Agencias
MÉXICO, D.F.- El escándalo castrense más grande del sexenio de Felipe Calderón comenzó cuando militares de alto rango del Ejército fueron sometidos a juicio por acusaciones de haber brindado protección a una organización dedicada al tráfico de drogas.

El mayor Iván Reyna Muñoz, detenido en 2012, fue señalado de ser intermediario entre el cártel de los Beltrán Leyva y los generales Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, a quienes presuntamente se les pagaba por intercambio de información de inteligencia.

Dauahare y Escorcia, así como el general Roberto Dawe Gonzalez, en actividad, y el teniente coronel Silvio Hernández Soto presuntamente brindaron protección al cártel.

Los militares fueron investigados en la llamada "Operación Limpieza", que inició la Procuraduría General de la República (PGR) en ese entonces a cargo de Marisela Morales.

El pasado 4 de julio, el juez federal Raúl Valerio Ramírez, ordenó la liberación de los generales, el teniente coronel y el mayor, dentro del mismo juicio en el que ya fue liberado el General Tomás Ángeles Dahuahare.

Sin embargo, Iván Reyna siguió preso debido al proceso que se le seguía en el estado de Querétaro por extorsión.

El lunes, el juez mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, sentenció a siete años seis meses de prisión al Mayor por el delito de extorsión calificada.

De acuerdo con el proceso penal 121/2011 el militar tendrá que pagar, además, una multa de 180 días de salario mínimo y se le negó la libertad bajo caución debido a que el Código Penal del estado de Querétaro califica este delito como grave.

Esta resolución fue apelada por la defensa castrense; su esposa Magali Araujo Regueira aseguró que el proceso penal está plagado de irregularidades, por lo que el asunto será revisado por el Supremo Tribunal de Justicia de Querétaro.

Ilícito fabricado

El mayor Iván Reyna Muñoz fue acusado por algunos ejidatarios de San Juan del Río y de Tequisquiapan de exigir una “cuota” a cambio de no ser dañados.

A pesar de que la PGR determinó que el mayor Iván Reyna Muñoz no tenía vínculos con el narcotráfico, desde julio que había sigo exonerado, ninguna autoridad de Querétaro lo quería recibir en sus prisiones, por lo que hasta noviembre del 2013 permaneció el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

Magali Araujo Regueira dijo que solicitó la intervención de la Procuraduría General de Justicia Militar para que cesara la acusación contra su marido por un ilícito que fue “fabricado” por un teniente coronel y agentes de la SEIDO.

La PGR descubrió que el mayor no tenía vínculos con el narcotráfico y que fue presionado para firmar declaraciones que nunca hizo, que involucraban con la delincuencia organizada a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas.

Esta fue la primera acusación contra del militar a raíz de una “denuncia que interpuso un ganadero” de Cadereyta, Querétaro, sin embargo, la persona que resultó afectada negó conocerlo.

De acuerdo con autoridades, Iván Reyna pidió un préstamo de 10 mil pesos, pero el ganadero nunca habló con el militar.

Apuros económicos

La detención corrió a cargo de soldados, quienes detuvieron al secretario del militar en posesión de 5 mil pesos; el mayor sí había solicitado un préstamo, porque atravesaba por apuros económicos, pero el dinero nunca se lo pidió al ganadero.

Los policías militares que lo detuvieron lo llevaron a una prisión castrense, de donde fue sacado y enviado al penal de San Juan del Río. Ahí arribó personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En marzo de 2012 el mayor obtuvo un amparo que ordenaba su liberación, pues no habían pruebas para acusarlo de extorsión, pero autoridades militares y federales lo trasladaron al penal del Altiplano, a partir de los dichos que realizaron en su contra los testigos protegidos con nombre clave Jennifer y Mateo.

El pasado 9 de noviembre del 2013, el Mayor fue trasladado del penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez en el Estado de México, al de  San José El Alto, Querétaro, donde enfrentó el proceso por extorsión por 5 mil pesos.

¿Libertad bajo caución?

En julio, Reyna Muñoz, junto con los generales Rubén Pérez Ramírez, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González, así como el teniente coronel Silvio Hernández Soto, fueron exonerados de los presuntos delitos de asociación delictuosa con el cártel de los Beltrán Leyva y obtuvieron su libertad, excepto el Reyna Muñoz, por existir una denuncia en su contra en Querétaro.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Carlos Septién Olivares, informó que el juez Carlos Escalante Munguía, adscrito al juzgado ubicado en el municipio de Cadereyta de Montes, conocería del caso y determinaría si le concedía libertad bajo caución dado que el delito de extorsión, en ese entonces, no estaba tipificado en la legislación local como grave.