Rogelio Agustín Esteban/Milenio
AYOTZINAPA, Guerrero.- Alimentos, matrículas para nuevos ingresos y plazas para egresados, son las demandas por las que año con año la comunidad escolar de la normal rural Raúl Isidro Burgos se moviliza en plazas públicas, avenidas y carreteras, principalmente en Chilpancingo, Guerrero.

Cada generación está integrada por 520 estudiantes de las licenciaturas de educación básica y educación bilingüe, que forman parte de las 16 normales rurales que se crearon durante el mandato del general Lázaro Cárdenas del Río.

Ayotzinapa funciona como un internado, donde los estudiantes viven y reciben alimentos, una ración presupuestada por el gobierno federal que equivale a 50 pesos por alumno.

El requisito principal para ingresar es ser hijo de un campesino, vivir en una zona rural y ser parte de una familia con escasos recursos.

Cada egresado de la normal tiene la misión de desempeñarse en las zonas de mayor marginación de la entidad para garantizar que los sectores más desprotegidos, en el terreno social, tengan acceso a la educación.

“La relación entre Ayotzinapa y las autoridades sería tersa si parte de las raciones alimenticias no fueran manoseadas por los encargados de suministrarlas”, acusan los alumnos de la normal.

Además, cada ciclo escolar enfrentan intentos de reducir su matrícula de ingreso, situación que provoca marchas, bloqueos y, en ocasiones, las tomas de estaciones de radio.

Estigmatizados

Aunque en cada generación hay más de 500 alumnos, históricamente son dos los egresados que crearon la fama de la normal: Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres, y Genaro Vázquez Rojas, líder de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).

Ambos profesores encabezaron movimientos guerrilleros en los 70, pero también tomaron parte de la lucha social pacífica de 1960, que tras una masacre del Ejército, logró la fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero.

El 12 de octubre de 1989, tras una jornada de movilizaciones, cerca del arco principal que conduce a la normal, elementos de la policía del estado asesinaron a Manuel Huicab Huicab, alumno del tercer año.

El 11 de febrero de 1997 más de mil integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm) tomó las instalaciones del antiguo palacio de gobierno con todo y trabajadores.

Reclamaron la liberación del secretario general de la Federación de ese entonces, Macario Cruz Ventura; el gobierno estatal ofreció una mesa de diálogo, pero no garantizó la liberación del dirigente, lo que prolongó el encierro de más de 700 trabajadores en el inmueble.

El entonces secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, ordenó la intervención de la policía estatal, que implementó un desalojo que arrojó un saldo de más de 25 estudiantes detenidos. Hubo lesionados, pero no perdidas humanas.

El 14 de noviembre de 2007 la normal y la Fecsm protagonizaron la toma del Congreso estatal. Ese día se llevó a cabo un desalojo que generó la detención de por lo menos 40 estudiantes; el recinto quedó destrozado.

Al día siguiente, el secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, asumió la responsabilidad del desalojo.

Años después hubo momentos de tensión, el más crítico fue el 12 de diciembre de 2011, cuando un bloqueo a la Autopista del Sol derivó en un desalojo que provocó la muerte de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Federal y de la preventiva estatal; sin embargo, solo encarcelaron a los agentes de la policía ministerial Ismael Matadama Salinas y Rey David Hernández Flores, quienes salieron libres 14 meses después.

El pasado 26 de septiembre murieron otros tres estudiantes a balazos por la policía preventiva de Iguala.

Posteriormente, otro alumno de primer grado que estaba herido también falleció y, hasta el momento, hay 43 desaparecidos.

Desde ese día, Ayotzinapa y el gobierno de Guerrero viven otro de los momentos de mayor tensión entre ellos, donde prevalece la actuación de los cuerpos policiacos que, desde hace unos años, han sido señalados de estar controlados por el crimen organizado.