Agencias
MÉXICO, DF.- En México, morir con la etiqueta de “anónimo” atada al dedo gordo del pie prácticamente sigue siendo tan común como antes.

Al fin de la administración de Felipe Calderón y al principio de la de Enrique Peña Nieto, la distribución nacional de los cadáveres NN –los Ningún Nombre– se mantiene casi sin cambios: a diario y por todo el país, un promedio de seis cadáveres son enviados al desamparo de la fosa común.

Quienes engrosan esa estadística fúnebre murieron de distintas formas: violenta, accidental o natural, pero siempre bajo la constante de que no se conoció su identidad.

Son lo mismo víctimas de la violencia callejera e integrantes del crimen organizado que migrantes extranjeros, personas extraviadas, delincuentes e indigentes. En algunos casos, también ancianos cuyas familias han muerto o les han olvidado.

Es un listado en el que se cuentan osamentas y otros restos hallados sin dueño. O cadáveres cuyas huellas y rostro fueron desfigurados para evitar su identificación, además de fetos y bebés abandonados en la vía pública.

En resumen y aún más importante, son miles de personas que jamás fueron reclamadas de los congeladores de los servicios médicos forenses estatales y de las que, con toda probabilidad, no se volverá a saber nada.

En los 18 meses entre enero de 2012 y julio de 2013, de acuerdo al recuento anual de milenio.com Morir sin Nombre un total de tres mil 662 cuerpos sin identificación pasaron por las planchas de los forenses de los estados para después ser remitidos a las cada vez más saturadas fosas comunes estatales. Desde 2011, seis mil 496 personas han sufrido este fin.

Este año, las cifras fueron compiladas en los servicios médicos forenses (semefos) de 23 entidades en base a medio centenar de solicitudes de transparencia así como llamadas telefónicas a sus respectivas áreas de comunicación social.

Para este ejercicio --que también sirve como un barómetro en materia de transparencia-- la gran mayoría de los estados aceptó a responder las preguntas sobre el tema, incluso generando archivos fácilmente consultables.

En esta ocasión, se hizo una pregunta adicional a los gobiernos estatales: ¿cuál es la dirección de los cementerios en donde se encuentran las fosas comunes a las que envía a los cuerpos no identificados?

Lo anterior, para crear un mapa georeferenciable en el que puedan hallarse las más grandes concentraciones de cadáveres NN en el país, con miras a eventualmente facilitar su ubicación e identificación, en caso de que ello sea posible.

Pero si bien el grueso de las respuestas fueron afirmativas, hubo otras entidades que mantuvieron la práctica de obstaculizar y hasta sellar todo acceso a sus archivos, sin revelar nada del tema ni dar a conocer cuánta gente pasa por sus anfiteatros, mucho menos su ubicación final.

Como en 2012, se trata de Aguascalientes, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y el Estado de México, a los que ahora se sumaron Colima y Chiapas.

Sus argumentos de rechazo variaron. Fueron de la negativa total y el secreto de Estado, a simplemente no atender el teléfono. Veracruz calificó nuevamente la información de “inexistente”, pese a que desde el año pasado el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información había ordenado a su procuraduría entregar toda la documentación pertinente.

La reserva sobre el manejo de los cadáveres en ese estado ha llegado al punto de que el acceso de alumnos de medicina de la Universidad Veracruzana al anfiteatro se ha reducido sustancialmente.

Colima y Chiapas recurrieron a la justificación técnica: jamás tuvieron en línea sus sistemas de solicitudes de información. En el caso chiapaneco, pasó fuera de servicio varios meses.

En Guerrero, que en 2012 sí entregó algunos datos, quedó de manifiesto que no hay quien maneje los archivos del Semefo: la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Salud se asignaron mutuamente la responsabilidad de responder sin que, a final de cuentas, ninguna lo hiciera.

Pese a cuatro solicitudes diferentes, no hubo dato alguno. En Tamaulipas ocurrió lo mismo que en 2012. La respuesta fue una calca, incluido el funcionario: el encargado del área de Comunicación Social de la PGJE tamaulipeca, Rubén Dario, señaló nuevamente que datos como esos no están en poder del gobierno estatal, es decir, que esa entidad no cuenta a sus muertos.

“Le llamamos si nos enteramos de algo”, dijo.

Por último, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México aseguró no tener información estadística de cuántos cuerpos son remitidos a su servicio médico forense, por lo que incluso invitó al solicitante a contar personalmente los expedientes de los cuerpos en sus instalaciones.

Puede presumirse que las cifras aquí presentadas serían mucho más elevadas de haber respondido estados de alta concentración poblacional, como Veracruz, Chiapas, Guerrero y el Estado de México, que juntos acumulan más de 25 millones de habitantes. Tamaulipas, que ha sufrido de altas tasas de violencia, también elevaría la cifra final.

La tendencia es la misma

Por lo pronto, de la información que sí fue obtenida se desprenden varios datos, entre ellos algunos cruciales:

1. La cifra de cuerpos NN que son hallados por todo el país se ha mantenido estable
2. Algunos estados afectados por la inseguridad en el sexenio anterior han visto reducciones importantes en inhumaciones de anónimos, pero otros han sufrido incrementos
3. Sigue existiendo un manejo dispar de la información por parte de las entidades
4. El primer año de la administración de Peña Nieto no rompió con la inercia de cientos de cuerpos remitidos mensualmente a la fosa común registrada durante el calderonato.

A mayor detalle, en los primeros seis meses del actual gobierno, se acumularon mil 137 inhumaciones anónimas, para un promedio mensual de 190. De mantenerse la tendencia, 2013 terminará de forma muy similar a lo que fueron 2010, 2011 y 2012, años en los que comenzó a registrarse un pico histórico de cuerpos enviados a la fosa, justo durante los momentos más crudos de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Esta investigación periodística, que necesitó seis meses para cuajar, parte de una similar realizada el año pasado en registros de procuradurías estatales, alcaldías y administraciones panteoneras.

En la edición anterior, se llegó a una cifra para todo el sexenio: 24 mil 102 personas remitidas a fosa común entre 2006 y 2012. Es un dato que se acerca mucho a la cifra de desaparecidos que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 24 mil 803 personas.

Para 2013 y para darle mayor precisión a la investigación, la metodología de la misma fue modificada ante la falta de respuesta de muchas de las ciudades a las que se consultó vía leyes locales de transparencia.

Y es que la forma en la que se maneja la información a nivel local sigue siendo altamente inestable. En algunos casos, ciudades y panteones que reportaban una cifra en 2011 y 2012, dieron datos completamente distintos en 2013, lo que amenazaba con generar un cálculo erróneo.

Para evitar una variación extrema de los cálculos, se recurrió exclusivamente a los registros de las procuradurías estatales, de las cuales dependen en su mayor parte los servicios médicos forenses con algunas excepciones como Puebla, Baja California y el Distrito Federal, en donde la administración de los semefos es competencia de los tribunales superiores de justicia.

El nuevo conteo arrojó como resultado central que los estados con altas tasas de violencia o en donde se han suscitado recrudecimientos de la misma son los que concentran el mayor número de cuerpos anónimos enviados a la fosa común.

Ese es el caso de Baja California, que ha visto un aumento de asesinatos en Tijuana en los últimos meses. En lo que va del año, sus forenses han remitido un total de 356 cadáveres NN a entierro sin lápida. Jalisco se halla en el segundo lugar con 156 y Chihuahua en el tercero, con 133. Al ritmo actual, este estado empatará la cifra que tuvo en 2012.

Nuevo León se ubica en cuarto sitio del listado, con 122 inhumaciones de anónimos. En el caso nuevoleonés, cabe destacar que casi una tercera parte de esa cifra pertenece a 45 torsos que fueron abandonados en el municipio de Cadereyta y que jamás pudieron ser identificados.

El caso de Michoacán es llamativo; pese a ser una de las entidades más afectadas por violencia, su procuraduría reportó sólo 11 cuerpos sin identificar en lo que va de 2013.

Zacatecas, por su lado, vio una drástica reducción en el número de cuerpos NN que llegaron a sus anfiteatros, al pasar de 91 en 2012, a sólo 20 este año.

Otros estados en los que se reportaron descensos importantes fueron Quintana Roo e Hidalgo.

Una aguja en un pajar

La investigación de este año permite ubicar, por primera vez, la locación de las principales fosas comunes de México. Hay algunas que acumulan miles de restos humanos y en donde el espacio designado a NN está al punto de saturación. Otras son pequeñas y tienen aún capacidad para recibir más cuerpos.

Lo cierto es que ahora es posible hallar la dirección de los sitios a los que los desaparecidos han sido remitidos por las fiscalías y procuradurías estatales (en milenio.com se pondrá a disposición del público la documentación correspondiente).

Uno de los estados que acumula mayor número de fosas comunes –y cuerpos sin identificar en lo global- es Chihuahua. Once fosas fueron ubicadas como parte de este reportaje, una cada una en los panteones:

• Municipal de San Rafael, en Ciudad Juárez
• Recinto de Paz, de Casas Grandes
• Municipal Número 4 de Chihuahua
• Municipal, de Delicias
• Municipal, de Rosales
• Municipal de Meoqui
• Municipal Número 3, de Ciudad Cuauhtémoc
• Municipal Eternidad, de Parral
• Municipal Número 2 de Guadalupe y Calvo
• Municipal de Ciudad Jiménez
• Municipal de Guachochi

En lo que toca a Sinaloa, el panteón al que se envían los cuerpos NN hallados en el estado se encuentra en Culiacán, en el 21 de marzo, ubicado en la calle Corneta Ramírez, sin número, entre Campanilla y San Miguel.

Baja California, por su parte, remite sus cadáveres al Panteón Municipal Número 3 de Mexicali y el Municipal Número 12 de Tijuana, en ejido Valle Redondo.

En Durango, otro estado que fue golpeado fuertemente por la violencia en el sexenio pasado, la tarea de acumular cuerpos anónimos recae en el panteón municipal Getsemaní, en el municipio de Durango. San Luis Potosí, en tanto, tiene en el panteón municipal del Saucito de la capital una fosa común para los NN.