Milenio
MÉXICO, D.F.- La investigación oficial sobre la balacera en Tres Marías durante un operativo antisecuestro, que encabezó la subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Victoria Pacheco Jiménez, derivó en una "cacería de brujas" contra la Policía Federal para "congraciarse" con el gobierno de Estados Unidos.

En un informe de la Unidad de Asuntos Internos dirigido a la "superioridad" (al parecer Maribel Cervantes, comisionada de la corporación), la Policía Federal añade que el marino Fabián Molino Yera, quien conducía la camioneta diplomática que fue blanco del ataque, nunca fue citado a declarar ante el Ministerio Público, pese a que testigos lo señalan como "la persona que inició los disparos contra elementos policiales".

En el expediente de la PGR tampoco se cuenta con el testimonio ministerial de los estadunidenses Stan Dove Boss y Jess Hoods Gardner, víctimas de los delitos que se imputan a los elementos de la Policía Federal que dispararon contra el vehículo de la embajada de Estados Unidos el 24 de agosto pasado en Huitzilac, Morelos, informa grupo MILENIO.

Sin embargo, la Subprocuraduría de Control Regional sí permitió que personal de la embajada de Estados Unidos participara en la indagatoria e interrogara a testigos sin tener la personalidad jurídica de "coadyuvante".

El reporte enviado a la "superioridad" señala que fue hasta que la Unidad de Asuntos Internos aportó los resultados de su investigación, durante la cual detuvo a los federales implicados y entregó las camionetas utilizadas en el incidente, que se llegó a la "verdad histórica de los hechos" y se descartó la participación de la delincuencia organizada.

"En su obsesión por acreditar el presunto vínculo entre integrantes de la institución con el crimen organizado, las diligencias ordenadas por la representación social perdieron sentido y dirección, toda vez que se encontraban orientadas a obtener elementos de prueba que soportaran ese extremo, descartando cualquier otra posibilidad.

"Es necesario precisar que la PGR no fue capaz de sustentar tal aseveración, al no existir elementos objetivos que la corroboraran, lo que finalmente condujo a que no se alcanzara un avance real en la investigación de los hechos", agrega el informe.

Se supo que ante la falta de resultados en la indagatoria se conminó a la subprocuradora Pacheco Jiménez a que informara si podía o no con el caso. Sobre todo por la resistencia que tenía para incorporar a la averiguación previa nuevos elementos, como el secuestro de Salvador Vidal Flores Pérez, director de Protocolo del INAH, que originó el operativo en Tres Marías, que en su momento dio a conocer Carlos Marín en El asalto a la razón.

La subprocuradora conoció el testimonio de Vidal Flores el 30 de agosto (seis días después del tiroteo), pero le restó importancia y no lo integró al expediente como declaración ministerial.

Fue hasta la primera semana de septiembre cuando Pacheco Jiménez decidió tomar el testimonio de manera oficial para incorporarlo al expediente. En un par de sesiones de seis y cuatro horas la PGR conoció por fin el testimonio del servidor público sobreviviente del secuestro investigado por elementos de la Policía Federal cuando ocurrió el incidente contra la camioneta diplomática.

En esa subprocuraduría se mostró a la víctima un video del momento en que sus plagiarios utilizaron su tarjeta de crédito. Las imágenes fueron requeridas por la Policía Federal (que a través de la Unidad de Asuntos Internos ya había abierto el expediente UAI/DGII/6267/2012) y la PGR no se les proporcionó.

Intenta encubrir la verdad

En contraparte, la PF señala en su informe sobre el caso que comenzó su investigación a través de la Unidad de Asuntos Internos, que cuenta con autonomía de gestión y cuyo titular es nombrado por el Presidente de la República, para determinar las irregularidades del personal policial y llegar a la verdad histórica de los hechos.

En el informe se indica que en la PGR se ha intentado señalar que la Policía Federal tiene interés de encubrir la verdad con la finalidad de proteger a los policías involucrados, argumento que calificó de "infundado y tendencioso", pues nunca ha intentado obstaculizar la impartición y procuración de justicia.

"La Procuraduría General de la República, en su afán de congraciarse con el gobierno de Estados Unidos, comenzó una cacería de brujas contra la Policía Federal, en la que no le importó esclarecer la verdad, más bien alimentó las especulaciones tendientes a desprestigiar a la misma.

"En este contexto cabe señalar que la PGR desarrolló de manera viciada y tendenciosa su investigación, al permitir que personal ajeno a la institución participara en diversas diligencias o incluso las condujera."

Refiere que en diversas ocasiones, después de que se tomó la declaración de testigos, éstas fueron presentadas al personal de la embajada de Estados Unidos para que las revisara y, en su caso, interrogara a los involucrados.

"Lo anterior adquiere vital importancia, ya que, al permitir la participación de terceros ajenos a la investigación, sin siquiera tener la personalidad reconocida para intervenir como coadyuvantes de la autoridad ministerial, implica forzosamente que se vulneren los principios de legalidad y objetividad que debe haber en una investigación del orden penal, máxime si los terceros consideran que su nación ha sido agraviada recordando que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo".

La PF sostiene que "por el impacto mediático del tema, la PGR no llevó a cabo todas las diligencias que eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos".

Entre las diligencias omitidas señala que no haya citado a comparecer a Fabián Molino Yera, elemento de la Secretaría de Marina y conductor del vehículo diplomático en que iban dos estadunidenses.

Refiere que nunca se le cuestionó acerca de lo sucedido, "siendo uno de los actores principales, ya que fue señalado por varios testigos como la persona que inició los disparos contra los elementos policiales".

La Policía Federal añade que en caso de que se le tomara declaración al marino, dicho testimonio no tendría el mismo valor probatorio, porque al haber transcurrido tiempo "es posible que su dicho pudiera estar contaminado por hechos ya vertidos en la averiguación previa".

Destaca la disposición que ha tenido para esclarecer el caso y muestra de ello es que la Unidad de Asuntos Internos presentó una denuncia ante la PGR cuando obtuvo pruebas de hechos presuntamente constitutivos de delito por parte de policías federales.

En este caso se adjuntó copia certificada del expediente de investigación (UAI/DGII/6267/2012), además de que puso a su disposición a Ivonne Romero Moreno y José Cruz Ortega Ortega, elementos de la Policía Federal, cuyo testimonio era indispensable para la adecuada integración de la averiguación previa.

También entregó al Ministerio Público de la Federación la camioneta Chrysler Voyager verde y la camioneta Nissan Terra amarillo. Mientras que en cumplimiento a la solicitud del MP, oficio DGCAP/DG/2385/2012, cumplió la orden de aprehensión del juzgado cuarto de distrito de Morelos contra Juan Manuel Pacheco Salgado, encargado de presentar ante la PGR a 14 agentes vinculados con el balaceo.

"El papel que jugó la Unidad de Asuntos Internos adquiere especial relevancia, toda vez que gracias a la información que fue obtenida mediante su labor, así como las personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público, permitieron desentrañar lo que hasta el momento la PGR no había podido acreditar, que es la forma en que se suscitaron los hechos investigados", establece el reporte dirigido a la "superioridad".

Sin comentarios... oficiales

La PGR no emitirá, por el momento, opinión alguna acerca de un documento con opiniones atribuidas a un órgano interno de la Secretaría de Seguridad Pública.

La postura de la PGR en el caso de Tres Marías está contenida en las 25 mil 574 fojas del expediente inculpatorio con las actuaciones ministeriales de carácter técnico, jurídico y pericial entregadas por el Ministerio Público Federal a los jueces, y por las cuales otorgaron las órdenes de aprehensión contra 14 personas que intervinieron en los hechos del 24 de agosto.

fp/dua