Víctor Hugo Michel/Milenio
MÉXICO, D.F.- A diario, el gobierno mexicano expulsa a 252 indocumentados de Centroamérica, más que las autoridades estadounidenses. 

Cada hora, 10 hondureños, salvadoreños y guatemaltecos son deportados del país.

Pese a que en el discurso distintos presidentes mexicanos han expresado un rotundo rechazo a cerrar la frontera sur —aludiendo que no se hará el “trabajo sucio” de Washington—, en la realidad el Instituto Nacional de Migración (INM) ya es más eficiente que la Patrulla Fronteriza estadounidense en la tarea de expulsar a indocumentados. La rebasa en número de deportaciones.

En los últimos ocho años autoridades migratorias mexicanas han localizado, detenido y deportado a 827 mil centroamericanos. Son 103 mil más que Estados Unidos en el mismo periodo, según se desprende de cifras oficiales contenidas en los anuarios estadísticos del INM y el Departamento de Seguridad Interna estadounidense (DHS).

Ante la crisis migratoria en la frontera norte derivada de la llegada de miles de niños indocumentados provenientes de Centroamérica, en Washington y otras partes de EU se han multiplicado las acusaciones y recriminaciones contra el gobierno de México sobre dar paso franco a la migración ilegal. Las más recurrentes apuntan a que no se “vigila adecuadamente” la frontera sur o que Chiapas es una puerta abierta que puede y debe ser cerrada.

“Una clave en esto es saber qué es lo que el gobierno de México puede hacer”, aseguró hace unas semanas el secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, al ser cuestionado sobre cómo se podría disminuir el flujo de migrantes a Estados Unidos. Es un discurso que pone la responsabilidad de solventar la crisis en hombros de la administración de Enrique Peña Nieto y al que se suma el de los sectores más duros de la política estadounidense.

“(México) necesita una zanahoria y un palo”, recriminó el jueves pasado el gobernador de Texas, Rick Perry, quien exigió al presidente Barack Obama “presionar” al gobierno de Peña Nieto para que cierre la frontera con Guatemala.

Pero la realidad es que en México no se es tan laxo o solidario con los centroamericanos, como se acusa. 

Las cifras oficiales indican que a nivel tierra no hay mucha diferencia con el vecino del norte y que, pese a la diferencia de recursos de un lado y otro —el presupuesto estadounidense literalmente eclipsa al mexicano—, ambos países mantienen maquinarias de deportación tan similares como duras.

Las cifras de aseguramientos y expulsiones del INM indican que para un centroamericano las posibilidades de cruzar por territorio mexicano son tan o más difíciles como las de cruzar por Arizona, Texas o California: desde 2006, cada día se ha deportado por Chiapas y Tabasco a 252 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, una cifra histórica.

Si se analizan las cifras de 2008 a 2013, ICE y Migración mexicana han empatado tres veces en el número de deportaciones. En otras tres ocasiones, las autoridades mexicanas han superado a las estadounidenses, que solo han expulsado a más centroamericanos en 2013 y 2009. Con cifras actualizadas a mayo de 2014, el INM tenía ya 43 mil expulsiones registradas y, de seguir a ese ritmo, llegaría a 90 mil para diciembre, su cifra más alta en casi una década.

Para dimensionar el tamaño de las operaciones de deportación del gobierno mexicano, vale realizar un comparativo: el número de expulsados desde 2006 equivale a tomar a toda la población de Chihuahua y trasladarla a otra parte. 

El muro sureño

Mientras las deportaciones de centroamericanos continúan, el mayor celo migratorio del gobierno mexicano en los últimos años también se ha reflejado en los bolsillos de sus áreas de seguridad fronteriza. 

El Instituto Nacional de Migración se ha convertido en una de las dependencias más favorecidas en los últimos dos sexenios: las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto prácticamente han triplicado su presupuesto.

Desde 2006, 14 mil 338 millones de pesos han sido asignados al instituto, que este año contó con el presupuesto más elevado en su historia, dos mil millones de pesos. Y si bien no se ha creado aún una Patrulla Fronteriza en México —como ha sugerido varias veces Washington en el pasado—, el número de agentes federales migratorios también se ha elevado. Hoy, el INM tiene dos mil 430 oficiales dedicados a intercepción de migrantes, la cifra más alta desde su creación, en 1993.

En lo que toca a la frontera sur, podrá no estar cerrada o haberse convertido en una copia mexicana de la frontera policíaca que Estados Unidos ha creado al norte con grandes dispositivos tecnológicos dedicados a la búsqueda de indocumentados. Pero el dinero ahí invertido indica que está en la misma ruta: cada vez se destinan más recursos a dificultar el paso de centroamericanos por Chiapas.

Como Washington ha hecho en poblaciones de California, Arizona y Texas en una franja cercana a 50 kilómetros de la frontera con México, el gobierno mexicano ha creado “puntos de control interno” migratorio en distintos poblados fronterizos de Chiapas. Al manejar de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez se ve ahora algo muy similar a lo que se utiliza en EU: retenes diseñados para atrapar migrantes. Son al menos cuatro, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda en poder de este diario.

Estos retenes, conocidos extraoficialmente como “anillo sur”, han sido establecidos en puntos estratégicos en carreteras cercanas a Guatemala que son fuertemente utilizadas por migrantes en ruta al norte. Hasta ahora operan en las comunidades de La Trinitaria, en la carretera federal 190; Palenque, en la carretera 199; Huixtla, en la 200; y Catazajá, en la 186.

No solo eso. Este año, el gobierno federal decidió reactivar un viejo proyecto calderonista y reasignó recursos a la compra de terrenos en Chiapas para la construcción de nuevas bases migratorias a un costo de mil millones de pesos. Para cuando ese proyecto termine —tan pronto como 2015— el gobierno federal tendrá 14 nuevas oficinas del INM en la frontera sur.

Y contará con una mayor capacidad de detención de migrantes.

Border patrol mexicana, en análisis

Washington quiere una Patrulla Fronteriza en México. Y el equipo de Enrique Peña Nieto está considerando la idea de crear una. Al menos eso es lo que se desprende de un cable confidencial de la embajada de Estados Unidos, enviado en diciembre de 2012 a la entonces secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano.

El cable está fechado el 10 de diciembre, apenas una semana después de la toma de posesión de Peña Nieto y busca informar a Napolitano de los pormenores que encontraría en México cuando acudiera, a mediados de ese mes, a un encuentro con el Presidente y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Durante la campaña, el equipo de EPN y EPN tocaron varias veces el tema de la frontera sur con Guatemala y Belice como un área a la que se le quisiera enfocar más recursos y cooperar con Estados Unidos”, indica la comunicación diplomática, obtenida por MILENIO vía la ley de transparencia de EU.

“La nueva administración está considerando formas de fortalecer la frontera sur, incluida la posibilidad de crear una patrulla fronteriza o utilizar la Gendarmería parta monitorear la región”, se revela. La embajada pidió a Napolitano ser particularmente incisiva en el tema: “Tenemos la oportunidad en los próximos meses para ayudar a la nueva administración a crear una estrategia comprensiva para la frontera sur.