A. Mercado y O. Brito/Milenio
MÉXICO, D.F.- Con la aprobación de 24 congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso emitió la declaratoria de validez de las reformas constitucionales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción con el que se podrá sancionar administrativamente, aunque no en forma penal, a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

En tribuna, las diferentes bancadas llamaron a aplicar la ley una vez que se emitan las normas reglamentarias.

El perredista Armando Ríos Piter demandó que se logre un calendario con fechas específicas para emitir la legislación secundaria, toda vez que en el marco de la campaña electoral se observan día a día casos de corrupción de todo tipo.

Mencionó el caso de OHL en el Estado de México y donde se culpa al PRI, así como el caso que ventiló Milenio de la casa donde habita Marcelo Ebrard y la propuesta que hará el Partido Verde para modificar el modelo de comunicación en los procesos electorales.

Este último tema generó una discusión con el diputado ecologista Tomás Torres, quien previamente respaldó el nuevo sistema y llamó a que se legisle un mecanismo robusto.

El debate continúa mientras que la Mesa Directiva dio cuenta de que 24 estados aprobaron el sistema y se espera que en los próximos días se remitan el resto de las comunicaciones para dar validez al nuevo sistema.

Los puntos principales del sistema anticorrupción

• Servidores sí tendrán que presentar una declaración de intereses además de la patrimonial. Hacerlas públicas seguirá siendo opcional.
• Los titulares de los órganos internos de control ya no serán nombrados por el titular de la dependencia, sino por la Cámara de Diputados.
• Los órganos internos de control tendrán más facultades de revisión.
• El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionará a los servidores y particulares por actos de corrupción.
• La Auditoría Superior de la Federación podrá revisar el ejercicio fiscal en curso y anteriores.
• La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales destinados a los estados y municipios.
• No se acelera la presentación, ni revisión de la cuenta pública.
• Se especifican las sanciones a las que se podrán hacer acreedores los responsables de actos de corrupción.
• Los delitos de corrupción prescribirán a los 7 años.
• El Sistema Nacional Anticorrupción será el encargado de coordinar la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.