Agencias
MÉXICO, D.F.- La Asamblea Plenaria de Presidentes de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura aprobó en Chile el Protocolo Iberoamericano para Garantizar la Seguridad de las y los Juzgadores, el cual contiene principios, mecanismos y buenas prácticas propuestos por 12 países de la región.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que el protocolo fue presentado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezado por el ministro Juan Silva Meza, y el consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, de acuerdo con un comunicado.

Al documento final, precisó, se incorporaron aportaciones de representantes de los poderes judiciales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay.

Para garantizar la seguridad de las y los juzgadores se propone la puesta en marcha de sedes judiciales adecuadas y seguras, así como la creación o fortalecimiento de un órgano interno especializado encargado de elaborar diagnósticos y protocolos de seguridad.

Dicho órgano tendrá también la función de detectar posibles puntos de riesgo y diseñar y aplicar planes estratégicos de seguridad institucional, así como programas de protección permanentes y emergentes, que deben extenderse al núcleo familiar de los afectados.

El protocolo sostiene que la independencia de las y los impartidores de justicia incluye también el blindaje de otras garantías judiciales como la aplicación y fortalecimiento de la carrera judicial, entre otros.

También recomienda la creación o fortalecimiento de vocerías judiciales o gabinetes de comunicación en los poderes y órganos judiciales, la capacitación de los comunicadores en la terminología jurídica así como la relación de los juzgadores en los medios de comunicación.

Integridad y medidas de protección

Para proteger la integridad de las y los jueces, el protocolo propone promover el respeto al criterio jurisdiccional con medidas que sancionen las quejas o acusaciones infundadas contra juzgadores, para establecer un sistema de evaluación efectivo.

En tanto, para establecer las medidas de protección, precisa el documento, se deben coordinar acciones con los órganos de seguridad del Estado para intercambiar información de inteligencia, apoyo de equipo y estrategias policiales para garantizar la seguridad de los juzgadores.

Las medidas de seguridad deberán estar regidas por los principios de necesidad, celeridad, oportunidad, proporcionalidad y reserva de información.

(Con informacion de Milenio y Notimex)