Eugenia Jiménez/Milenio
MÉXICO, D.F.- A año y medio de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, Julia, la testigo principal del caso, aún no es reconocida como víctima por la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que se le niega el acceso al expediente penal del caso.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aseguran que es una víctima, pero aún no se le ha reparado el daño, pese a que la CEAV divulgó que se le había otorgado una indemnización económica.

A su vez, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que lleva el caso de Julia, explicó que ella es víctima, testigo y sobreviviente de los hechos.

En julio pasado, a un año de los hechos de Tlatlaya, donde fallecieron 22 personas en una bodega, Julia hizo pública su identidad: Clara Gómez González y demandó justicia por la muerte de su hija Érika, quien se encontraba en el lugar de los hechos y denunció que la CEAV no le ha entregado ningún dinero como reparación del daño y señaló que no "saldría más a los medios" lo que ha cumplido.

Al ser detenida Julia junto con otras dos mujeres, denunció que fue víctima de tratos crueles, señaló el abogado al explicar que como coadyuvante solicitó una investigación profunda que incluye a los mandos militares que emitieron la orden "de abatir" a los delincuentes en la noche, y a los subalternos que la aplicaron, la cual no se ha llevado a cabo y "eso genera un elemento de preocupación". Sobre todo porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares por el uso de la palabra "abatir".

El abogado del Pro, manifestó que aún está pendiente su reconocimiento como víctima dentro de la causa penal que sigue la PGR por el homicidio de su hija Érika, de 15 años, quien se encontraba en la bodega donde fueron ejecutados los presuntos delincuentes, "por lo que no ha tenido acceso a la causa judicial del expediente donde se juzga a los militares".

En el informe "Tlatlaya a un año: la orden fue abatir", elaborado por el centro Pro se menciona que Julia tuvo que acudir al juzgado cuarto de distrito con sede en Toluca, Estado de México, para solicitar acceso al expediente 81/2014 y conocer el estado del proceso. Ahí, pudo constatar que la PGR formuló cargos solo por el homicidio de ocho personas, entre las cuales no se incluyó a su hija adolescente, única víctima del sexo femenino. Debido a ello, mediante acuerdo con fecha 21 de noviembre de 2014, el juzgado cuarto le negó acceso al expediente por no reconocerle calidad de víctima dentro de la causa penal.

Contra esta determinación acudió al juicio de amparo que se registró bajo el número 1859/2014, mismo que actualmente se tramita ante el juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en la capital mexiquense.

Julia, dijo Santiago Aguirre, ha ejercido distintos recursos judiciales que están por resolverse, se trata de amparos en los que "ella pelea su reconocimiento como víctima, pero también lucha para que no se fragmente la causa y que haya un solo expediente judicial, además de que se ventile en el fuero civil como debe ser".

Respecto a la reparación del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el abogado señaló que lamentablemente los comisionados de la CEAV hicieron comentarios "sugiriendo que ya todas las víctimas de Tlatlaya han sido reparadas, lo cierto es que en el caso de Julia esa reparación no se ha materializado".

Para el centro Pro, dijo, se considera que se tienen en este caso los siguientes pendientes: la investigación de la orden de "abatir" en el ámbito militar, el reconocimiento de su carácter de víctima en la PGR, una sola causa y no múltiples, así como el tema de la reparación.

Reconoció que la CEAV contactó a Julia, a través del Pro, pero aún no se ha concluido el proceso, por lo que se ha insistido en que se tomen las medidas adecuadas para no exponerla a nuevos riesgos.

En entrevista con Milenio, Sergio Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, explicó que en el caso Tlatlaya, la CNDH en su recomendación determinó que 25 personas habían sido víctimas, de las cuales 22 fueron mortales y tres de otro tipo de abusos. De las mortales se determinó que 16 perdieron la vida de manera arbitraria y de éstas 14 identificadas se realiza un proceso de reparación, "actualmente se tienen ya cuatro autorizadas y a otras más se les repara el daño, conformé a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, independientemente del proceso penal, explicó. La CNDH nos dijo que había que reparar el daño a las víctimas, que hasta el momento son 14".

Las tres sobrevivientes, dijo "también fueron víctimas de otro tipo de reparación y ellas están siendo atendidas".

Sobre el caso de Julia, quien señaló que no había sido atendida, explicó "es que no habíamos tenido contacto con ella, ya lo iniciamos y trabajamos en sus necesidades".

La reparación integral del daño, explicó, "incluye una restitución de lo que hayan perdido, una rehabilitación que tiene que ver con cosas que dejaron de percibir, hay que ver con garantías de no repetición y una compensación de carácter económico".

Para la CEAV, dijo, Julia es una víctima, aunque la PGR no lo quiera reconocer. Además, puntualizó: "Es doble víctima directa e indirecta, y se ha iniciado un proceso de acompañamiento con ella".