Agencias
MÉXICO, D.F- La Secretaría de Marina (Semar) informó que pagó un millón 498 mil 844 pesos por la adquisición de nueve equipos de videovigilancia marca Digital Ally, para equipar sus camionetas.

En cumplimiento a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), entregó también la versión pública de las facturas por la adquisición de dicho equipo, del contrato de compra venta y del estudio de mercado, dio a conocer Milenio.

Además, dio a conocer el modelo de las cámaras, el costo, las fotografías y los datos de las empresas.

En un comunicado, el IFAI mencionó que un particular solicitó a la Semar dicha información, y la dependencia respondió que la información solicitada se encontraba clasificada como reservada y confidencial, con fundamento en Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

Argumentó, entre otros asuntos, que la difusión de esa información podría causar un daño a las actividades que realiza en contra de la delincuencia organizada y a las acciones implementadas para proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática y la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación.

El particular presentó un recurso de revisión, y en el análisis del caso el IFAI determinó que no se advierte cómo el otorgar acceso a dicha información pueda comprometer la defensa nacional, poner en peligro las misiones generales de la Armada de México y la integridad, permanencia y seguridad del Estado mexicano.

No atenta contra la seguridad

Expuso que las acciones de la Semar para la defensa y seguridad nacionales no se basan un equipo de videograbación, cuyas características son públicas, sino en otras variables como la ubicación geográfica, el armamento utilizado, el número de elementos, estrategias, planes.

Por lo cual, determinó revocar la respuesta de la Semar y le instruyó entregar al particular las facturas, el contrato de compra venta, el estudio de mercado, el modelo de las cámaras, el costo, las fotografías y los datos de las empresas con las que se celebraron dichos contratos.

En caso de que los documentos contuvieran datos de carácter confidencial, la Semar debería entregar las versiones públicas correspondientes.