Fernando Damián/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Dos mil 600 empresas patito de seguridad privada operan en todo el país sin registro ni personal certificado, contra las tres mil 400 que lo hacen debidamente acreditadas y sujetas a regulaciones municipales, estatales y federales, que en algunos casos obligan a sus elementos a pasar por el polígrafo, exámenes toxicológicos y de control de confianza.

Las empresas irregulares representan 43 por ciento de un total de seis mil dedicadas a servicios de vigilancia y escoltas, binomios caninos, traslado de valores y seguridad electrónica, entre otros.

Así lo advirtieron Roberto Rivera Mier, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp), y el legislador panista Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, al subrayar la urgencia de una legislación única en todo el país para garantizar un control sobre dichos servicios.

“Estamos hablando de unas seis mil empresas que operan a lo largo y ancho del país, y con base en la información de la Dirección General de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad, apenas tres mil 400 están reguladas”, puntualizó Rivera Mier.

Detalló que la tercera parte de los proveedores de seguridad privada autorizados operan en todo el país y las dos terceras partes restantes solo cuentan con algún permiso estatal.

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El diputado Jorge Ramos reconoció a su vez la existencia de un “desorden normativo” en la materia que dificulta a las empresas regulares atender los múltiples requisitos en los diversos órdenes de autoridad y al mismo tiempo fomenta la irregularidad.

“Hay muchas empresas patito, como se les llama, que están operando en estados y municipios del país, y es un tema delicado, porque tiene que ver con escoltas privadas, con seguridad privada al interior de los bancos y de algunas empresas grandes, y es un tema que queremos regular a profundidad”, remarcó.

En entrevista, el legislador bajacaliforniano sostuvo, además, que la operación de esos servicios sin registro ni certificaciones representa el riesgo de infiltración de la delincuencia.

“Hay investigaciones de procuradurías sobre elementos que estuvieron participando como seguridad privada y que están vinculados con averiguaciones penales”, dijo.

Ramos informó que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados trabaja ya en una legislación única en materia de seguridad privada, pues actualmente cada municipio define su propia normatividad para regular dichos servicios y cada estado tiene su propia ley al respecto.

Incluso, el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó en su sesión del pasado 30 de agosto conformar un grupo de trabajo con las entidades federativas para homologar la operación y funcionamiento del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.

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De igual forma instruyó a elaborar una propuesta de reformas al marco jurídico para armonizar los procesos regulatorios a escala nacional y establecer las bases de coordinación para un registro único, así como las acciones de verificación y certificación del personal y de las empresas e instituciones que ofrecen dichos servicios.

El presidente de la Amesp, Roberto Rivera Mier, señaló que la dispersión de las normas en materia de seguridad privada representa un obstáculo para las empresas autorizadas e inhibe el registro de las irregulares.

“Hoy es más fácil mantenerse en la oscuridad, en la informalidad”, dijo, y llamó al Congreso de la Unión a avanzar hacia una ley nacional para homologar los requisitos y procedimientos para la expedición de los permisos en cualquier entidad.

En tanto, recomendó a los usuarios de los servicios de seguridad privada verificar los permisos de sus proveedores y las certificaciones del personal.

“Suena absurdo, pero yo necesito asegurarme que la empresa que me da seguridad, lo sea; de otra manera, pues probablemente estoy poniendo en riesgo seriamente mi propia seguridad”, alertó.