Nadie lo acusa, pero está preso

Inculpan por extorsión a un militar, pero el afectado dice no conocerlo.

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Apesar que al mayor Iván Reyna Muñoz se le determinó no tener vínculos con el narcotráfico aún no sale libre. (Archivo SIPSE)
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Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- A pesar de que la PGR determinó que el mayor Iván Reyna Muñoz no tiene vínculos con el narcotráfico, ninguna autoridad de Querétaro quiere recibir al militar en sus prisiones, por lo que permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

Como se informó en julio pasado el Juzgado Tercero publicó el acuerdo por el que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones no acusatorias contra los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, además del teniente coronel Isidro Silvio Hernández y el mayor Iván Reyna Muñoz

Sin embargo, El militar espera que un juez dicte sentencia en el juicio que se le sigue por una extorsión de 10 mil pesos. La persona que resultó afectada negó conocerlo.

Magali Araujo Regueira, esposa de Reyna Muñoz, dijo que solicitó la intervención de la Procuraduría General de Justicia Militar para que cese la acusación contra su marido por un ilícito que fue “fabricado” por un teniente coronel y agentes de la SEIDO.

La PGR descubrió que el mayor no tenía vínculos con el narcotráfico y que fue presionado para firmar declaraciones que nunca hizo, que involucraban con la delincuencia organizada a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas.

Explicó que los otros dos militares que también fueron acusados por el supuesto delito de extorsión ya fueron exonerados, menos el mayor.

La esposa del mayor Iván Reyna Muñoz pide la intervención de Sedena para quitar la acusación

Esta fue la primera acusación contra del militar a raíz de una “denuncia que interpuso un ganadero” de Cadereyta, Querétaro. De acuerdo con autoridades, Iván Reyna pidió un préstamo de 10 mil pesos, pero el ganadero nunca habló con el militar.

La detención corrió a cargo de soldados, quienes detuvieron al secretario del militar en posesión de 5 mil pesos; el mayor sí había solicitado un préstamo, porque atravesaba por apuros económicos, pero el dinero nunca se lo pidió al ganadero.

Los policías militares que lo detuvieron lo llevaron a una prisión castrense, de donde fue sacado y enviado al penal de San Juan del Río. Ahí arribó personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En ese lugar, relató la esposa, lo amenazaron y en seis ocasiones le llevaron declaraciones para involucrar a los mandos militares.

En marzo de 2012 el mayor obtuvo un amparo que ordenaba su liberación, pues no habían pruebas para acusarlo de extorsión, pero autoridades militares y federales lo trasladaron al penal del Altiplano, a partir de los dichos que realizaron en su contra los testigos protegidos con nombre clave Jennifer y Mateo.

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