi hijo está comiendo. (…) No sé si está sufriendo, si tiene hambre. Me imagino muchas cosas", dijo Guillermina Sotelo Castañeda, cuyo hijo, César, desapareció en agosto del 2012.

Según un artículo de 'The Guardian', el caso Iguala resultó ser sólo una página de un grueso libro donde están 'inscriptas' cerca de 20 mil desapariciones ocurridas en los últimos años por acción de las bandas criminales, a menudo en connivencia flagrante con las autoridades estatales.

Por su parte, el diario 'The Telegraph' publica que en México, desde el año 2007, desaparecen 54 personas semanalmente. En ocho años, esa cifra ha alcanzado un total de 22 mil 610 desaparecidos.

Hemos descubierto que ejercer un periodismo honesto puede ser difícil e incluso peligroso en México.

Así lo demuestra el ejemplo de Carmen Aristegui, que reveló la existencia de una millonaria propiedad de la esposa de Peña Nieto, que llevó a cabo otras investigaciones sobre miembros del Gobierno, y que fue despedida la semana pasada de la emisora mexicana MVS Radio junto a dos de sus investigadores.

La dirección de la emisora justificó la decisión por la colaboración de la comunicadora con el portal MexicoLeaks, una plataforma digital creada para que los ciudadanos puedan compartir información y documentos de interés público, relacionados con actos de corrupción, delitos y violaciones de derechos humanos, de forma anónima y segura.

Tras conocerse la noticia, cientos de personas salieron a las calles de la capital mexicana para protestar por la decisión de la radio MVS y denunciar la falta de libertad de expresión en el país.

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Pedro Canché, un periodista encarcelado por criticar al gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, envió una carta de apoyo a Aristegui, en la que expresó que "es muy incómodo hacer periodismo desde la palestra de la oligarquía" y afirmó que "es hora y tiempo de que los nuevos vientos soplen en favor del viejo arte del periodismo honesto".

La propia Aristegui ha asegurado a los medios de comunicación que la decisión de despedirla viene "desde el más alto nivel posible", al tiempo que ha denunciado que en su país hay una "reinstalación muy acelerada de los viejos modos del autoritarismo mexicano".

"Estamos ante un presidente debilitado y su actuación está respondiendo a patrones autoritarios", ha rematado Aristegui.

La difícil situación de los periodistas en México se revela también en el informe 'Estado de censura', presentado este marte por la ONG Artículo 19 y dedicado a la situación de la prensa nacional el año pasado.

Según el documento, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cada 26 horas un periodista es agredido en México, lo cual representa una frecuencia 80 por ciento mayor que durante el mandato de Felipe Calderón. "El deterioro de la libertad de prensa es real, tangible y medible. El Estado es de censura generalizada", reza el informe, citado por los medios locales. 

Entre las víctimas de estos crímenes se encuentran los periodistas Gregorio Jiménez, muerto en Veracruz en febrero; Nolberto Herrera, muerto en julio en Zacatecas; Octavio Rojas, muerto en agosto en Oaxaca; Atilano Román, muerto en Sinaloa en octubre; Antonio Gamboa, muerto en Sinaloa en octubre, y Juan Diego Benítez, hijo del periodista Indalecio Benítez muerto durante un ataque a Radio Calentana en agosto pasado. 

No obstante, el embajador de México en Rusia, Rubén Beltrán Guerrero, afirmó a RT que "en México hay absoluta libertad de prensa" y "hay absoluto acceso de la prensa a las fuentes gubernamentales para poder proporcionar toda la información disponible".

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Hemos descubierto que el problema de la corrupción está lejos de ser resuelto en México.

En febrero, la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) comunicó que había detectado mil 300 casos de posible corrupción que podrían haber generado un quebranto de 50 mil millones de pesos en las cuentas públicas en 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

"México tocó fondo en materia de corrupción", dijo el presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya al respecto de la 'desaparición' de dinero público, de irregularidades calculadas en 67 mil millones, del no ejercicio por cerca de 23 mil millones y el "perdón injustificado" de mil 123 millones a distintas empresas mediante el programa de condonación de impuestos.

A su vez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) solicitó en febrero a la Procuraduría General de la República congelar cuatro cuentas bancarias de Ángel Aguirre Rivero, quien era el gobernador del estado de Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas, y quien es acusado de desviar más de 287 millones de pesos (18 millones de dólares) de los recursos del Gobierno hacia tres empresas en donde sus hijos aparecían como socios o ejecutivos.

A todo esto hay que añadir las polémicas en torno a los bienes inmuebles de la primera dama de México, Angélica Rivera, del secretario de Hacienda Luis Videgaray y del propio presidente Enrique Peña Nieto.

Así, en diciembre salió a luz en la declaración patrimonial del presidente una enorme mansión de 560 metros cuadrados, adquirida por tan solo 13 dólares.

La irregularidad fue revelada unas semanas después de que se divulgara que su esposa, Angélica Rivera, poseía una mansión valorada en al menos siete millones de dólares. La propiedad pertenecía al Grupo Higa, una empresa que se benefició de millonarios contratos con el Estado.

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Un artículo de la revista británica 'The Economist', publicado en enero recuerda un mensaje de año nuevo en el que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto se comprometía a "liberar" a su país de la delincuencia, la corrupción y la impunidad. 

"El mensaje era el correcto. Pero, por desgracia para Peña, los mexicanos son cada vez más cínicos hacia el mensajero", reza el artículo.

México se merece algo mejor", concluye la publicación.

Pasados seis meses desde la desaparición de los 43 estudiantes, su caso está lejos de ser olvidado. Aunque los padres de los normalistas todavía no han encontrado lo que buscan, han conseguido una cosa muy importante: atraer la atención del mundo hacia los problemas a los que se enfrenta su país.

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