Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, DF.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad del indígena Marcos Arias Pérez, quien fue acusado ilícitamente por la Procuraduría General de la República (PGR) de participar en la matanza de 45 personas en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, en 1997.

Por unanimidad, la primera sala de la Corte determinó que la PGR no solo utilizó pruebas falsas para inculpar a esta persona, sino que también violó sus derechos constitucionales al debido proceso.

A propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, la sala estudió el reconocimiento de inocencia que interpuso Marco Arias, quien fue condenado a 35 años de prisión, luego de ser detenido y acusado en 1997, de los delitos de lesiones y homicidio calificados, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras analizar el asunto, los ministros resolvieron que se actualizaba el reconocimiento de inocencia, ya que después de la sentencia dictada contra el indígena, aparecieron documentos públicos que invalidan las pruebas que sirvieron para culparlo.

El quejoso argumentó que las pruebas usadas en su contra son las mismas que la primera sala de la Corte analizó en diversos juicios, sobre los mismos hechos, y que los ministros determinaron ilícitas.

Desde 2009, la Corte comenzó a estudiar el asunto de las personas acusadas de la matanza en el paraje Acteal, crimen cometido el 22 de diciembre de 1997.

En ese año, la primera sala concedió un amparo liso y llano a nueve chiapanecos, por lo que ordenó su inmediata libertad del penal El Amate, ubicado en Chiapas.

La principal acusación del Ministerio Público federal estuvo basada en una lista aparentemente elaborada por un testigo integrante de la comunidad de Acteal que, habiendo manifestado no saber escribir y no conocer suficientemente el castellano, señaló a más de 100 personas, refiriendo sus nombres completos (con apellido), a lo largo de siete hojas escritas a mano.

Después, dicha persona manifestó que la lista le fue entregada por los policías judiciales, sin que él pudiera reconocer a las personas allí mencionadas.