Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- Luego de un año de entrar en funciones, la Dirección de Atención de Secuestros que depende de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República detuvo a 30 presuntos plagiarios, entre ellos el más sanguinario que operaba en el centro del país y otro que tenía el récord de ordenar 29 privaciones ilegales de la libertad desde la cárcel.

Autoridades que laboran bajo las órdenes del director de la AIC, Tomás Zerón, dijeron a MILENIO que en un año atendieron 323 denuncias en las que se reportaron secuestros "reales", "virtuales", extorsiones y cobros de piso, solo en el Distrito Federal y el Estado de México.

Las acciones permitieron la desarticulación de cinco bandas de secuestradores que llevaban operando entre seis meses y un año.

Actualmente se trabaja para ubicar a cuatro organizaciones criminales más que están relacionadas con 15 secuestros cometidos en los últimos meses en la zona metropolitana del Valle de México.

De las 323 denuncias, especificaron, solo en 40 casos se confirmó la existencia de secuestros "reales", dando inicio a igual número de averiguaciones previas.

Indicaron que el personal de la Dirección de Atención a Secuestro auxilió a las familias de las víctimas en la negociación y manejo de crisis, apoyo que derivó en la liberación de tres personas —a través de operativos realizados por elementos de la AIC— y 37 por negociación.

El resto de las denuncias tienen que ver con secuestros "virtuales", en los que los delincuentes llamaban por teléfono a sus víctimas asegurando que tienen a un familiar cautivo.

En los casos de extorsiones se exigían diversos montos para no hacer daño a las familias, y cobro de piso a negocios, donde desconocidos se hacían pasar por integrantes de cárteles del narcotráfico.

Dejaron claro que a la PGR aún le falta por ejecutar tres órdenes de aprehensión y cuatro de localización y presentación contra personas que se presume estuvieron detrás de algunos de los 40 secuestros y otros ilícitos.

En todos los casos en los que existió captura, los presuntos delincuentes fueron enviados a penales de máxima seguridad, donde enfrentan sus procesos penales por diversos delitos, además del de privación ilegal de la libertad.

Estructura

La dependencia no solo atiende los casos que se presentan en el centro del país, sino que se coordina e intercambia información con la Policía Federal y brinda apoyo a procuradurías de justicia estatales, colaboración que ha derivado en la localización de diversos delincuentes.

Explicaron que la dirección está dividida de la siguiente manera: negociación y manejo de crisis. En esta área se ofrece el apoyo a las familias, quienes "toman las decisiones reales", es decir, determinan si interviene la policía.

Una vez que aceptan que los agentes se encarguen de negociar, los uniformados comienzan a solicitar pruebas de vida, para comprobar que la víctima puede ser rescatada.

También cuenta con área de análisis, donde se realizan los trabajos de inteligencia. El área operativa se encarga de la investigación de campo. Y el área de banco de voces tiene el registro de grabaciones de diversos delincuentes que se dedican a este ilícito.

Además, se coordinan con la Seido, con la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR y tienen acceso a diversas fuentes de información.

Las Unidades Antisecuestro de las procuradurías de justicia a escala estatal han retomado el modelo de esta unidad, así como de la Policía Federal.

De igual manera, la Coordinación Nacional Antisecuestro participa en los trabajos para llevar mejores modelos de operación a las diversas entidades del país.

En Morelos existe una unidad especializada conformada con grupos de apoyo de la PGR, Policía Federal y las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

En septiembre de 2014, la AIC detuvo a Jaime Alejandro Juárez Vargas, quien presuntamente ordenó el secuestro de al menos cuatro personas, entre ellos el de Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela Serrano. A todas sus víctimas las conocía y asesinaba.

En marzo del mismo año, la AIC trasladó a un penal de máxima seguridad a Antonio Sánchez Salgado, El Patrón, quien ordenó, desde prisión, más de 32 secuestros en el Estado de México y en el Distrito Federal.