21 de Noviembre de 2018

México

'Votar es votar por el crimen organizado'

Los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos reiteraron que seguirán luchando hasta encontrarlos.

El abogado de los padres de los 43 normalistas convocó a una convención nacional popular el próximo 5 de febrero. (AP)
El abogado de los padres de los 43 normalistas convocó a una convención nacional popular el próximo 5 de febrero. (AP)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Al cumplirse cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, la Ciudad de México fue el lunes escenario de diversas protestas convocadas por familiares y organizaciones sociales descontentas con la supuesta responsabilidad del Estado en los hechos y con lo que consideran una mala gestión en las investigaciones por parte de las autoridades.

Los manifestantes marcharon por las calles desde cuatro puntos de la periferia hasta concurrir en el Zócalo. Llevaban fotografías de los desaparecidos y pancartas con mensajes que exigían el regreso de las víctimas y castigo para los responsables.

Según la Procuraduría General de la República, policías municipales de Iguala secuestraron a los estudiantes el 26 de septiembre y los entregaron a miembros de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, que los mataron e incineraron.

'El pueblo de Guerrero no permitirá elecciones', aseguró el representante de los padres de los 43 jóvenes

Los manifestantes dijeron el lunes que el gobierno no ha logrado disipar las dudas sobre su versión.

"No hay pruebas que nos convenzan a nosotros de que haya sido así", dijo el estudiante Omar García.

El Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabaja con la PGR como grupo de expertos independientes avalado por las familias de los desaparecidos, informó el domingo que todavía no hay "evidencias suficientes" para vincular a los desaparecidos con el hallazgo de varias bolsas de plástico junto a un río y en las que había restos calcinados.

Los restos y el testimonio de varios sicarios detenidos ofrecen el sustento de la versión ofrecida por las autoridades mexicanas para explicar lo sucedido con los jóvenes, que desparecieron el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.

Los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban recaudando fondos y secuestrando autobuses y conductores para desplazarse a una marcha de protesta en la ciudad de México, como habitualmente hacían, cuando la policía municipal intervino contra ellos por órdenes del alcalde José Luis Abarca.

Después de varios ataques policiales que ya habían provocado seis muertes y un tiroteo en el que participaron también miembros del crimen organizado, el informe oficial de los hechos es que la policía entregó a los estudiantes a los narcos, quienes los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero cercano antes de arrojarlos a un río en la cercana población de Cocula. La versión es puesta en duda por familiares y organizaciones sociales.

Las autoridades mexicanas enviaron los restos, muy dañados por el calor, a una universidad en Austria, donde comprobaron científicamente que entre los restos hallados se encuentran los de uno de los estudiantes.

Los resultados dan credibilidad al relato de los autores confesos y los análisis científicos, pero las organizaciones sociales opinan que no existen evidencias suficientes de que los 43 desaparecidos fueron incinerados en un basurero ni para saber cuál fue el destino de los 42 no identificados.

No habrá elecciones

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzipana desaparecidos dijo "No a las elecciones", pues aseguró que "votar es votar por el crimen organizado".

De la Cruz dijo que no habrá elecciones "aunque el gobernador y Osorio Chong digan lo contrario", pues dijo, "el pueblo de Guerrero no lo va a permitir".

"Va a gobernar el pueblo con las asambleas populares (...) debemos pugnar por un gobierno del pueblo", aseveró.

Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia, convocó a una convención popular nacional, el próximo 5 de febrero en Guerrero para delinear una "agenda común que nos permita transformar este país".

"A todos los mexicanos, que no están organizados pero estamos conscientes, a todos los mexicanos que luchan hombro con hombro en esta causa (...) los esperamos en Guerrero para discutir y forjar la unidad nacional de todos lo mexicanos en una agenda común que nos permita de una vez por todas transformar este país y en contra de estas instituciones corruptas que para nada sirven ni ayudan a este pueblo", enfatizó.

Los padres de los normalistas también se pronunciaron y reiteraron que van a seguir luchando, uno de ellos dijo que al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, se le olvidó que "aunque son campesinos son seres pensantes".

Teoría no creíble

Por su parte, Omar García, estudiante de la Normal Raúl Isidro Burgos, aseguró que se tiene que replantear la estrategia para exigir la presentación de sus compañeros.

"Tenemos que empezar a hacer más que marchas (...) para impulsar la transformación de nuestro país", dijo.

Además, Los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos aseguraron que la "teoría" sobre la posible muerte de sus hijos no es creíble por parte de la PGR, por lo que reiteraron que solo creen en los dictámenes de los peritos argentinos.

Al término del mitin, los manifestantes que se encontraban en el asta bandera quemaron una figura de papel que representaba al gobierno, sin que se registrara algún incidente.

Que reconozcan la crisis

El hecho de que las pruebas de ADN sobre los restos hallados no tengan prácticamente ninguna posibilidad de ofrecer resultados debido a su mal estado, alimenta la desconfianza en el estado de quienes protestan.

Por ejemplo, Amnistía Internacional, al igual que el sacerdote Alejandro Solalinde, han pedido que el Estado investigue el papel del Ejército en los hechos.

Según testimonios de los supervivientes, miembros del 27mo batallón del Ejército entraron en la clínica donde se refugiaban estudiantes e incluso hicieron salir a algunos heridos. Ellos sobrevivieron al secuestro y desaparición de sus compañeros.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se ha mostrado siempre de acuerdo con el hecho de que el Ejército no hubiera intervenido contra la policía para evitar consecuencias aún peores.

Amnistía Internacional también ha pedido que el gobierno de Enrique Peña Nieto haga un reconocimiento público de la crisis en materia de derechos humanos que vive el país, así como un compromiso de que la respuesta a esta crisis se convierta en una prioridad de su administración.

Para Amnistía Internacional, la situación actual de México es equiparable a la de algunos países en un conflicto abierto.

(Información de The Associated Press y Milenio)

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