18 de Julio de 2018

México

Una simple promesa los hace libres

Los presos deben ser primodelincuentes y tener sentencia por ilícitos no graves, como robo, lesiones o despojo.

Los beneficiados que obtienen la libertad deben asumir el compromiso de una rehabilitación mediante la cual evitan volver a delinquir. (Archivo/SIPSE)
Los beneficiados que obtienen la libertad deben asumir el compromiso de una rehabilitación mediante la cual evitan volver a delinquir. (Archivo/SIPSE)
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Stephanie Ochoa/Milenio
MÉXICO, D.F.- Durante el año pasado dos mil 689 presos por haber cometido algún delito menor fueron liberados gracias a cuatro mil 425 fianzas sociales, que la organización Reintegra otorgó a quienes no contaban con los recursos suficientes para salir de la cárcel.

Sonora fue la entidad donde más fianzas se emitieron, con mil 23, seguida del Distrito Federal, con 858, y Puebla, con 289. Todos fueron internos que estaban culpados por robo, lesiones, daños y despojo.

Desde el año 1994 esta fundación ha contribuido a la liberación de "personas que podrían ser sancionadas con multas distintas por haber cometido delitos de gravedad leve", aseguró Pamela Peña, directora del programa, ya que consideran que no en todos los casos es pertinente la encarcelación.

Su trabajo social avanza de la mano con Inbursa y Fundación Telmex, alianza que ha dado posibilidad a la emisión de más de 100 mil fianzas en toda su historia.

Dichos montos tienen un tope de 20 mil pesos y de acuerdo con Marisol Araiza, coordinadora de administración del proyecto Fianzas Sociales, "si se rebasa, la familia la cubre en su totalidad o si el juez acepta nosotros ponemos el tope y ellos lo demás".

Además, el Tribunal Superior del Poder Judicial del Distrito Federal (Tsjdf) firmó el año pasado un convenio con dicha alianza, que dio paso a la creación del Comité de Aval, el cual da soporte y defensa jurídica a aquellos internos que se encuentran en situación de abandono.

Una vez ubicados los posibles beneficiarios, un trabajador social o el mismo defensor tramitan su liberación y se comprometen a que no haya reincidencia delictiva.

El rango de edad de los liberados es de 20 a 45 años, también apoyan a menores de edad y mayores de 80 años

En lo que va de 2015, el Tsjdf ha apoyado 13 liberaciones de personas primodelincuentes, y en 2014 cerraron con 62 casos más.

El programa ha sido ampliado a población vulnerable, de la comunidad Lgbttti, adultos mayores, personas con discapacidad, con VIH y en tratamiento psiquiátrico.

En entrevista, Araiza señaló que aunque el rango de edad de los liberados es de 20 a 45 años, también apoyan a menores de edad y mayores de 80 años, como el año pasado, cuando se liberó a cuatro menores en el Distrito Federal.

Señaló que en promedio son cinco días desde que se solicita la liberación, hasta que se efectúa.

"El 70 por ciento va de los 20 a 45 años, hombres, pocas mujeres. Solo cinco por ciento es población femenina, y de todas las fianzas solo seis por ciento han sido personas que han incumplido con su compromiso de no volver a delinquir", añadió Araiza.

Las condiciones que Reintegra pone a quienes se apoya a nivel nacional son que no se hayan cometido "delitos contra la salud, violencia intrafamiliar, homicidio y delitos de carácter sexual en cualquier modalidad", además de que deben ser internos primerizos.

"Se ubica la situación jurídica del candidato y los montos de fianza, así como su esquema de vida. Uno de los requisitos es un aval familiar que lo va a acompañar en el proceso de cumplir las obligaciones jurídicas una vez que esté en libertad", añadió la integrante de la fundación Reintegra.

También se ha dado respaldo jurídico y económico a indígenas, aunque son la minoría. En los años recientes solo han acompañado la liberación de "siete personas indígenas grupos mayo, zapoteco, náhuatl, yaqui y zoque".

Marisol Araiza y Pamela Peña señalaron que "en el país hay mucha reincidencia, porque si fueran personas que pueden acceder a su libertad por delitos menores todos ya los hubiéramos sacado, es muy relativo".

Concluyeron que a pesar de contar con todo el respaldo del gobierno federal y de los estados, es importante destacar que el trabajo posterior a la liberación, como terapias y talleres de desarrollo personal, han sido suficientes para que los ex internos puedan reinsertarse en su vida social y emprender algún oficio que le permita vivir con dignidad.

Actualmente, con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que preside Edgar Elías Azar, se ha conseguido que en 18 entidades federativas ya esté suscrito el convenio o se encuentre en proceso de celebrarse, y en otras 16 ya se ha solicitado información respecto al mismo.

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