15 de Diciembre de 2017

México

Comisionado de la ONU, pide frenar Ley de Seguridad Interior

Se hizo hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomente la tranquilidad.

La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles, comentó el titular de la organización. (Foto: Proceso)
La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles, comentó el titular de la organización. (Foto: Proceso)
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Agencia
CIUDAD DE MÉXICO.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió frenar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior aprobado por la Cámara de Diputados y turnado Senado y llevar a cabo un debate “abierto e inclusivo” sobre los problemas de seguridad ciudadana.

De acuerdo con Proceso, comentó “Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria".

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“Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana”, recalcó Zeid.

“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria".

Y reiteró que la Oficina del ACNUDH en México está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar “los graves desafíos” que enfrenta el país en materia de seguridad

El Alto Comisionado afirmó que la ley propuesta es “muy preocupante” pues no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.

Recordó que durante su visita a México en 2015 las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de cuerpos policiales, y le aseguraron que gradualmente se sustituiría a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, en el plano federal y el estatal.

“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada. (Sin embargo) más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, sostuvo el Alto Comisionado.

Zeid, reiteró que la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada.

“El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”, advirtió.

Añadió que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene elementos “inquietantes”, por ejemplo, que en determinadas circunstancias las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas.

También que la autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados y la legislación carece de garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

El Alto Comisionado refirió que, en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita, hizo hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicaran con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las transgresiones cometidas.

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