Agencias
MÉXICO, D.F.- La comisión legislativa encargada de dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales destinados a la Línea 12 del Metro llamará a rendir cuentas a funcionarios y ex funcionarios del gobierno del Distrito Federal para explicar irregularidades como el pago injustificado de 675 millones de pesos, el desembolso de 119 millones para la certificación de inicio de operaciones, así como las obras con valor de 32 millones de pesos no ejecutadas en la estación Ermita.

Así lo confirmó el priista Marco Antonio Calzada, presidente de la referida comisión especial de la Cámara de Diputados, y precisó que esta misma semana se definirá el calendario de las reuniones, de acuerdo con Milenio.

En una primera etapa se prevé establecer “interlocución abierta, directa y pública” con los titulares y ex titulares de Finanzas, Obras Públicas, Contraloría del Distrito Federal y Proyecto Metro del Distrito Federal, para que respondan a cuestionamientos y aclaren las dudas derivadas del trabajo de análisis y seguimiento de los legisladores.

Los diputados federales “avanzarán con esas reuniones en el propósito de sustentar una opinión objetiva sobre las posibles irregularidades cometidas y la aplicación correcta de los recursos federales destinados a ese sistema de transporte, en un necesario ejercicio de fiscalización y rendición de cuentas, que cobra especial magnitud al considerar el grado de afectación que ha generado la suspensión del servicio en la Línea 12”, remarcó Calzada.

Entre los principales puntos enlistados para las comparecencias de los funcionarios y ex funcionarios del gobierno capitalino, el legislador enumeró:

• El incremento del costo de estaciones que no modificaron su trazo
• El pago injustificado por más de 675 millones de pesos por obra inducida y sin anteproyectos
• Las modificaciones contractuales con ventaja de entre 2 al 169 por ciento para el consorcio constructor
• Los incrementos en los porcentajes de anticipos que van de 21 al 37 por ciento.

Más fallas graves

Adicionalmente, señaló el conflicto de interés por relación familiar entre el Director General del Proyecto Metro y uno de los directores generales de ICA, las áreas no ejecutadas conforme al proyecto ejecutivo en la estación Ermita, equivalentes a más de 32 millones de pesos y las sanciones contra los responsables del pago de 119 millones de pesos por la certificación para iniciar operaciones, a pesar de los problemas de interfaz entre el riel y las ruedas de los trenes.

Con esos elementos, subrayó Calzada, los integrantes de la comisión especial están listos para profundizar en la indagación de los hallazgos que sugieren la existencia de posibles irregularidades o faltas graves de distinto tipo.

Por lo demás, dijo, “lo más importante en este momento es saber cuándo se va a restablecer el servicio, cuya interrupción afecta negativamente la movilidad, los bolsillos y el tiempo de más de 430 mil usuarios en el oriente de la ciudad”.