24 de Septiembre de 2018

México

México, sin ratificar derechos de trabajadores del hogar

El proceso para beneficiar a más de 2 millones de empleados ha sido lento debido a la falta de voluntad política.

En el país, entre 4 y 12% de la población asalariada pertenece a este sector; 80% son mujeres adultas. (Milenio)
En el país, entre 4 y 12% de la población asalariada pertenece a este sector; 80% son mujeres adultas. (Milenio)
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Agencias
MÉXICO, D.F.-  A tres años de que la Organización Internacional del Trabajo aprobara el convenio para reconocer los derechos laborales de los trabajadores del hogar, el gobierno de México sigue sin ratificarlo, según el portal web de Milenio.

Sin embargo, durante la asamblea mundial de la organización en 2011, el Estado mexicano jugó un papel decisivo en la aprobación del acuerdo 186, al que todos los países miembros están obligados a adherirse.

Durante el sexenio presidencial de Felipe Calderón, dependencias federales y autoridades locales no lograron consolidar un dictamen que fuera presentado al Legislativo, figura que tiene a su cargo la ratificación.

“La OIT había tenido especial interés desde hace ya varios años, tomando en cuenta que a escala mundial hay por lo menos 50 millones de trabajadores, y en un país como México podrían oscilar entre 4 y 12 por ciento de la población asalariada.

“Pero 80 por ciento son mujeres adultas o menores y muchas de ellas migrantes que se encuentran en una situación de total vulnerabilidad”, señaló el embajador Juan Manuel Gómez Robledo.

El cambio de gobierno federal y la renovación de la legislatura en el Senado pararon el trabajo que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la obligación de México para suscribir los tratados y convenios internacionales.

Actualmente, la administración de Enrique Peña Nieto realiza consultas a todas las dependencias federales que serán las encargadas de garantizar su aplicación, ya que al momento de ratificar el convenio, éste adquirirá un rango constitucional y generará nuevas obligaciones.

“Al momento de su aprobación será obligatorio realizar modificaciones, porque el convenio adquiere rango constitucional, pero se tienen que revisar la Ley Federal del Trabajo y los dos apartados que se refieren al trabajo doméstico para que se puedan homologar sus derechos”, explicó Ricardo Bucio, presidente de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En este sentido, Gómez Robledo, también subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, manifestó su confianza en que durante el próximo periodo ordinario de sesiones, el Senado finalmente pueda recibir el dictamen del Ejecutivo y se apruebe.

No obstante, Bucio aseguró que en México prevalece una omisión y tardanza para enfrentar una problemática que incluso ha incurrido en el incumplimiento de lo poco que se encuentra en la legislación laboral.

“Hay una omisión de la autoridad desde hace décadas para regular la relación obrero-patronal entre empleadores y trabajadores del hogar. El Estado regula todos los tipos de empleo que hay y debería regular éste por ley, pero no lo hace y esta omisión ha producido un incumplimiento de lo que hoy dice la ley, que, aunque es limitado, sí establece ciertas obligaciones”, puntualizó.

Asimismo, Gómez Robledo y Bucio coincidieron en que el reconocimiento de los trabajadores del hogar es un elemento que ha quedado pendiente en la legislación mexicana, donde los más de 2 millones de personas que se estima desempeñan esta forma de trabajo no son reconocidas por la ley como trabajadores sujetos a beneficios y derechos.

Al destacar la importancia del convenio, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, lamentó que el proceso sea lento y tardío para millones de familias que ven su sustento en las trabajadoras del hogar, pues a pesar de que México está listo para enfrentar estas nuevas obligaciones, ha faltado voluntad política para concretarlas.

“Ya estamos muy tarde, porque por desgracia miles de familias que han tenido una trabajadora doméstica como única entrada de dinero ya no tendrían los beneficios de este convenio, no tendrán la misma repercusión de una reforma laboral que ahora sí beneficiaría e impactaría de manera muy positiva a las trabajadoras actuales”, puntualizó.

Gómez Robledo indicó que el visto bueno de las dependencias federales representa el compromiso de cumplir con las obligaciones que se adquieren y realizar las reformas legislativas que se requieran.

Escasa presión social

“No hay la suficiente presión social para que esto llegue al Senado, hay dos o tres ONG muy valientes, pero son muy pocas; no tienen la visibilidad que tienen otros temas; aun así yo confío en que lograremos llevarlo al Senado y habrá que ver que ahí no duerma el sueño de los justos, que se ratifique y que finalmente se aplique”, manifestó el embajador.

Las secretarías de Trabajo, Gobernación y Relaciones Exteriores, junto con el Conapred e Inmujeres, han sido las únicas que han dado el visto bueno a dicho convenio, por lo que resta que el Instituto Mexicano del Seguro Social defina su postura al respecto y con ello el Ejecutivo envíe el dictamen final al Senado para su aprobación.

Sin embargo, todos coincidieron en que el factor cultural es el principal obstáculo que este tratado ha tenido que enfrentar al interior de las dependencias, y será un elemento que continuará dentro de las discriminación e invisibilidad en que se encuentra este sector de la población.

“Hay países que hace 50 años hicieron estas modificaciones y en la ultima década lo han hecho países como Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Argentina y hasta Filipinas; hoy en día hay un movimiento, pero es un proceso atrasado en todo el planeta”, concluyó el titular del Conapred.

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