Ignacio Alzaga/Milenio
MÉXICO, D.F.- Antes de que Elba Esther Gordillo obtuviera un amparo por presuntas deficiencias en la averiguación previa por lavado de dinero, la PGR destacó que su detención representó un “golpe a la delincuencia organizada, toda vez que se logró desarticular una célula criminal de diversos miembros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

En su primer informe de labores —que hizo público esta semana—, la PGR encabezó con la detención de la exlideresa magisterial un listado de “resultados relevantes” en el combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante la actual administración.

Aun cuando el caso ya estaba en manos de un juez, pues contra Gordillo se ejerció acción penal el 23 de febrero de 2013, la procuraduría señaló que esta captura y la de sus presuntos cómplices resultaron relevantes también porque “(…) desviaban y disponían de los recursos del SNTE para un fin distinto al destinado”.

Indicó que con esta aprehensión y la de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y otros, se logró asegurar además “diversos inmuebles, vehículos, obras de arte y menaje valuados en más de 35 millones de pesos”.

Todo ello como parte de la averiguación previa por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En la página 52 del informe se lee: “(…Obteniéndose las órdenes de aprehensión contra dichas personas, quienes se encuentran sujetas a proceso, lo que representó un golpe a la delincuencia organizada, toda vez que se logró desarticular una célula criminal de diversos miembros pertenecientes al SNTE”.

La dependencia colocó como “resultados relevantes” por lavado de dinero junto a Elba Esther los casos del empresario coahuilense Enrique Haro Villarreal, a quien se le involucró en la desaparición del ingeniero de ICA, José Antonio Robledo Fernández, en 2009, y de Alfonso Zamudio Quijada, presunto contador general de Los Zetas.

La PGR entró en un debate con el Poder Judicial luego de que el pasado 24 de septiembre el juez cuarto de distrito de amparo penal, Francisco Javier Sarabia, concedió un amparo a Elba Esther Gordillo y dos coacusados —que no implican la libertad.