Una jueza federal rechazó las primeras demandas colectivas presentadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), las cuales buscaban que distribuidoras farmacéuticas pagaran una indemnización de 2 mil 316 millones de pesos.

Dinorah Hernández, Jueza Primera Especializada en Competencia Económica, desestimó esta semana las acciones legales interpuestas por la COFECE en contra de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar), así como de las empresas Casa Saba y Fármacos Nacionales.

Hasta el momento, la jueza no ha dado a conocer los motivos detrás de su decisión. Sin embargo, la COFECE tiene la opción de apelar ante un tribunal colegiado, lo que podría dar lugar a un nuevo capítulo en este caso. 

La COFECE ha tenido desde hace una década la facultad de promover acciones colectivas a nombre de quienes son afectados por conductas abusivas de las empresas.

En este caso, multó en 2021 a 21 personas físicas, cinco empresas y a Diprofar, por ponerse de acuerdo de 2006 a 2016 para manipular los precios de venta a las farmacias, limitar descuentos y volumen de ventas, y no distribuir medicamentos ciertos días del año.

Las multas ascendieron a 903 millones de pesos, lo máximo que permite la ley, pero COFECE estimó el daño a los consumidores en más de dos mil 300 millones de pesos, monto que pretende recuperar con la acción colectiva, para luego entregarlo al IMSS-Bienestar.

Este tipo de litigios, previstos en México desde 2011 y similares a las class actions estadounidenses, han sido un rotundo fracaso, por los obstáculos procesales y prácticos para lograr sentencias definitivas.

Un problema de las acciones desechadas podría ser el tiempo que ha transcurrido, pues el acuerdo ilegal de las distribuidoras operó hasta diciembre de 2016, pero el plazo para promover la demanda era de tres años y seis meses. 

La petición de canalizar los recursos al IMSS-Bienestar también era inusual en un caso de este tipo.

Aún si la COFECE desaparece, el órgano descentralizado que será creado para reemplazarla -mismo que será parte del Poder Ejecutivo- podría seguir con este litigio, pues heredará los expedientes abiertos y probablemente parte del personal.

Cabe recordar que, en 2016, el IMSS presentó demandas civiles por prácticas monopólicas contra seis empresas que se coludieron en sus ventas al gobierno, reclamando 700 millones de pesos de indemnización, pero esos casos no eran acciones colectivas.

Con información de Reforma