10 de Diciembre de 2018

México

Jueces alertaron a PGR de falsedad de testigos

Pese a la advertencia, realizada desde el año pasado, la SEIDO siguió usando a sus colaboradores para realizar investigaciones.

Los dichos del testigo Jennifer sirvieron para encarcelar al general Ángeles Dauahare. (Internet)
Los dichos del testigo Jennifer sirvieron para encarcelar al general Ángeles Dauahare. (Internet)
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Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.-  La Procuraduría General de la República (PGR) omitió investigar desde el año pasado a los testigos protegidos que utilizó contra ex servidores públicos de alto nivel, pese a que jueces federales advirtieron a la institución de la “mendacidad” con la cual se condujeron estas personas en otros casos.

Desde el 1 de agosto de 2012 la PGR recibió notificaciones de los jueces de distrito en materia de procesos penales federales con residencia en Nayarit para ponerla al tanto de los “falsos” testimonios que estaban rindiendo estas personas.

A pesar de esto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) continuó usando a los testigos protegidos para integrar más expedientes hasta llevar a prisión al general Tomás Ángeles Dauahare.

MILENIO tiene copia de la sentencia absolutoria dictada en la causa 16/2009-I, a favor de Rodolfo de la Guardia García y Ricardo Gutiérrez Vargas, ex directores de despliegue Regional de la Agencia Federal de Investigación e Interpol México, respectivamente, donde se advierte a la PGR de estos hechos.

En el fallo de la juez segundo de distrito en materia de procesos penales federales con sede en Nayarit, Laura Serrano Alderete, se hace referencia a los testimonios rendidos por los testigos con nombre clave Felipe (José Alberto Pérez Guerrero), Jennifer (Roberto López Nájera), Saúl (Milton Carlos Cilia Pérez), David (Roberto García García) y María Fernanda (Richard Arroyo).

Se condujeron con “mendacidad”, señalaron jueces federales

“Lo hasta aquí expuesto pone en evidencia la mendacidad con la cual se condujeron los testigos de cargo, pues conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos, es patente que Rodolfo de la Guardia García, como director de Despliegue Regional de la AFI, no se encontraba legalmente facultado para llevar a cabo las conductas atribuidas por el representante social, así como Ricardo Gutiérrez Vargas, en su calidad de director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, no realizó consulta en el sistema de comunicación sobre delincuencia organizada, como tampoco dentro de sus facultades no estaba el facilitar el acceso a personas vinculadas con el cártel de Sinaloa, provenientes de Colombia para que pasaran libremente la revisión establecida en el aeropuerto.

“Se advierte que el agente del Ministerio Público de la Federación no cumplió con la obligación que le impone el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Penales de aportar pruebas para acreditar en forma plena la existencia del delito”, enfatizó.

Por esa razón “no es posible jurídicamente, frente a la ineficacia de las pruebas analizadas, tener por acreditado los elementos del delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud”, subrayó.

Todas las diligencias integradas en la consignación del expediente fueron firmadas por la ex titular de la SIEDO Marisela Morales Ibáñez, luego titular de la PGR.

Los testigos dijeron que Rodolfo de la Guardia trabajaba para el cártel de Sinaloa y que vendía plazas a los comandantes de la AFI en diversas zonas del país, esto a pesar de tener tres años de haber dejado la PGR.

Por esas declaraciones falsas pasó 87 días arraigado y más de cuatro años en prisión.

De Ricardo Vargas, dijeron que brindaba protección a integrantes del cártel de Sinaloa,  particularmente a personas que procedían de Colombia y que arribaban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Supuestamente entregaba expedientes relativos a extradición de personas relacionadas con el crimen organizado, tramitados en las oficinas de Interpol-México.

Los testigos protegidos situaron a los ex funcionarios entre 2005 y 2006, cometiendo los citados delitos.

Estas personas comenzaron a declarar contra los ex funcionarios en julio de 2008, pero sus dichos resultaron ser falsos, notificó la juez federal.

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