Rubén Mosso/Silvia Arellano/Milenio
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR), solicitó a un juez federal tres órdenes de aprehensión más contra igual número de empresarios que presuntamente celebraron contratos con el ex titular Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, Arturo Escobar, para la expedición de 10 mil tarjetas Premia Platino, en el contexto electoral de este año.

Se trata de María Guadalupe Robles, hermana de Luisa María Robles, esta última apoderada legal de la empresa Proyectos Juveniles, quien firmó un contrato con Escobar cuando era dirigente del Partido Verde Ecologista de México para expedir las tarjetas.

Asimismo, se pidió aprehender a Pablo Líder Robles, quien forma parte de la compañía Cards. También se demandó la captura de Ramiro Quintero Ramos, responsable de Multiservicios, empresa encargada de la distribución de las tarjetas en diversos domicilios del país. Estas dos últimas empresas fueron subcontratadas por Proyectos Juveniles.

Esta información fue entregada a la ex diputada federal y militante del PRD, Julissa Mejía, quien acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR para recibir la resolución de la demanda que interpuso contra el PVEM el pasado 9 de abril, investigación que derivó en la separación de Escobar .

“Sí, hay más nombres, está una empresa que se llama Proyectos Juveniles, cuyos responsables son Luisa María Robles Ponce y María Guadalupe Robles Ponce, ellas subcontrataron a su vez a la empresa Cards que fue la encargada de elaborar las tarjetas y su responsable es Pablo Líder Robles, y también a la empresa Multiservicios, que fue la encargada de la distribución de las tarjetas, su responsable es Ramiro Quintero Ramos. Ellos están con el mismo delito que Arturo Escobar y también se pide orden de aprehensión”, dijo.

Entrevistada a su salida de la fiscalía, Mejía dijo que la denuncia que presentó en su momento fue por el uso de las tarjetas de descuento Premia Platino, que podían ser usadas en miles de establecimientos.

Hasta el momento, la Fepade le informó que la orden de aprehensión contra Escobar y coacusados es solo por el uso de las tarjetas Premia Platino, aunque hay otros temas pendientes.

Señaló estar satisfecha por la petición de captura contra el ex dirigente del Verde y hasta ayer subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación. Lo anterior, porque significa que al menos una institución de este gobierno no está siendo omisa, pero que ahora le toca al Poder Judicial de la Federación hacer su labor, porque “la pelota está en su cancha”.

Diez días para resolver

La procuradora Arely Gómez confirmó que el juez que lleva el caso de Escobar tiene un plazo de 10 días para resolver su situación jurídica.

“Ahorita, jurídicamente no hay nada”, respondió sobre la solicitud de aprehensión por presuntos delitos electorales contra el ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México.

En entrevista, al término del Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, Gómez comentó que el caso “está en manos del Poder Judicial, fue un asunto, como salió ayer (miércoles) en medios, se presentó una consignación ante un juez y éste tiene 10 días para resolver la situación jurídica”, dijo.

“Un aplauso”

La directora de la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, María Enriqueta Cepeda, expresó que la PGR y la Fepade merecen “un aplauso” por la indagatoria que sigue contra el ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

“Confirma que nuestra petición de ¡No a Escobar! no estaba basada en fobias, o en que no nos caía bien (Arturo Escobar), sino que analizando su perfil, su comportamiento y la tarea que le fue asignada no correspondía  a su desempeño”, señaló Cepeda, quien junto con otras 32 organizaciones realizaron diversas protestas para exigir su salida de la dependencia.