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CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 70 por ciento de la madera que se consume en México tiene origen ilegal y se beneficia de un contexto de amplia impunidad, señaló la especialista Leticia Merino Pérez.

Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció que ‘los decomisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alcanzan apenas 30 mil metros cúbicos de madera, frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente”.

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En sesión del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), dedicada a los bosques en crisis, Merino Pérez expuso la necesidad de conservar estos ecosistemas, que están en franco deterioro.

A través de un comunicado se informó que más del 60 por ciento del área forestal es propiedad social, de ejidatarios y comuneros que representa el sustento de decenas de miles de familias campesinas y alberga una alta diversidad biológica.

A nivel social, las comunidades rurales dueñas de territorios forestales juegan un papel central en la conservación de bosques y selvas. “Su labor es relevante en el control de incendios y plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal”, dijo Leticia Merino Pérez.

La experta aseveró que alrededor de dos millones de hectáreas de bosques, que representan el 25 por ciento de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de zonas que las comunidades definen como áreas de conservación.

https://t.co/MkBY9XGFJX México es un país con gran diversidad; sin embargo, gran parte de ello se ve en peligro por la constante tala de árboles que existe. Esto significa un riesgo no sólo para la flora y fauna de las zonas, sino que para nosotros también ¿Está claro? @TonyGali pic.twitter.com/QpkfaDRpoE

— Pame Tajonar (@TierraBaldia1) 9 de marzo de 2018

Existe un enorme potencial. Se debe involucrar a las comunidades rurales que viven en esos entornos, por ser quienes conservan el 25 por ciento de las denominadas áreas bajo aprovechamiento, remarcó.

Merino Pérez alertó que “el clandestinaje forestal tiene fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales”. La producción y comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación pesada y costosa, pero también por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales.

Respecto al tema de las áreas naturales protegidas (ANP), opinó que se debe avanzar hacia una cogestión y permitir esquemas de producción que sean compatibles con la biodiversidad en las áreas de amortiguamiento, “para que la gente local recupere los derechos de control y de decisión, y los comparta con las reservas protegidas de manera más significativa”.

Con información de Televisa.