Agencias
MÉXICO, D.F.- Un juez federal ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de Damían Gallardo y otros siete profesores integrantes de la sección 22, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), acusados de secuestrar a dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutíerrez Candiani.

Los ocho acusados fueron recluidos a penales federales desde hace ocho meses. Hoy un juez determinó que existieron violaciones al debido proceso, y ordenó la reposición del procedimiento. Con esto, en los próximos días un juez deberá dictar auto de libertad o un nuevo auto de formal prisión, según cita Milenio.

El Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, en Jalisco, determinó que existieron violaciones a garantías procesales de Damián Gallardo Martínez y siete coprocesados, al resolver el recurso de apelación 241/2013, interpuesto por la defensa.

Según el presidente de la Liga por la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (LIMDH), Isacc Torres Carmona, la resolución ordenó la revocación del auto de formal prisión de fecha 28 de mayo de 2013, y la reposición del proceso.

La juez penal federal no respetó las reglas constitucionales que rigen el procedimiento, en perjuicio de los acusados, pues no hizo saber las garantías que otorga el artículo 20 constitucional a los procesados, no dio a conocer los hechos delictivos que se les imputaban a los detenidos, ni los nombres de quienes supuestamente los acusaban, ni las personas que declaran en su contra, dijo Torres Carmona.

Principio de equilibrio

Agregó que la juez del proceso omitió dar vista a los defensores y procesados, sobre el material probatorio aportado por el Ministerio Público federal en la etapa de investigación, con el fin de garantizar el principio de equilibrio que debe regir el proceso

Torres Carmona acusó que la juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federal, con sede en Puente Grande, Jalisco, no se cercioró del cumplimiento de todas y cada una de las formalidades esenciales del procedimiento durante la preinstrucción, por lo que se violaron las reglas del procedimiento penal en perjuicio de los inculpados.

Adelantó que el Comité de familiares y Amigos de Damián Gallardo Martínez y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos exigirán al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal el restablecimiento del Estado de derechos sustentado en el respeto irrestricto a los derechos humanos y la libertad inmediata de los detenidos.

Según su versión, a los implicados se les montaron escenarios y se sembraron pruebas para incriminarlos en un delito que no cometieron.

Claves

Entre los detenidos está Mario Olivera Osorio que pertenece a la comisión organizadora del Frente Único de Lucha Social (FULS), que suple a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la cual aglutina a poco más de 100 organizaciones civiles y colectivas sociales.

También están detenidos Lauro Grijalva, director de una escuela primaria en la agencia municipal de Santa Cruz Tagobala y Sara Altamirano, quien fue precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Jalapa del Márquez.

Los Olivera, Grijalva y Altamirano, junto con otros cinco más, fueron detenidos por encapuchados en una colonia popular de la Ciudad de Oaxaca, al salir de una reunión sindical. Los subieron a una camioneta.

"Se trato de un levantón, extrajudicial, porque quienes los arrestaron no se identificaron, ni presentaron la orden del juez donde se les implicaba en el delito que se les está imputando", comentó Torres Carmona.