19 de Agosto de 2018

México

México va por conexión a internet de mejor calidad

A 24 años de la privatización de Telmex, el gobierno volverá a operar una empresa de telecomunicaciones.

Actualmente, el sector de telecomunicaciones en México se concentra mayormente en la empresa América Móvil -a la que pertenecen Telmex y Telcel. (periodicoabc.mx)
Actualmente, el sector de telecomunicaciones en México se concentra mayormente en la empresa América Móvil -a la que pertenecen Telmex y Telcel. (periodicoabc.mx)
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Ivette Tejeda/Ana Estrada/Milenio
MÉXICO, D.F.- Internet más barato, accesible y de mejor calidad: en un país donde apenas 30 por ciento de la población tiene acceso a la red, el reto y compromiso de conectar al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas, resulta en un proyecto ambicioso que implica una fuerte inversión pública y privada.

Al promulgar la Ley de Telecomunicaciones, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gran objetivo es conectar a los mexicanos a un internet de alta velocidad con precios competitivos.

México se sitúa en el último lugar de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto a promedio de interconexión de banda ancha y se ubica en el lugar 21 de 34 en costos de accesibilidad. Esto se traduce en que los mexicanos pagan un precio muy alto por un mal servicio de conexión.

En comparación con países como Estados Unidos y Brasil, el servicio de internet en México cuesta casi el doble por una conexión muy lenta. Por ejemplo, según la analista Ookla a través del desarrollo Net Index, los estadounidenses tienen una velocidad de descarga de datos de 29.9 Mb por segundo y se pagan en promedio 3.5 dólares por el servicio, mientras que en México pagan 5.15 dólares por 11.8 Mb por segundo.

Actualmente, el sector de telecomunicaciones en México se concentra mayormente en la empresa América Móvil -a la que pertenecen Telmex y Telcel-, misma que recientemente fue declarada “preponderante” por el gobierno federal, por lo que se vería obligada a compartir toda su infraestructura con el propio gobierno y distintos prestadores de servicio. Sin embargo, para evitarlo, la empresa dirigida por Carlos Slim anunció que se “dividiría” en distintos activos y abriría sus puertas a inversionistas.

Sin embargo, deshacer los monopolios es sólo una parte del plan que tiene el Estado para reducir la brecha digital en el país.

La mayor fortaleza de la nueva ley de telecomunicaciones es la banda ancha de 700 MHz misma que, según la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, dará acceso a una conexión más rápida, sino que también habrá cobertura en comunidades rurales, se disminuirá el impacto ambiental y será otra oportunidad de ingresos para el gobierno.

El primer paso para comenzar con el proyecto de la banda ancha es recuperar el espectro radioeléctrico que utilizan las televisoras y las radios en el país para hacer llegar su señal a toda la población.

Los concesionarios tendrán que devolver al Estado la frecuencia y emitir sus contenidos únicamente de manera digital, un cambio conocido como “apagón analógico”, mismo que comenzará a finales de este año y concluirá en diciembre del 2015.

Con este apagón, el gobierno federal prevé recuperar 108 MHz de los 700 que planea operar para crear una nueva empresa de telecomunicaciones. Sin embargo, desde un inicio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dejó claro que el Estado sólo aportará 39 millones de pesos (30 por ciento) de un total de 130 millones de pesos que costará el desarrollo de la infraestructura de este nuevo servicio. Por esto, se lanzará una licitación en la que invitará a la iniciativa privada a invertir en el proyecto a través de una alianza público-privada (APP).

Así, con participación del Estado y las empresas capaces tanto técnica como financieramente, según el decreto aprobado por las Cámaras de Diputados y Senadores, la infraestructura de la banda de 700 MHz debe quedar lista antes de finalizar el año 2018 para que pueda entrar en operación inmediatamente.

Al mismo tiempo que se da este cambio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la SCT publicarán un calendario en el que indiquen las fechas para comenzar con la construcción e instalación de la banda ancha.

Pero el hecho de que empresas privadas aporten en el desarrollo de infraestructura, no significa que estas operarán la red.

“Los que están como operadores particulares no podrán ya estar ahí, esta es una operación puramente estatal en su funcionamiento, pero que para la infraestructura puede asociarse con los privados”, explica el senador panista Fernando Torres Graciano, integrante de dos de las tres comisiones que votaron por la reforma.

Aún así, empresas como Movistar y Axtel ya han dejado ver su interés en el proyecto.

Julio Salinas Lombard, gerente de Comunicación Corporativa de Axtel, declaró a MILENIO el deseo de la empresa de formar parte de la APP, “nuestra empresa sí está interesada en participar en la licitación de la banda de 700 MHz; estaremos atentos a la publicación de las bases sobre las cuales determinaremos nuestra participación”, dijo.

Fantasmas de paraestatales

Para los expertos de telecomunicaciones, el que el Estado quede como operador en la red más importante para internet recuerda los fantasmas de la mala administración que el gobierno ha hecho en sus empresas, no solamente en el sector de telecomunicaciones sino en general, como ejemplos están Petróleos Mexicanos, y la ahora extinta Guanos y Fertilizantes.

“En un movimiento de mirar hacia atrás y posicionarse en el futuro, el gobierno ignoró una desastrosa historia de redes de telecomunicaciones en manos del estado y se metió en el mercado de una forma no vista desde que privatizó Telmex en 1990”, escribió Scott Wallsten del Instituto de Políticas Públicas de Tecnología en el diario Financial Times.

Además, Ernesto Piedras, director general de la consultoría The Competitive Intelligence Unit (The-Ciu), advierte que México será el único país del mundo en que la banda más importante para mejorar la conexión de internet se maneje bajo un esquema de inversión privada y pública donde el estado sea el operador único de la red.

Ante esto el investigador advierte que en Australia tuvo lugar un proyecto similar y no funcionó, “se dio un esquema parecido, pero fue muy fallido, se dio de baja cuando empezó a tener problemas”, comenta.

El gobierno asegura que no ocurrirá lo anterior. En la reforma a la Ley de Telecomunicaciones asentó que se operará  con obligaciones de cobertura, calidad y precio que determine el IFT, el cual tiene como mandato presidencial facilitar que los consumidores puedan acceder a conexiones baratas y que la red llegue incluso a las zonas rurales de  difícil acceso en el país, esto con miras hacia la cobertura universal.

Aunque sin lugar a dudas en la teoría es un proyecto el cual el gobierno está teniendo cuidado al construir, hay otras dudas que permanecen en el aire, como el riesgo de que haya un conflicto de intereses, al ser el gobierno juez y parte si se presentara algún problema ante el órgano regulador del sector (el IFT).

“La preocupación de que la red va a recibir un tratamiento especial, ya sea a través de subsidios directos o protección del regulador, puede desalentar a los competidores a invertir”, señala Scott Wallsten, en su columna invitada en el Financial Times.

Precios competitivos

Para garantizar la cobertura en espacios públicos, comunidades rurales y lugares de difícil acceso en todo el país, se establecerá una operadora conocida como Red Pública Compartida Mayorista que estará a cargo únicamente del Estado.

Esta operadora tendrá a su disposición un total de 90 MHz y también deberá pagar derechos por el uso de la red, aunque a un precio menor por MHz utilizado que las empresas privadas que llevarán el servicio de internet, televisión digital y telefonía a los usuarios finales.

De los 610 MHz restantes, mismos que se subastarán entre empresas privadas para llevar los servicios a la población, será el IFT el responsable de lanzar la licitación y elegir a los prestadores de servicios que presenten una mejor propuesta que garantice precios competitivos para los usuarios finales, es decir, para todos los mexicanos que deseen contar con servicio de internet, teléfono y televisión en sus hogares.

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