Alejandro Domínguez/Milenio
MÉXICO, D.F.- Salvador Maldonado, investigador de El Colegio de Michoacán, considera que el problema central de Michoacán es que no se ha definido a quién se le encargará la seguridad de la entidad.

Maldonado, experto en temas de violencia en la región y autor del libro Los márgenes del Estado mexicano, territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán, detecta que los enfrentamientos de esta semana ocurridos en Apatzingán y el de diciembre pasado en La Ruana son el desenlace de la problemática de seguridad por la que aún pasa Michoacán.

En entrevista con Milenio explica que los hechos ocurridos como el enfrentamiento de la fuerza rural encabezada por Hipólito Mora y el grupo de Simón El Americano, o los de esta semana entre fuerzas federales y civiles armados, reflejan un problema de seguridad pública no un problema entre grupos como el comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo, ha expresado.

"Son un problema de seguridad pública, en el que el problema es quién va a gestionar la seguridad", dijo.

Con la intervención federal en Michoacán se institucionalizó a las llamadas autodefensas para transformarlas en fuerza rural, cada grupo debía proteger a su comunidad con las armas y vehículos previamente registrados y no podrían salir de esas zonas armados.

Además se integró un grupo de 250 personas, conocido como G 250, que sí podría movilizarse por el estado y que estaría encargado de realizar labores de inteligencia y rastreo de los líderes del crimen organizado, incluido La Tuta. A la par se formarían nuevos policías municipales que cumplieran con controles de confianza para irlos integrando a las labores de seguridad municipal.

Maldonado señala que a casi un año de iniciada la estrategia federal en el estado "faltan varias cosas por hacer, pondría el acento en que a partir de estos acontecimientos hay que replantear, repensar a qué actores se les va a encargar la seguridad porque si será al Ejercito y a la Policía Federal hay que construir un plan que no sea solo de contención, sino de distención y generar condiciones de largo plazo, lo que está ocurriendo es que se está conteniendo la violencia otra vez, no previniendo".

Ante los recientes enfrentamientos, desde la Secretaría de Gobernación se ordenó la intervención del Ejército y la Policía Federal en el municipio de Apatzingán y las comunidades de La Mira y La Ruana. Prohibiendo así la fuerza rural y cualquier tipo de civiles armados.

"Vamos a ver la seguridad otra vez en manos del Ejército, el retorno de la Policía Federal en acciones de contención pero no de construir nuevos modelos de seguridad", explica.

Señala que por la forma en que se fueron dando los últimos acontecimientos, parece que hubo una serie de incumplimiento de pactos, de acuerdos, de negociaciones con los grupos de exautodefensas y fuerza rural que están cayendo en una ambigüedad, "respondiendo de una manera que demuestra que no quieren quedar desprotegidos".

Recuerda que los primeros días de diciembre venció el plazo para el Grupo 250 que estaba encargado de labores de fuerza rural en todo el territorio michoacano y que no se conocía con precisión quiénes lo integraban pero al que Simón El Americano pertenecía.

"(Al G 250) se terminaban sus credenciales para formar parte de la policía, de la fuerza rural. Grupos que forman parte o son aliados del G 250 no aceptaron los términos formalmente establecidos, ni que ya no podrían participar en las labores de seguridad, ni que no hayan pasado los exámenes de control de confianza", dice.

Esta situación desencadenó bloqueos en los accesos carreteros de siete municipios como protesta por las medidas de desintegración del G 250.

"Días después ocurren los acontecimientos en La Ruana. Se dice que El Americano dirigía a los G 250, que quedarían en este tipo de ambigüedad", detalla.

Para Maldonado, la estrategia del gobierno federal implementada desde hace casi un año ha cambiado y en vez de generar mejores condiciones en el mediano plazo para sus habitantes se concentró en la construcción de una fuerza policiaca que aún es ambigua.

"La mal llamada infiltración (en los grupos de autodefensa), era que habían grupos que actuaban y tenían capacidades de reacción más rápida y coordinada que las propias estrategias del gobierno. Había grupos que neutralizaban a las fuerzas rurales, que no las dejaban operar. El problema no era el control de la fuerza rural, sino que había grupos externos que no las dejaban operar u operaban bajo condiciones limitadas".

Detalla que con la institucionalización de las autodefensas y en estos primeros meses de la estrategia hubo falta de recursos, lo que no permitió que se reflejaran los resultados esperados.

"Hubo varios problemas con los uniformes, la infraestructura, la educación. Un modelo policial no puede generar por sí mismo condiciones de pacificación, se necesitan muchas cosas más. Bajaron recursos muy tarde, ponían muchas trabas para los programas, esto dio muchas consecuencias en términos negativos de la capacidad operativa que podía tener un gobierno federal en el estado", dice.

Maldonado señala que la vida cotidiana de los michoacanos sigue teniendo muchos problemas, los apoyos del gobierno no han llegado tan rápido como se había prometido, lo que ha generado mucho desencanto en la población.