Rubén Mosso/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo de la Judicatura Federal presentó denuncias ante la PGR y la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por presuntas conductas ilícitas cometidas por servidores públicos por la filtración del video del asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías y de información generada en el curso de la investigación.

"La divulgación de esos elementos probatorios infringe la reserva de las investigaciones iniciadas por la privación de la vida del señor Juez Bermúdez Zacarías y, en consecuencia, dar lugar a la comisión de conductas ilícitas por parte de servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la custodia de las carpetas de investigación, las cuales por ley deben ser reservadas".

La Judicatura solicitó que se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer tanto el origen de las filtraciones como la identidad de los probables responsables.

Los consejeros de la Judicatura Federal reiteraron su condena por estas filtraciones, "porque no sólo infringen la reserva de las indagatorias, sino que pudiera comprometer la eficacia de las mismas, además de que se afectan los derechos humanos y de intimidad de la viuda y sus menores hijos".

El Consejo refrendó "enérgica demanda" del esclarecimiento de este atentado, porque, afirmó, saber el origen del mismo, venga de donde venga, es esencial para la justicia.

El 17 de octubre, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, fue ejecutado cuando se ejercitaba en calles del municipio de Metepec, crimen por el que la PGR inició una averiguación previa.

Bermúdez Zacarías tenía 37 años de edad y se desempeñó como juez sexto penal especializado en la Ciudad de México, lapso durante el cual decretó el arraigo de Abigael González Valencia; también suspendió la extradición de El Chapo Guzmán; el 1 de marzo de este año, el juzgador fue comisionado al juzgado quinto de distrito.

Como juez quinto negó una suspensión al líder absoluto de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40; sobreseyó un amparo a Gildardo López Astudillo, El Gil, líder de sicarios de Guerreros Unidos y quien es señalado de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.