Milenio
MÉXICO, D.F.- Un juez federal otorgó un amparo al ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas, Alejandro Muñoz Reséndiz, para que sea liberado de prisión, pues consideró que no existen pruebas de que cometió un fraude por 22 millones 586 mil 693 pesos en contra del organismo.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que el titular del juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, Jesús Alberto Chávez Hernández, resolvió el juicio interpuesto por Muñoz Reséndiz en contra del auto de formal prisión que recibió por su probable responsabilidad en el delito de administración fraudulenta.

En su fallo, el juzgador determinó que su encarcelamiento ordenado por el juez 50 penal del DF “es violatorio del principio de presunción de inocencia, pues el juez responsable inadvirtió que el Ministerio Público no acreditó el cuerpo del delito, dado que no recabó las pruebas suficientes para demostrar el perjuicio respecto del cual afirmó fue objeto el Sindicato Mexicano de Electricistas”.

“Pues tal perjuicio corresponde al resultado que requiere el tipo penal que prevé el ilícito de referencia, y para acreditar tal extremo, en el caso particular, no es suficiente afirmar que el amparista, en su calidad de tesorero del sindicado de mérito, dispuso de esa cantidad a través de 63 cheques nominativos no negociables a favor de varias personas.

“Sino que era necesario acreditar que con esa disposición de recursos se afectó el patrimonio de dicha persona moral, situación que en principio podría dilucidarse con alguna prueba que evidenciara su situación contable, que reflejara la disminución en los bienes que conforman su activo, ineludiblemente soportada con los documentos contables correspondientes, aspecto que no consta en los autos de la causa”, agregó el juez en su resolución.

Se concedió el amparo para que el juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y dictara otra en que determinara que el Ministerio Público investigador no aportó prueba suficiente que demostrara el supuesto perjuicio al patrimonio del SME y, en consecuencia, dicte auto de libertad.