Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) arraigó a 6 mil 933 personas durante el gobierno de Felipe Calderón, a las que señaló de presuntamente guardar relación con el crimen organizado.

Entre ellos destacan políticos, servidores públicos de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, personal del Ejército y delincuentes. 

Algunos de los grandes personajes, particularmente ligados a la política y servidores públicos se les consignó, pero tras años de juicio recobraron su libertad por falta de elementos.

Al asumir Enrique Peña Nieto la Presidencia de México, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que encontró, tan solo en dos años, que la institución arraigó a 4 mil personas, pero solo consignó a 200, es decir, 3 mil 800 recuperaron su libertad.

Los datos de las casi 7 mil personas arraigadas está contenida en los informes institucionales de esa dependencia.

De acuerdo con funcionarios de la PGR, más de 90 por ciento de las peticiones de arraigo que se solicitaron a los jueces especializados en la materia se pidieron por un lapso de 40 días, pero cuando estaban a punto de vencer se tramitó la duplicidad del término, para sumar 80.  

Las personas consultadas comentaron que los que “cayeron” en manos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), antes SIEDO, no tuvieron acceso a una justa defensa.

Ya que al inicio de la medida cautelar no se les permitió contar con sus respectivos abogados particulares, sino que se les ofreció uno de oficio, agotando así los tiempos en su contra.

Mientras que los actuarios que trabajan para los juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal muchas veces no podían notificar a los indiciados sobre los trámites que realizaban sus abogados, pues la SEIDO negaba que los detenidos estuvieran bajo su disposición.

Según los datos de la propia PGR, de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007, se encontraban bajo la medida cautelar de arraigo 76 personas, aunque la autoridad judicial concedió el arraigo de 520 sujetos. En 2008 se tramitaron 250 peticiones para 932 personas.

Cabe señalar que el número de arraigos aumentó de 2009 hasta 2012, periodo en que incrementó la violencia de los cárteles del narcotráfico, no solo por la lucha que libraban entre ellos, también contra las fuerzas del orden.

Durante 2009 se autorizaron 343 órdenes de arraigo por el Poder Judicial, concediendo la medida cautelar para mil 404 personas, de las cuales 39 la cumplieron en el Centro de Mando de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Para 2010 se obtuvieron de los jueces 430 órdenes de arraigo para mil 468 personas, las cuales cumplieron la medida en el Centro de Investigaciones Federales de la PGR y en el Centro de Mando de la Secretaria de Seguridad Pública Federal.

En 2011, la PGR realizó 453 trámites para mil 579 personas; mientras que en 2012, el Poder Judicial recibió la petición de 328 órdenes de arraigo para mil 30 individuos.

Hace unos meses, el procurador Jesús Murillo Karam se pronunció por desaparecer esa medida cautelar paulatinamente, la cual ha privado de la libertad tanto a presuntos culpables como a inocentes.