Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- Un tribunal federal ordenó la libertad de Juan Antonio Franco Bustos, exdirector del Estado Mayor de la Policía Estatal de Hidalgo, quien permaneció cuatro años en prisión debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) lo vinculó con Los Zetas.

La PGR basó su acusación en las declaraciones del testigo protegido de nombre El Oso y del entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Damián Canales Mena, hoy jefe de Investigaciones de la Policía Federal.

En un declaración del 11 de agosto de 2009 de El Oso (quien se llama José Manuel Escobedo Delgadillo), mencionó que Franco Bustos protegió a los sicarios que mataron a Marcos Manuel Souverbille González, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, el 19 de septiembre de 2007.

“Asimismo, Esteban Reyes, Jesús Garcés Jiménez y Guillermo Lugo, de la policía ministerial; Esteban Olvera, Franco Bustos y Sampayo, de la Secretaria de Seguridad Pública de Hidalgo, protegieron para que se fugaran lo sicarios que mataron al licenciado Manuel Souverbille, en ese entonces secretario de Seguridad Pública del estado; dichos sicarios fueron El Gato, Kawachi  y El Nica, de los cuales ignoro sus nombres”, se lee en esa declaración.

Franco Bustos es elemento de carrera de la Policía Federal, comisionado a la policía estatal en Hidalgo, pero la administración de Marisela Morales Ibáñez lo responsabilizó de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación informaron que la magistrada Sara Olimpia Reyes García, titular del primer tribunal unitario en Nayarit, dictó sentencia absolutoria a favor del exmando, quien abandonó la cárcel el pasado 30 de noviembre.

La magistrada revocó la sentencia de15 años de prisión impuesta a Franco Bustos el 24 de mayo del presente año por la juez segunda de distrito de procesos penales federales en Nayarit, Laura Serrano Alderete.

Olimpia Reyes determinó que la sentencia condenatoria fue incorrecta e ilegal, ya que la juez valoró evidencia que no acreditaba la participación del exmando con Los Zetas, ni con ninguna otra organización.

Juan Antonio fue detenido el 18 de septiembre de 2009 junto con más 250 estatales y municipales de Hidalgo, en lo que pretendía ser una operación contra servidores públicos vinculados a organizaciones delictivas en esa entidad federativa.