Lorena López/Milenio
MÉXICO, D.F.- En México, el Congreso aprobó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, pero no la aplica porque ningún partido en la Cámara de Diputados y el Senado fomenta la paridad de género entre sus legisladores.

El 38 por ciento de los diputados y 34 por ciento de senadores son mujeres, además de que aún no se logra colocar al sexo femenino en la misma proporción de cargos de decisión en ambas cámaras.

En el informe “Situación económica, finanzas públicas y deuda pública”, respecto del avance de los programas presupuestarios para la igualdad entre mujeres y hombres, se detalla que no se alcanza la paridad de representantes de ambos sexos en el Congreso de la Unión, aunque por primera vez la 62 Legislatura supera la considerada “masa crítica” de 30 por ciento de lugares femeninos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, promulgada en 2006, ni siquiera tiene reglamento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es la encargada de la evaluación de la política nacional en materia de igualdad.

La ley, en su artículo 17, mandata que deberán establecerse acciones para lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y cultural. Mientras, deberá “fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres” y “promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres”.

Respecto de las 2 mil 461 alcaldías del país, 6.83 son encabezadas por mujeres y 93.17 por hombres. Baja California y Quintana Roo no tienen presidentas municipales y el Distrito Federal es la entidad con mayor representación femenina, con 31 por ciento de las delegadas.

En la Cámara de Diputados, Nueva Alianza es el partido que tiene 50 por ciento de hombres y mujeres, aunque en el documento se acota que todos sus lugares “se otorgaron por el principio de representación proporcional, por lo que la paridad es producto de la actuación de la Corte, que determinó que se debe establecer un criterio de alternancia en las listas plurinominales”.

Siguen en la lista los partidos Verde y del Trabajo, con 43 por ciento de mujeres diputadas cada uno respecto de su grupo parlamentario, y Movimiento Ciudadano, con 40 por ciento de legisladoras. El PRI tiene 39 por ciento de diputadas, el PRD 37 y el PAN alcanzó el menor porcentaje con 32.

En el Senado, 27 por ciento de la bancada del PRD está compuesta por mujeres y en el caso del Verde, el porcentaje es de 29, por lo que “no alcanzan masa crítica de representación femenina”.

Les siguen el PAN con una proporción de mujeres de 32 por ciento y el PRI con 35 por ciento, mientras que el Partido del Trabajo tiene 50 por ciento de mujeres y en Nueva Alianza su único escaño es ocupado por una mujer.

Según el monitoreo elaborado por la CNDH, 34 por ciento de los escaños en el Senado es ocupado por mujeres, mientras que en la Cámara de Diputados 37.4 por ciento es de mujeres. En el caso del Senado, el sexo femenino sí tiene mayor proporción de participación como presidentas de comisiones que los hombres en todos los partidos.

En el documento se destaca que en la Cámara de Diputados los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano no colocaron a ninguna mujer como presidenta de comisión, mientras “se observa que las mujeres proporcionalmente a su número tienen menor participación como presidentas de comisiones en PRI y PAN, aunque existe mayor participación en PRD y PVEM”.

Las mujeres presiden 23 por ciento de las comisiones ordinarias, 33 por ciento de las especiales y 50 por ciento de los Comités en San Lázaro. La CNDH apunta que la representación política de mujeres en el Senado alcanzó 34 por ciento, por encima de la media internacional, superado por nueve países: Zimbabue, Bolivia, Burundi, Australia, Canadá, Bélgica, Argentina, Belice y Ruanda.

En los Congresos locales, la participación promedio de las mujeres es de 28 por ciento y ninguno alcanza la paridad de género en su composición; 14 entidades están incluso por debajo de la considerada masa crítica y en el caso de las gubernaturas, actualmente, ninguna es ocupada por una mujer.

Ya todos los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformaron sus leyes contra la violencia hacia las mujeres, pero faltan Campeche, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán en tener reglamento.

En tanto que en los códigos civiles de 25 estados se contempla la violencia como causal de divorcio y, respecto al feminicidio, solo Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán han armonizado al 100 por ciento su legislación respecto a los ordenamientos federales.

Sin embargo, solo 27 por ciento de las entidades tiene contemplada como pena mínima una sanción de 30 años, mientras que 42 por ciento aplica 50 años de castigo máximo, con lo que incluso se desatiende la recomendación 19 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la ONU.