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IRAPUATO.- Un médico del Hospital General de Zona 2 en Irapuato fue separado de sus funciones y es investigado tras el fallecimiento de una mujer embarazada y de su producto.

María Reyna Cisneros Sánchez, de 26 años, acudió a este hospital el viernes con contracciones, al término de su embarazo. Sin embargo, permaneció varias horas sin ser atendida. Le dijeron que le iban a practicar una cesárea porque la bebé era grande. Pero pasaron las horas y no la ingresaban al quirófano.

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El sábado en la madrugada ya no sentía los movimientos de su hija en el vientre, así que se comunicó con su mamá, quien cerca de las siete de la mañana ingresó al hospital para exigir que María Reyna fuera atendida, pero fue sacada por la fuerza, de acuerdo con lo que expusieron sus familiares.

El médico de turno remitió a María Reyna a un sanatorio particular, donde fue revisada pero ya no la ingresaron, al detectar que el producto había muerto.

La familia de la joven se enteró de esto cuando personal del sanatorio particular la regresó al hospital del IMSS y reclamó a los médicos que la hubieran sacado en esas condiciones y con el bebé sin vida.

Un tío de la joven acudió al Ministerio Público para denunciar al personal del hospital por presunta negligencia médica. El hombre refirió que su sobrina, quien laboraba como él en una empresa japonesa, llevó el control médico de su embarazo y no se le había detectado problema o riesgo alguno.

Cuando regresó al hospital, le informaron que María Reyna también había muerto. Por estos hechos, inició una carpeta de investigación en el área de homicidios de la Subprocuraduría de Justicia de la región B con sede en Irapuato. Este martes, la delegación estatal del IMSS informó que inició una investigación por la presunta negligencia.

De entrada, determinó “separar de sus funciones al personal médico responsable de la presunta negligencia, para garantizar una investigación a fondo”, indicó.

Se pudo conocer que un médico que estaba de guardia el viernes cuando se dio el ingreso de María Reyna es señalado como presunto responsable y por ello fue suspendido.

“El Instituto colabora con las autoridades correspondientes proporcionando toda la información que requieran para deslindar, en su caso, las responsabilidades legales”, según un comunicado del delegado, Sergio Santibáñez, en el que también se afirma que “se toman medidas y se instrumentan acciones para garantizar que casos de este tipo no se repitan”.

En tanto, la Procuraduría estatal de los derechos humanos inició el expediente de queja 152/18-B, y una vez que ésta sea ratificada por los familiares, se turnará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se continúe con una investigación.