J.P. Becerra-Acosta y O. Rodríguez/Milenio
OAXACA, Oaxaca.- Para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero a escala local, los simulacros de actividades guerrilleras que maestros de la sección 22 de la CNTE impartían a estudiantes del municipio de San Lucas Quiaviní no solo representan una grave violación a los derechos humanos de los jóvenes de secundaria que eran obligados a realizarlos, sino que constituyen la posible comisión de delitos, como la apología de la violencia.

Así lo manifestó durante una entrevista con Milenio el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, quien informó que el organismo que preside abrió una investigación ayer por los hechos. El expediente DDHPO/CA/1239/(24)/OAX/2013. A través de este documento le dio cinco días al gobierno estatal para que entregue toda la información que tenga que ver con el caso.

—¿Qué le parece esta situación, el hecho de que obligaran a estos jóvenes, dotados de armas de utilería o reales sin balas, a simular tomas de alcaldías o enfrentamientos con el Ejército, y que los castigaran o expulsaran de no realizarlos? —se le preguntó.

—Sí, es muy grave. Si se comprueba estaríamos ante una violación grave de los derechos humanos en materia educativa. En segundo lugar, hacer apología de un delito como estos conllevaría a estar induciendo de manera negativa al desarrollo integral de niños y adolescentes. Esto, además de ser un delito, constituye primordialmente una violación grave de los derechos humanos. Desaprobamos esas actitudes. Es una sesgada, deficiente y tendenciosa forma de desorientar el rumbo educativo.

—¿Será también una violación a los derechos humanos de los niños por omisión de parte del gobierno estatal por no supervisar o vigilar lo que acontece ahí?

—Por supuesto. De comprobarse, definitivamente.

Peimbert explicó que en la legislación oaxaqueña está prevista una figura jurídica que se denomina "alerta temprana", a través de la cual la defensoría investiga lo que acontece en un lugar y previene a las autoridades de la virtual violación de derechos humanos, la cual ya envió a todas las áreas del gobierno local, debido a la amenaza de la sección 22 de recuperar por la fuerza las escuelas en las que imparten clases maestros de la sección 59.

MILENIO también buscó reacciones al caso en la propia CNTE, y su vocero y secretario de Prensa y Propaganda, Mohamed Otaki Toledo, deslindó a los maestros de lo ocurrido en San Lucas Quiaviní, aseguró que van a investigar el caso, pero también alegó que se trata de propaganda en su contra.

—Desconocemos ese tipo de acciones. Nos han catalogado de subversivos, de guerrilleros, pero es una situación mediática que el mismo gobierno ha implantado. Vamos a buscar la versión de los maestros que estaban en esa escuela a ver si verdaderamente están haciendo esas cosas. Descartamos cualquier tipo de situaciones y acciones subversivas. Nos deslindamos de este tipo de acciones. Nuestra táctica de lucha siempre ha sido movilización negociación.

—¿Van a investigar el asunto con sus maestros?

—Se tiene que investigar al interior de la CNTE, pero sabemos que nos quieren denostar. Nos van a intentar difamar los gobiernos local y federal.

—¿Pero de deslindan definitivamente de ese tipo de enseñanzas?

—Nos deslindamos, porque no es nuestra forma de actuar.

En la telesecundaria de San Lucas Quiaviní, además de los simulacros de actividades guerrilleras que se imponían a los alumnos, se proscribió el Himno Nacional y en su lugar los alumnos eran obligados a aprender cantos rebeldes. Si no los memorizaban eran sancionados con castigos como parase en el patio durante horas bajo el sol cargando las sillas de los pupitres sobre la cabeza y con las manos estiradas.

MILENIO buscó declaraciones respecto a todo esto del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Manuel Antonio Iturribarría, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido.