Agencias
IGUALA, Guerrero.- Expertos forenses mexicanos recuperaron los restos calcinados de 28 personas de una fosa clandestina a las afueras de esta ciudad, donde la policía se enfrentó con manifestantes estudiantiles hace una semana, dijo el domingo el procurador del estado de Guerrero.

Iñaky Blanco indicó que los cadáveres estaban muy descompuestos para ser identificados inmediatamente y que no se atrevía a confirmar si alguno de los cadáveres correspondía a algunos de los 43 estudiantes universitarios que se reportaron como desaparecidos después de la confrontación con la policía.

En una rueda de prensa celebrada en Acapulco, dijo que hay que esperar a que se realicen las pruebas genéticas de los restos, lo que podría tomar de dos semanas a dos meses.

Blanco dijo que una de las 30 personas que habían sido detenidas por la represión de la manifestación estudiantil dijo a los investigadores que 17 de los estudiantes fueron llevados al lugar donde se encontraron las fosas y que allí los asesinaron. Pero precisó que no habían confirmado el relato de este detenido con otras fuentes.

La policía estatal y los procuradores han estado investigando casos de mala conducta de la policía de Iguala tras los incidentes violentos ocurridos el pasado fin de semana que culminaron con la muerte de seis personas baleadas y más de dos docenas de heridos, indica la agencia AP.

Los investigadores dicen que en un vídeo aparece la policía llevándose una cantidad indeterminada de manifestantes estudiantiles tras los choques.

Veintidós funcionarios fueron detenidos poco después de las confrontaciones, y Blanco ha dicho que siete de otras ocho personas detenidas en los últimos días eran miembros de una banda de crimen organizado.

Blanco dijo el sábado que algunos de los detenidos habían proporcionado pistas clave que condujeron a los investigadores a las fosas comunes localizadas en una colina aislada a las afueras de una barriada de Iguala, a 200 kilómetros al sur de la capital.

Se trataba de unos enterramientos "profundos y recientes", dijo un funcionario que estuvo en el lugar y que habló con la AP a condición de mantener su identidad en el anonimato porque no está autorizado a dar declaraciones.

Añadió los cuerpos estaban "completamente carbonizados"; algunos incluso "sin ningún tipo de tejidos".

El domingo por la mañana familiares de 37 de los jóvenes desaparecidos ya habían proporcionado muestras de ADN que se utilizarán para determinar si los restos recuperados pertenecen a alguno de los estudiantes, informó el abogado Vidulfo Rosales, quien representa a las familias.

Según explicó el procurador, los asesinos abrieron las fosas en una zona muy agreste en las faldas de un cerro a dos kilómetros de cualquier camino, pusieron una cama de ramas y troncos, colocaron encima los cadáveres y luego los prendieron fuego después de rociarlos con alguna sustancia inflamable.

Nueve expertos del equipo argentino de antropólogos forenses colaborarán con las autoridades mexicanas en el proceso de identificación de los cadáveres, que puede tardar de 15 días a dos meses, añadió Blanco, pues los cuerpos fueron calcinados.

Algunos de ellos fueron encontrados enteros pero otros estaban fragmentados, detalló el funcionario.

Mientras los investigadores trabajaron en el lugar, unos 2.000 manifestantes bloquearon la mañana del domingo una carretera principal que comunica a Ciudad de México con la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, para pedir justicia.

El gobernador estatal, Ángel Aguirre, dijo el sábado que las víctimas halladas en las fosas habían sido "salvajemente masacradas", pero evitó especular sobre quiénes serían.

La extracción de sangre para las muestras genéticas comenzó a realizarse desde el 28 de septiembre, antes del hallazgo. El abogado Rosales explicó que los restos encontrados permanecían el domingo por la mañana en el servicio forense de Iguala, pero que se habían enviado muestras a Chilpancingo para corroborar los datos genéticos.

Blanco, procurador del estado, reveló el sábado que nuevos detenidos por los sucesos de Iguala fueron los que les indicaron la ubicación de las fosas.

En total hay 30 detenidos, 22 de ellos policías locales, varios de los cuales "son parte de la delincuencia organizada" y en concreto del grupo denominado Guerreros Unidos, señaló Blanco, quien añadió que se está intentando localizar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a través de todas las procuradurías del país y con apoyo de la Interpol.

La Procuraduría General de la República asumió el sábado la investigación tanto de la desaparición de los 43 estudiantes como de los trabajos de identificación de los cadáveres de las tumbas clandestinas, en los que también colaboran expertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Esta entidad tiene abierta su propia investigación por "violaciones graves de derechos humanos" como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. En un comunicado, recordó que desde 2013 había alertado que la seguridad en Guerrero pasaba por un momento "delicado", no sólo por el número de delitos sino también "por la ausencia de estrategias adecuadas para el combate de la inseguridad".

La violencia es una constante en Guerrero, ubicado en una región muy pobre, de gran activismo social y que varios cárteles de la droga se disputan.

En la protesta se leía una pancarta que decía "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", mientras bloqueaban intermitente y pacíficamente la carretera que une la Ciudad de México con el puerto de Acapulco a la altura de Chilpancingo.

"No confiamos en el Gobernador"

"No son ellos a los que encontraron; desconocemos dónde los tengan, pero no son ellos. No confiamos en el gobernador Aguirre, sólo dice mentiras", declaró la AP el padre de uno de los desaparecidos, que no quiso dar su nombre por motivos de seguridad. "Tenemos miedo, por eso no queremos dar nombres ni nuestros ni de los muchachos".

El gobernador Aguirre pidió a los guerrerenses mantener la calma para evitar violencia y garantizó que los culpables de los asesinatos serían castigados.

Sin embargo, el sábado por la noche jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron hasta la residencia del gobernador en Chilpancingo, donde lanzaron algunas bombas molotov y voltearon un vehículo después que las autoridades estatales les dijeran que no podían autorizarlos a ir al lugar de las fosas y tratar de ver los cuerpos para intentar determinar si son los de algunos de sus compañeros desaparecidos.