Agencias
MÉXICO, D.F.- El Mayor Iván Reyna Muñoz apeló la sentencia de siete años seis meses de prisión que le impuso un juez mixto, quien lo encontró responsable del delito de extorsión calificada.

Magali Araujo Regueira, esposa del mando castrense, aseguró que el proceso penal está plagado de irregularidades, por lo que el asunto será revisado por el Supremo Tribunal de Justicia de Querétaro.

Indicó a Milenio que su marido fue notificado del fallo el pasado 2 de enero, cuando el juez mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, dictó la sentencia el 16 de diciembre de 2013.

Recordó que un juez federal había otorgado un amparo al Mayor, porque no existen elementos que lo relacionen con una supuesta extorsión de 5 mil pesos, pero aún así el juzgador local determinó condenarlo.

“No hay elementos suficientes siquiera para haberlo procesado, de entrada; no había elementos suficientes para haberlo sentenciado de plano, y menos una sentencia como la que nos dio el juez”, expresó.

Araujo Regueira dijo que la acusación contra su marido está basada en el testimonio de sólo una persona, al igual como ocurrió en el proceso que se le siguió por delincuencia organizada, donde los testigos protegidos con nombre clave Jennifer y Mateo lo involucraron con el narcotráfico.

“Están condenando a mi esposo, un Mayor del Ejército que 26 años dio su vida al país por un testimonio falso”, añadió.

Cabe mencionar que el año pasado, la nueva administración de la PGR descubrió que el Mayor no tenía vínculos con el narcotráfico y que fue presionado para firmar declaraciones que nunca hizo y que involucraban con la delincuencia organizada a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas; por ese motivo la PGR se desistió de su acusación.

La condena que en estos momento enfrenta fue a raíz de una “denuncia que interpuso un ganadero” de Cadereyta, en Querétaro; de acuerdo las autoridades Iván Reyna pidió un préstamo de 10 mil pesos, pero el ganadero nunca habló con el Mayor.

Firmó bajo amenazas

La detención corrió a cargo de militares, mismos que detuvieron al secretario del militar en posesión de 5 mil pesos; el mayor sí había solicitado un préstamo porque atravesaba por apuros económicos, pero el dinero nunca se lo pidió a la mencionada persona.

Fue así que policías militares lo detuvieron y lo llevaron a una prisión castrense, de donde fue sacado y enviado a un penal de San Juan del Río, y es cuando ahí arribó personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En ese lugar,  lo amenazaron y en seis ocasiones le comenzaron a llevar declaraciones para que las firmara, mismas que involucraban a mandos militares.

El 8 de marzo de 2012, el Mayor obtuvo un amparo que ordenaba su liberación, pues no existían pruebas para acusarlo por el delito de extorsión, pero las autoridades militares y civiles federales se lo volvieron a llevar y lo trasladaron al penal del Altiplano, por los dichos que realizaron en su contra los testigos protegidos con nombre clave Jennifer y Mateo.