23 de Septiembre de 2018

México

¿Por qué el Ejército no intervino en Iguala?

Declaraciones de dos militares evidencian que a pesar de que sabían lo que pasaba con los estudiantes decidieron no involucrarse.

Desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala se han realizado diversas marchas para el gobierno dé respuestas sobre lo sucedido. (Archivo/Notimex)
Desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala se han realizado diversas marchas para el gobierno dé respuestas sobre lo sucedido. (Archivo/Notimex)
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Agencias
Iguala, Guerrero.- Los testimonios de dos representantes de la inteligencia militar mexicana muestran cómo el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, hizo caso omiso de manera debilerada a los acontecimientos que tuvieron lugar 26 de septiembre de 2014, el denominado 'caso Ayotzinapa'. 

"No te acerques mucho ni te arriesgues", le dijo un oficial de inteligencia a un soldado durante los ataques contra los estudiantes normalistas, en el que murieron seis personas y desaparecieron otras 43.

Las declaraciones del teniente Joel Gálvez y del soldado Eduardo Mota a la Procuraduría General de la República indican que la inteligencia militar sabía sobre la tragedia, comunica El País y publica el sitio web actualidad.rt.com.  

"Los comercios cerraron y los vecinos se refugiaron en sus casas. Durante la caza, dos estudiantes murieron a balazos, otro fue desollado y tres personas ajenas a los hechos fueron tiroteadas, al ser confundidas con normalistas. Todo, sin que los militares intentaran impedirlo", pone de relieve la publicación. 

La información llegó del denominado C-4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo), un sistema de coordinación de seguridad que también incluye a la Policía estatal y federal de México. Desde ahí, un sargento mantenía al tanto al oficial de inteligencia, quien a su vez informó a su superior, el coronel José Rodríguez Pérez, y al cuartel central de la 35 zona militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández.

Como recuerda el teniente Joel Gálvez, recibió al menos nueve llamadas. En la primera, el oficial ordenó al soldado encargado de comunicaciones y encriptación, Eduardo Mota, acudir a uno de los focos de tensión, el lugar donde la Policía municipal rodeaba un autobús lleno de normalistas e intentaba someterlos mediante gases lacrimógenos y advertencias. El agente de inteligencia tomó fotos y, tras ser conminado por su teniente a no acercarse, regresó a su batallón, según el diario.

A partir de ese momento se sucedieron las llamadas del C-4 y también las peticiones de ayuda de ciudadanos. Los militares, bajo órdenes del coronel, empezaron a patrullar la ciudad. Acudieron a los sitios donde se habían refugiado por decenas los normalistas, entre ellos, el Hospital General y la Clínica Cristina, se toparon con heridos graves, alguno al borde de la muerte, y escucharon los relatos del terror. El cuartel general fue informado.

Un paseo entre cadáveres

En su recorrido encontraron varios cadáveres. Primero, dos estudiantes tiroteados a los que ni siquiera se acercaron. Luego, los tres acribillados en el ataque al autobús del equipo de fútbol Los Avispones, que la Policía Municipal confundió con normalistas. Ya al alba, las primeras luces descubrieron el rostro desollado y sin ojos del estudiante Julio César Mondragón.

Cuarenta y tres estudiantes desaparecieron esa noche. Nunca más fueron vistos con vida. La reconstrucción oficial, rechazada por las familias, sostiene que fueron entregados por la Policía Municipal a Guerreros Unidos. A golpes, a tiros o asfixiados, fueron asesinados. Con sus cuerpos se alimentó un fuego bárbaro que aún hoy espanta a México.

Las declaraciones contenidas en el sumario muestran, cuando menos, la pasividad del Ejército. Fueron testigos de la cacería sin evitarla. ¿Por qué no intervinieron? Tanto el anterior procurador general, Jesús Murillo Karam, como el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sostienen que la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil, algo que no ocurrió esa noche, y que de haberse sustanciado habría puesto al Ejército bajo el mando del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, un peón del cártel de Guerreros Unidos. "De haber salido hubiéramos creado un problema mayor", ha sentenciado Cienfuegos.

Este argumento tiene detractores. El grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos, invitado por México a revisar el caso, ha denunciado la indefensión que sufrieron los estudiantes. "Ninguna fuerza del Estado que tuvo conocimiento de los hechos actuó en protección de los normalistas", ha señalado.

Otro punto de fricción procede de la negativa del generalato a abrir las puertas a la citada comisión para que tome declaración a los militares. "Si nuestros soldados no han sido señalados en ninguna de las averiguaciones, ¿cuál es la razón de ir a los cuarteles?", ha proclamado el general Cienfuegos. Su negativa ha soliviantado a los familiares de las víctimas. Los padres han desconfiado desde el primer momento de la versión oficial. Y ahora, cerradas las puertas del regimiento, consideran que una parte de la verdad de Iguala se les escapa.

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