Agencias
MÉXICO, D.F.- En apenas una semana, dos de los casos de más alto perfil contra la corrupción en México se vinieron abajo debido a pruebas débiles o inventadas, lo que reforzó la añeja mala imagen de la Procuraduría General de la República de ser un organismo más enfocado en vendettas o favores políticos que en buscar justicia.

De acuerdo con The Associated Press, dos de los casos contra servidores públicos -un exprocurador antidrogas y un exsubsecretario de Defensa, acusados de vínculos con los cárteles del narcotráfico- fueron desechados en cuestión de días la semana pasada.

En uno de los casos, el juez determinó que los testimonios de los testigos eran falsos, y el otro caso se disolvió porque los fiscales no pudieron encontrar pruebas que apoyaran las acusaciones.

Muchos culparon de los procesos fallidos a funcionarios del gobierno anterior encabezado por el presidente Felipe Calderón, los cuales prepararon los casos.

Los expertos dicen que dichos procesos fallidos son producto de un sistema de justicia dominado por intereses políticos y obstaculizado por un trabajo policial cuestionable y deficiencias de organización. Algunos casos pierden credibilidad porque se considera que constituyen una forma de favores políticos, mientras que otros se ven socavados por investigaciones de mala calidad realizadas bajo el calor del momento.

"Hay una deficiencia en la organización, en la presentación de las investigaciones. Hay fallas técnicas muy serias", dijo Javier Oliva, un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México que estudia defensa y seguridad. "Si la pregunta es `¿por qué se caen los casos?', es porque no tienen soporte jurídico".

El nuevo gobierno de México, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también desechó más calladamente otro caso que surgió durante el gobierno de Calderón.

Un funcionario de la Procuraduría General, que guardó el anonimato porque no está autorizado a hablar públicamente, dijo que él no sabe por qué los fiscales federales decidieron que no tenían jurisdicción en el caso que estaba relacionado con Humberto Moreira, exgobernador del estado de Coahuila y posteriormente jefe nacional del PRI, en cuyo mandato se registró un faltante de 3,000 millones de dólares en fondos públicos.

En un caso se determinó que los testimonios eran falsos, y otro se disolvió porque las pruebas no apoyaban las acusaciones

Las autoridades no habían anunciado anteriormente que los fiscales federales remitieron el caso a fiscales locales en Coahuila, donde el hermano de Moreira es ahora el gobernador, sino que apenas recientemente se dio a conocer luego de que la decisión se tomó a principios de diciembre durante las primeras semanas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El caso de corrupción, que podría resultar embarazoso para el PRI, estaba enfocado en dos personas cercanas a Moreira a las que se les descubrió una riqueza inexplicable, entre ellos el que fuera el tesorero del estado y que ahora es buscado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

En cuanto al retiro de cargos la semana pasada a los dos ex funcionarios de alto rango que participaron en la guerra contra el narcotráfico, encarcelados durante el gobierno de Calderón del conservador Partido Acción Nacional, el gobierno de Peña Nieto ha subrayado que las pruebas en su contra estaban viciadas.

Los hombres, ahora en libertad, afirmaron públicamente que fueron sujetos de una venganza política por parte del gobierno de Calderón y que los rescató el PRI, que el año pasado volvió al poder después de un paréntesis de 12 años.

El gobierno calderonista había afirmado que los casos eran una prueba de la fortaleza de México en la lucha contra la corrupción interna.

El primero en ser puesto en libertad fue el exfiscal antidrogas Noé Ramírez Mandujano, quien fue detenido en 2008 durante una redada interna conocida como "Operación Limpieza", bajo cargos de que recibió 450 mil dólares mensuales en efectivo del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Samuel González, quien se desempeñó en el mismo puesto antidrogas una década antes de Ramírez Mandujano, dijo que el caso contra Ramírez comenzó tras la detención en 2008 de Gerardo Garay, entonces jefe interino de la policía federal del país, por robar dinero de una mansión en la Ciudad de México durante una redada antidrogas.

Según González, el secretario (ministro) de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, jefe y aliado de Garay, presuntamente se indignó por la detención y exigió en represalia que Calderón enjuiciara a alguien del mismo nivel en la Procuraduría General de la República.

"Garcia Luna fue quien exigió a Calderón que se procediera en contra de Noé Ramírez porque había procesado a Garay y exigía que se procesara a alguien del mismo rango", dijo González.

El entonces procurador general Eduardo Medina Mora, ahora embajador de México ante Estados Unidos, no respondió a una solicitud para que expresara sus comentarios al respecto.

Dos días después de que Ramírez fuera puesto en libertad, el general retirado del ejército Tomás Angeles Dauahare también fue liberado después de que la procuraduría le retiró el cargo de corrupción por drogas que pesaba en su contra.

Angeles Dauahare, ex subsecretario (viceministro) de Defensa, dijo a The Associated Press que cree que el caso en su contra tenía móviles políticos. Había criticado abiertamente la estrategia de Calderón de atacar en forma directa a los cárteles del narcotráfico y en mayo participó en un acto de campaña en favor de Peña Nieto, entonces candidato del PRI. Días después de haber sido visto en ese acto de campaña, él y otros altos líderes militares fueron arrestados bajo cargos de ayudar al cártel de los Beltrán Leyva.

El general dijo que la procuraduría "hizo un trabajo muy sucio" al armar su caso.

"Se trató de desbaratar a todas aquellas personas que pensaban diferente", agregó Dauahare, refiriéndose al gobierno de Calderón. "La procuradora (Marisela Morales) fue el instrumento para hacer esto, para materializar esta represalia".

Dauahare dijo también que estudia la posibilidad de presentar una denuncia y tiene interés en regresar a la política.

Algunos consideran que los fiscales se equivocaron al hacer recaer sus acusaciones en gran medida en el testimonio de testigos protegidos, sin verificar en forma independiente si había evidencia adicional.

Tanto Ramírez como Angeles Dauahare fueron arrestados con base en el testimonio de un testigo protegido conocido como "Jennifer", ex socio del cártel de los Beltrán Leyva y actualmente en Estados Unidos, de acuerdo con documentos del juicio.

Los registros del caso de Ramírez obtenidos por la AP dejan entrever que los fiscales introdujeron fechas falsas en las declaraciones de los testigos. Al anunciar su decisión de absolver a Ramírez, el juez dijo que los testimonios de las personas en el programa de testigos protegidos eran poco confiables.

Otro caso de la era de Calderón que concluyó en forma bochornosa fue el de una presunta conspiración para introducir furtivamente a México a uno de los hijos del fallecido ex dictador libio Moamar Gadafi en momentos en que su régimen en la nación africana se venía abajo. La oficina de Calderón había alardeado del "cuidadoso trabajo de inteligencia" que desmanteló el complejo plan en los meses previos a los comicios presidenciales de México en 2012.

La canadiense Cynthia Vanier y la mexicana Gabriela Dávila Huerta, sospechosas en el caso, fueron puestas en libertad la semana pasada después de que tres jueces determinaron que gran parte de la evidencia en contra de ellas fue recabada en forma ilegal y que se violaron sus derechos humanos básicos.