Agencias
MORELIA, Michoacán.- En sólo hora y media, entre golpes a activistas defensores de los animales y consignas contra las corridas de toros, la mayoría de la 72 legislatura del Congreso del Estado declaró a la charrería y a las corridas de toros como patrimonio cultural inmaterial del estado de Michoacán.

El dictamen con proyecto de decreto se mantuvo en secreto hasta una hora antes de iniciar la sesión de ayer para evitar el debate de lo que los propios legisladores consideraron un albazo y un yerro al vincular la charrería y la fiesta brava, según datos publicados por Milenio.

El asunto fue el primero de la orden del día y, aunque al aprobarse nadie pidió que se retirara, en cuanto fue aprobada iniciaron los reclamos hacia la presidencia de la Mesa Directiva por parte de algunos legisladores como Juan Carlos Orihuela del PRI y Cristina Portillo del PRD, pidiendo que se suspendiera la sesión hasta en tanto no se les girará el contenido de la orden del día para conocer de los asuntos que iban a tratar.

En medio del desorden se dio inicio a la lectura de la propuesta de decreto presentada por los diputados del PRI integrantes de la Comisión de Cultura y Artes del Congreso del Estado, Santiago Blanco y Salvador Galván, y avalada por el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Martínez y el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Fidel Calderón, cuando intentaron ingresar al recinto legislativo los inconformes.

Fuera de control

Al grito de "corrida de toros, vergüenza nacional", los integrantes de diversas asociaciones protectoras de animales colgaron mantas desde el balcón del salón de sesiones y cuando intentaron tomar la tribuna, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso, ordenó cerrarles la puerta, acción en la que se propinaron algunos golpes a los activistas, la mayoría, mujeres.

Martínez perdió el control de lo que quiso ser un debate de parte de diputados del PRI como Marco Trejo y Juan Carlos Orihuela, los perredistas Eleazar Aparicio, Cristina Portillo y Selene Vázquez y la panista Gabriela Ceballos, quienes insistían en regresar a comisiones el dictamen para dividirlo en dos, uno para la charrería y otro para las corridas de toros.

Argumentaron que era una trampa unir ambas actividades en un solo decreto y estaban de acuerdo en que la charrería es un patrimonio nacional, pero no la tauromaquia, pero como respuesta únicamente la premura de la mayoría de los diputados del tricolor hacia la Mesa Directiva para someter a votación el dictamen.

La votación fue una de las pocas que los diputados emitieron libremente al quedar 18 a favor, 10 en contra y 4 abstenciones, ante la ausencia de 8 legisladores.