Hasta cirugías plásticas pagó la PGR a 'El Pitufo'

La dependencia gastó 10 millones de pesos en José Salvador Puga Quintanilla, entre tratamientos médicos para transformar su fisonomía.

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José Salvador Puga Quintanilla pesaba 160 kilos, pero los bajó luego de una operación que pagó la PGR. (elimparcial.com)
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Ignacio Alzaga/Milenio
MÉXICO, D.F.- Durante cinco años la Procuraduría General de la República (PGR) gastó alrededor de 10 millones de pesos en sueldo, tratamientos médicos, cirugías plásticas y una operación de by-pass gástrico que sirvió para que el principal testigo protegido del sexenio pasado, El Pitufo, bajara de peso y transformara su fisionomía.

Parte de esas erogaciones constan en facturas a las que MILENIO tuvo acceso y que forman parte de un expediente penal contra José Salvador Puga Quintanilla, quien pasó de informante a prófugo, pues la propia PGR solicitó el 30 de agosto de 2013 orden de aprehensión en su contra en el juzgado décimo de distrito de Naucalpan, Estado de México.

A este sujeto se le acusa del secuestro de un empresario cometido en 2008, de acuerdo con la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDCS/280/2013, que deriva a su vez de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/234/2008, iniciada tras su captura.

El Pitufo fue arrestado en flagrancia en 2008; sin embargo, con el argumento de que tenía información "relevante" del cártel del Golfo y Los Zetas, fue reclutado como testigo por la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Contra la Salud, que dirige Irving Barrios en la extinta Seido.

El Pitufo ingresó al programa de testigos "colaboradores" tras convencer a funcionarios de la PGR de que era compadre de Heriberto Lazcano, El Lazca

Su sobrenombre entonces era El Gordo, debido a que pesaba 160 kilos, pero bajó a la mitad luego de la operación que la PGR cubrió con recursos públicos. Además se le pagaron tratamientos en hospitales privados de alta especialidad, como Corporativo Hospital Satélite y ABC.

Estos gastos se realizaron porque padece hipertensión y diabetes. Sumados a su sueldo mensual de 50 mil pesos, la erogación ronda 10 millones de pesos, de acuerdo con facturas hechas a cargo de la PGR (homoclave PGR850101RC6) con domicilio Paseo de la Reforma 211-213.

A pesar de los antecedentes de Puga Quintanilla, el 29 de octubre de 2008 se firmó el convenio para que fuera testigo colaborador de la dependencia, que fue suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación Silvia Méndez Mendoza, quien estaba bajo las órdenes Irving Barrios cuando la titular de la entonces Seido era Marisela Morales.

Sus declaraciones fueron utilizadas por la PGR para realizar acusaciones de nexos con el narcotráfico —que se derrumbaron en tribunales— contra el general Tomás Ángeles Dauahare, el excomisionado de la Policía Federal Javier Herrera Valles y el exalcalde de Cancún Greg Sánchez, así como en el denominado michoacanazo , entre otros.

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, señaló que la PGR está obligada a investigar a los servidores públicos que dieron el aval para que un delincuente se convirtiera en testigo colaborador.

También advirtió que, con la orden de aprehensión que se solicitó en su contra, hay riesgo de que se "caigan" casos relevantes en los que testificó.

Por ahora José Salvador Puga Quintanilla se le "esfumó" a la PGR. Funcionarios federales admitieron que este hombre "desapareció" y que la Policía Federal Ministerial no ha sido capaz de ejercer acción penal en su contra.

Su ingreso al programa de testigos "colaboradores" en el sexenio calderonista tras convencer a funcionarios de la PGR de que era compadre de Heriberto Lazcano, El Lazca, el líder de Los Zetas .

El caso Jennifer
  • Jennifer es otro testigo utilizado por la PGR, cuyas declaraciones llevaron a prisión al exzar antidrogas Noé Ramírez Mandujano y al general de división Tomás Ángeles Dauahare.
  • El procurador Jesús Murillo Karam dijo el año pasado que la dependencia federal investiga a este testigo protegido, porque así lo solicitó un juez en una de sus sentencias.
  • El nombre real de Jennifer es Roberto López Nájera, quien fue abogado del cártel de Sinaloa hasta que esa banda asesinó a su hermano. Entonces desertó y pidió protección federal.

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