Braulio Carbajal/Milenio
MÉXICO, D.F.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) propuso incluir en la reforma financiera un apartado que limite el crédito de la banca a los estados y los municipios.

Regularmente, el financiamiento que los bancos conceden a los gobiernos subnacionales no es invertido en proyectos que impulsen el desarrollo del país, como la creación de infraestructura, sino que se agota en gasto corriente, dijo Manuel Molano, director general adjunto del instituto.

En reunión con medios, el directivo señaló que para las instituciones financieras “es muy atractivo prestarle a los estados y los municipios, dado que su deuda está garantizada mediante las participaciones que otorga el gobierno federal anualmente a esas entidades”.

En este sentido, el Imco propuso que se trabaje en un esquema mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda poner un límite al uso de las participaciones federales, pues en algunos casos se destina todo al pago de la deuda adquirida.

Al respecto, el último reporte trimestral de obligaciones financieras estatales reveló que, del total de la deuda que contrataron los gobiernos subnacionales, en promedio pusieron como garantía 82 por ciento de los recursos que les transfiere el gobierno mediante las participaciones.

Ante este escenario, Molano señaló que lo ideal es que, antes de su aprobación final —ahora está en manos del Senado—, la reforma financiera establezca un apartado que limite o regule el endeudamiento de los estados y los municipios.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre de julio de 2013 la cartera de crédito a entidades gubernamentales de la banca múltiple se colocó en 382 mil millones de pesos, 5.8 por ciento más respecto a los 361 mil millones de mismo mes de 2012.

De esta cantidad, 74 por ciento pertenece únicamente a estados y municipios; es decir, 283 mil millones de pesos. Monto que en el transcurso de un año se ha elevado 21 por ciento, dado que en junio del año pasado el portafolio de esas entidades era de 233 mil millones de pesos.

Por su parte, Enrique Díaz, abogado especialista en derecho financiero, señaló que los recursos que la banca destina a las entidades gubernamentales quita la opción de un mayor crédito al sector privado.

En este sentido, indicó que del 100 por ciento de activos con los que cuenta el sistema bancario, 43 por ciento es destinado al sector privado, lo que es bajo con respecto a porcentajes de países con desarrollo similar al de México.

Asimismo, detalló que 22 por ciento del crédito es otorgado a empresas; sin embargo, solo 3 por ciento llega a las pequeñas y medianas, las cuales generan más de tres cuartas partes de los empleos del país.

Por separado, representantes del sector bancario aseguraron que el problema no es que la banca no quiera o no pueda dar financiamiento a las empresas, sino que son éstas las que no lo demandan.

Del total de compañías que existen en México, 50 por ciento no cuenta con financiamiento de la banca porque afirma no necesitarlo, mientras que 22 por ciento no calificó para su obtención, explicaron.

Por el contrario, señalaron que la verdadera “tragedia del sistema económico mexicano” es la enorme cantidad de microempresas, pues debido a su tamaño no pueden ser candidatas a financiamiento.

En este contexto, el reto del gobierno debe ser incrementar la base de pequeñas y medianas empresas, pues éstas son el motor de toda economía.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen 4 millones 897 mil 141 microempresas —de entre uno y 10 trabajadores—, las cuales representan 95 por ciento del universo total.

En tanto, 4.3 por ciento son pequeñas —de entre 11 y 50 trabajadores—, es decir, 221 mil 195; mientras que 15 mil 432 son consideradas medianas —de entre 51 y 250 empleados— y representan solo 0.30 por ciento de todas.

Aún menos son las consideradas grandes empresas —de más de 250 trabajadores—, pues solo son 9 mil 788, equivalentes a 0.19 por ciento.

Certidumbre y solidez

El Imco señaló que, pese a algunos detalles que se deben revisar, la reforma financiera tiene la capacidad de aumentar el crédito productivo.

La posibilidad de que la banca pueda agilizar la ejecución de garantías cuando un cliente incumpla en sus pagos fortalecerá el estado de derecho y dará más certidumbre y solidez al sistema financiero.

Propone que las garantías que otorga la banca de desarrollo no sean tan elevadas, porque de lo contrario a los usuarios y a las instituciones bancarias no les importará cuidar la calidad de sus créditos, debido que ante algún problema pueden acudir al gobierno.